Un temor fundado

Dentro del alcance que tememos pudiera tomar el desconocimiento de la voluntad popular mediante alguna ley interpretativa o similar, se incluyen otras decisiones soberanas, que con el mismo criterio podrían ser igualmente desconocidas o desdibujadas.

Hablamos por ejemplo, del pronunciamiento que impidió la asociación de las empresas públicas, como UTE, OSE y ANTEL con empresas privadas.

Aunque en ese campo hay que saber que mediante las tercerizaciones, de alguna manera ya se ha frustrado la intención de la ley.

También de la decisión soberana que determinó que el agua es un recurso de todos los uruguayos y por lo tanto impidió su exportación y venta bajo cualquier forma, además de establecer estrictas normas para su manejo.

Si una ley interpretativa modificara esta decisión, podría dejar la puerta abierta para la venta de un producto que hoy tiene un gran mercado en el mundo y hay países que exportan el agua dulce mediante barcos cisternas.

Hasta el momento a nadie se le ocurriría desconocer la decisión popular que impide vender el agua de nuestro país, porque obviamente que estaríamos ante un grave conflicto.

Sin embargo, no hay ley que prohíba vender predios asentados sobre el acuífero Guaraní. Incluso se ha llegado a vender un centro termal privado, a una sociedad anónima, cuyos propietarios hasta hoy no conocemos y ese enorme caudal de agua termal está en manos privadas, aunque sujeto a las restricciones fijadas por la mayoría de los uruguayos.

Aclaremos que hoy esta posibilidad es absolutamente viable, desde el punto de vista legal, aunque nos deja serios resquemores, porque aún sin poder venderlo, el usufructo de este recurso queda en manos extranjeras.

No se puede ignorar que no es bueno para un país que sus recursos estratégicos estén en manos extranjeras.

Cuando exponemos nuestra posición contraria a la ley interpretativa que de alguna manera anularía la decisión popular que rechazó en dos oportunidades la anulación y derogación de dicha ley, es entre otros motivos, porque compartimos que para un pueblo democrático, no hay orden o mandato más importante que el pronunciamiento popular.

Con el mismo calor que defendimos el derecho del pueblo a elegir su forma de gobierno y sus gobernantes, sean o no los que nos gusten a nosotros, defendemos hoy la vigencia de la decisión popular, aún cuando creemos haber expresado con claridad que no nos gusta para nada la denominada Ley de caducidad de la pretensión Punitiva del Estado, una ley aberrante, cuya vigencia nos deja en el plano internacional como una nación “de segunda” o “tercera categoría”, en lo referente a la defensa de los derechos Humanos.

¡Que conste!.