Salvar el sistema democrático

La independencia del Poder Judicial en nuestro país ha sido un valor esencial, base y fundamento del sistema democrático uruguayo.
Por otra parte, los Derechos Humanos son base y fundamento para el Derecho Internacional, que va más allá de un país porque son reconocidos y han sido adoptados por los 192 estados miembros de la Organización de Naciones Unidas y establece que los crímenes comprendidos que caben dentro del concepto de lesa humanidad, una de las más  graves violación de los Derechos Humanos, son imprescriptibles.
Entre estos dos conceptos esenciales se encuentra en estos momentos el país y tendrá que dirimir una cuestión esencial  para la vida democrática de la nación.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional la ley que eliminó la prescripción de los delitos amparados por la ley de Caducidad, y por lo tanto eliminó la posibilidad de seguir investigando los casos de “desapariciones” forzadas de personas durante la dictadura militar y de sus familiares de conocer la verdad y acceder a la reparación que corresponde, fue el detonante de una situación que se venía deteriorando entre la SCJ y los dos poderes del actual gobierno nacional.
La alta comisionado de la ONU en Derechos Humanos ha hecho saber de su preocupación por esta determinación de la SCJ, que teme – según señaló – que dé paso nuevamente a la impunidad que rodeó a los crímenes de la dictadura.
El fallo de la SCJ significa que ya no se podrá seguir investigando y por ende no habrá nuevos procesamientos por este tema.
En medio de la situación Uruguay tendrá que dirimir el asunto. Un tema que por otra parte ha sido plebiscitado, primero a la sombra de la dictadura (1989), y luego ratificado mediante otro plebiscito que no alcanzó la mayoría requerida para derogar la conocida como “Ley de Caducidad” (2009). El último episodio, antes de la reciente determinación de la SCJ, fue el restablecimiento de la posibilidad de investigar y juzgar los delitos de terrorismo de Estado, declarados de “lesa humanidad” y por lo tanto imprescriptibles.
Precisamente esta determinación del parlamento uruguayo, que data del 2011, es la que deja sin efecto el reciente fallo de la SCJ y tendría como efecto, la caída de todos los fallos de la Justicia desde el 2011 en adelante por esta causa.
Más allá de lo delicado de la cuestión, es de esperar que el sistema democrático salga fortalecido de esta disyuntiva, porque no es un buen antecedente en esta materia la intromisión del poder político en las decisiones de la Justicia y tampoco lo es la violación de los compromisos internacionales que ha asumido el país, en materia de Derechos Humanos.
El pueblo estará expectante y obviamente haciendo votos para que las decisiones que se adopten sean justas y ajustadas a Derecho.
Alberto Rodríguez Díaz

La independencia del Poder Judicial en nuestro país ha sido un valor esencial, base y fundamento del sistema democrático uruguayo.

Por otra parte, los Derechos Humanos son base y fundamento para el Derecho Internacional, que va más allá de un país porque son reconocidos y han sido adoptados por los 192 estados miembros de la Organización de Naciones Unidas y establece que los crímenes comprendidos que caben dentro del concepto de lesa humanidad, una de las más  graves violación de los Derechos Humanos, son imprescriptibles.

Entre estos dos conceptos esenciales se encuentra en estos momentos el país y tendrá que dirimir una cuestión esencial  para la vida democrática de la nación.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional la ley que eliminó la prescripción de los delitos amparados por la ley de Caducidad, y por lo tanto eliminó la posibilidad de seguir investigando los casos de “desapariciones” forzadas de personas durante la dictadura militar y de sus familiares de conocer la verdad y acceder a la reparación que corresponde, fue el detonante de una situación que se venía deteriorando entre la SCJ y los dos poderes del actual gobierno nacional.

La alta comisionado de la ONU en Derechos Humanos ha hecho saber de su preocupación por esta determinación de la SCJ, que teme – según señaló – que dé paso nuevamente a la impunidad que rodeó a los crímenes de la dictadura.

El fallo de la SCJ significa que ya no se podrá seguir investigando y por ende no habrá nuevos procesamientos por este tema.

En medio de la situación Uruguay tendrá que dirimir el asunto. Un tema que por otra parte ha sido plebiscitado, primero a la sombra de la dictadura (1989), y luego ratificado mediante otro plebiscito que no alcanzó la mayoría requerida para derogar la conocida como “Ley de Caducidad” (2009). El último episodio, antes de la reciente determinación de la SCJ, fue el restablecimiento de la posibilidad de investigar y juzgar los delitos de terrorismo de Estado, declarados de “lesa humanidad” y por lo tanto imprescriptibles.

Precisamente esta determinación del parlamento uruguayo, que data del 2011, es la que deja sin efecto el reciente fallo de la SCJ y tendría como efecto, la caída de todos los fallos de la Justicia desde el 2011 en adelante por esta causa.

Más allá de lo delicado de la cuestión, es de esperar que el sistema democrático salga fortalecido de esta disyuntiva, porque no es un buen antecedente en esta materia la intromisión del poder político en las decisiones de la Justicia y tampoco lo es la violación de los compromisos internacionales que ha asumido el país, en materia de Derechos Humanos.

El pueblo estará expectante y obviamente haciendo votos para que las decisiones que se adopten sean justas y ajustadas a Derecho.

Alberto Rodríguez Díaz







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