Un desafío a resolver

Finalmente el gobierno nacional ha entendido que es imprescindible la devolución del excedente a quienes han pagado más de lo que le corresponde al Fondo Nacional de la Salud – FONASA.
Desde que se comenzó a hablar de la posibilidad de suprimir esta devolución, en estas columnas dijimos que era y es inadmisible. Hasta el más ambicioso bolichero de un barrio, si se equivoca en el precio cobrado a un cliente, esto es, si le cobra de más, como en este caso ha sido el propio Estado, está obligado a devolver este dinero.
Por lo tanto, quienes manejaron la posibilidad de quedarse con este excedente, lo que proponían era meterle la mano en el bolsillo a los uruguayos, por no decir lisa y llanamente robarles el dinero que les ha cobrado en exceso.
No se puede establecer un porcentual de un impuesto o similar y luego cobrar más, para quedarse con el excedente. Es absurdo. Hablaría muy mal del sistema.
Felizmente el gobierno nacional así lo ha asumido también y ahora busca otras alternativas para tratar de reunir un dinero “extra” que le permita financiar planes sociales ya anunciados.
Si bien la recaudación del FONASA ha puesto de manifiesto una situación de gran inequidad, tanto es así que el propio gobierno ha revelado que el año anterior hubo devoluciones que llegaron a los ¡50 mil dólares!, Ni siquiera esta situación justifica que se pretenda evitar la devolución de lo que ya se ha pagado.
El tema impositivo es de por si complejo, pero nada peor ni más injusto que tratar de establecer un impuesto retroactivo. Nadie puede pretender cobrar, sobre todo a los trabajadores, un impuesto con retroactividad, cuando éstos en su gran mayoría tratan de manejarse de acuerdo al salario que reciben y a cuanto dinero les corresponda.
Seguramente que hay situaciones injustificables. Por mejor argumento que se pretenda impulsar, en un país donde el sueldo mínimo no llega a los 8.000 pesos (algo así como 390 dólares al mes), que haya sueldos de 450.000 pesos (22.000 dólares al mes, casi el doble del sueldo del presidente de la República) es absolutamente injusto, aún cuando se trate de las mayores eminencias o del propio Presidente, cuyo sueldo dicho sea de paso es de 12.500 dólares y en este caso por decisión propia, es donado en un 90 por ciento a proyectos sociales).
Por estos días escuchamos un reproche desde la oposición, en el que se repite que es sabido que en este país “paga más el que trabaja más”, esto lleva a pensar que la salida que se está manejando, de gravar mayormente a través del IRPF a quien gana más, será acompañada por este sector de la vida política uruguaya, aunque tenemos nuestras dudas que así sea.

Alberto Rodríguez Díaz







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