Un poco de sentido común

El paro anunciado por las estaciones de servicio para lunes y martes próximos, días en que han decidido no despachar combustibles, ha causado cierto “revuelo” a determinado nivel.
Las manifestaciones dela Ministra de Industria y Energía, Carolina Cosse, publicada en “El Observador”, sosteniendo que el Poder Ejecutivo no descartaría la posibilidad de descartar la esencialidad para evitar el paro, nos suena más a una reacción impulsiva, con rasgos de amenaza, que al deseo de analizar, de dialogar la situación y ponerle sentido común a la cuestión.
La ministra, según la nota aludida, afirma que el nuevo sistema es fruto de varios meses de estudio por parte de diversas instituciones públicas y esencialmente habrá de favorecer a las pequeñas empresas del rubro.
Teóricamente puede compartirse esta visión, pero sin embargo esta afirmación choca con la realidad de que las pequeñas empresas que conocemos están absolutamente en desacuerdo con algunos aspectos de las nuevas medidas que no les son favorables precisamente.
De acuerdo a lo que sabemos el tema está entre lo que se ha determinado entre ANCAP y los distribuidores y entre éstos y las estaciones de servicio. Vale decir es una cuestión netamente comercial, entre el Estado que maneja el tema de la importación y producción de los combustibles, las empresas distribuidoras y finalmente las estaciones de servicio que los expenden al público.
De acuerdo a lo que manifiestan éstas, se da una situación totalmente ilógica. Vale decir el Estado fija el precio máximo al que puede venderse al público el combustible, pero no fija nada con respecto al precio que pueden venderlo los distribuidores, con lo cual se deja a las estaciones “acogotadas” por el precio de venta al público y a expensas de tener que pagar sí o sí, lo que les cobren los distribuidores.
Así planteadas las cosas parece totalmente ilógico.
Se supone que el precio de venta de los combustibles de parte del Estado a las distribuidoras es fruto de un acuerdo, de una negociación, en la que falta una pata, porque en realidad si se acuerda un mayor porcentaje al que se venía aplicando, éste termina pagándolo el estacionero, dado que significa una reducción de su ganancia, que no puede compensar con el precio de venta al público.
Así las cosas, la situación no parece responder al sentido común y alguien ó todos los sectores involucrados tendrán que avenirse a negociar para obtener la mejor fórmula, pero no bajo amenazas o tratando de que la opinión pública crea que el o los otros son “los malos de la película”….







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