Todos iguales ante la ley

Días atrás en estas columnas nos ocupábamos de los fueros parlamentarios y sosteníamos nuestra convicción de que los mismos se deberían eliminar, para todos aquellos casos en que un legislador sea acusado de un delito común y limitado, mantenido o a lo sumo restringido, cuando se trate de acusaciones por opiniones, por ideología.
Gente que recuerda los años “negros” para la democracia uruguaya nos ha hecho ver cuán peligroso ha sido el “desafuero” en el caso de las dictaduras porque se usó para perseguir a quien o quienes pensaban distinto. Lo sabemos y lo tuvimos en cuenta, de allí nuestra postura de que hay que ser muy cuidadosos en estos casos porque cuando se trata de supuestos delitos de opinión, es necesario que la ley y la Constitución de la República sigan rigiendo y protegiendo como lo establece su artículo 29, a la libertad de expresión de los uruguayos.
Ahora bien, es buena cosa que también como lo establece la Constitución de la República, “todos seamos iguales ante la ley”. Si alguien que tiene la potestad de participar en la redacción de las leyes, queda “exonerado” de su alcance mientras ocupa la banca, la cuestión se presta para el manejo y las arbitrariedades.
Nos consta que en los hechos los legisladores en los últimos años, no se han protegido en esta impunidad, pero de todas formas se pidió el levantamiento de los fueros a 23 parlamentarios, de los cuales sólo se concedió en dos ocasiones, al diputado colorado Carlos Signorelli (de Artigas) y al nacionalista Wilson Esquerra, en este caso un autopedido al ser requerido por la Justicia debido a haber protagonizado un accidente de tránsito estando alcoholizado.
De todas formas, tratándose de delitos comunes entendemos que no deben tener la posibilidad de “refugiarse” en los fueros parlamentarios, sino de someterse a la Justicia como cualquier hijo de vecino.
Es por lo tanto, cuestión de asumir que por justicia precisamente los legisladores deberían ser los primeros en demostrar la justicia de las leyes que ellos mismos aprueban para regir a todos los habitantes del país.
Por lo tanto salvo en los casos puntuales de persecución ideológica, en los demás casos deberían ser los primeros interesados en someterse a la Justicia, porque no se puede pedir orden y responsabilidad a los conciudadanos, si quien lo pide y ha decidido las normas para que así sea, es el primero en evadirlas.
A.R.D.







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