Una exigente autorregulación es la mejor forma de control

Por estos días se ha replanteado a nivel estatal la intención de establecer determinados parámetros para limitar o encasillerar de alguna forma la función periodística.

La causa de esta intención estatal está en lo que se considera algunos excesos o irresponsabilidades, que aparentemente no están debidamente previstos en la Constitución de la República ni en la Ley de Prensa y por lo tanto el gobierno nacional entiende que debe procederse a establecer otras limitaciones específicas.

Los medios de comunicación masiva son reacios a las limitaciones, que suelen constituir censuras y terminan por atrofiar o mutilar la libre expresión del pensamiento.

En realidad, aunque nadie lo reconozca específicamente lo que hay detrás del tema es el poder mismo. Hoy se reconoce cada vez más la enorme incidencia que tiene la información y demás formas periodísticas, como la interpretación y la opinión, sobre la opinión pública.

La información es poder y por lo tanto los grandes medios de comunicación son capaces de “poner o sacar” un gobierno y esto no es virtual, sino realidad.

Si miramos sólo en los vecinos más cercanos notaremos que esta lucha se da permanentemente. Desde Argentina con el enfrentamiento del gobierno con el poderoso grupo Clarín a Brasil, donde la investigación del “mensalao” (o mensualidad que recibían algunos legisladores de la oposición  para apoyar iniciativas del anterior gobierno) también denominado “el juicio del siglo”, debido a la cantidad de gente y de “poderosos” que involucra este caso de corrupción, se lo está tratando de apuntar hacia el anterior presidente “Lula” da Silva, que hoy surge como el más firme pretendiente del poder en las próximas elecciones.

No es de extrañar por lo tanto que se trate de limitar algunos aspectos. Es más, creemos que es razonable que existan algunas limitaciones. Ahora bien, en nuestro país, tanto la Ley de Prensa y la Constitución de la República mismo, establecen lo que para nosotros son limitaciones razonables y hasta en alguna medida exageradas.

Compartimos la necesidad de que haya una comunicación, seria, responsable y sometida a las condiciones que permitan resguardar los derechos del ciudadano de toda mala intención, infamia o calumnia maliciosa.

Ahora bien, ¿Cuál es el mejor camino para lograr estas condiciones?.

Por lo pronto, compartimos la posición de CAinfo, la Asociación de la Prensa del Uruguay y otros organismos de Derechos Humanos, que entienden que es el camino de la autorregulación, es decir un código de ética estipulado y manejado por estas mismas instituciones, además de representantes de los consumidores, que sea capaz de asegurar un periodismo honesto, ético y de calidad.

Existe ya en muchos países y sus decisiones, son tanto o más temidas por los periodistas, porque un fallo adverso puede tener para el periodista, en el ejercicio de su labor, consecuencias más negativas aún que una condena judicial.

Alberto Rodríguez Díaz