Una lucha compartida

La empresa Philip Morris presentó en febrero de 2010 un reclamo contra el Estado uruguayo con el argumento de que medidas sanitarias aprobadas durante el Gobierno del expresidente Tabaré Vázquez violan sus derechos comerciales en base a un acuerdo de inversiones entre Uruguay y Suiza, donde la tabacalera tiene su sede.
Vázquez, oncólogo de profesión, inició en su administración una lucha contra el consumo de tabaco que incluyó una normativa para que las advertencias sanitarias ocupasen el 80% de las superficies de los paquetes de cigarrillos y además prohibió la promoción de productos como “suaves” “light” o similares.
También se prohibió el consumo de cigarrillos en oficinas, bares, restaurantes y lugares cerrados.
Según un estudio privado, entre 2005 y 2011 el consumo de tabaco en Uruguay disminuyó 23%, aunque donde más se lo ve aún hoy es en las generaciones jóvenes y eso sigue siendo preocupante.
Hoy, el amplio respaldo recibido por Tabaré Vázquez en la primera vuelta de las elecciones nacionales, indican entre otras cosas que la mayoría de la población uruguaya comparte lo actuado por Vázquez, incluso su política antitabaco.
Es que salvo algunos fumadores irredimibles, no creemos que haya otro uruguayo que se oponga a la política que limpió de humo de tabaco las oficinas públicas y otros ambientes compartidos.
La demanda multimillonaria presentada por la multinacional no ha amedrentado a nuestro país y es de esperar que los organismos internacionales reconozcan asimismo el derecho de los uruguayos a tener el ambiente que queremos en los lugares públicos y sitios compartidos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de ofrecer el respaldo a Uruguay ante la demanda de la multinacional. En la misma línea se había manifestado ya la Organización Panamericana de la Salud.
Hoy, nadie puede negar que muchos uruguayos que han dejado de fumar tienen una expectativa de vida más larga, pero esencialmente una mejor calidad de vida.
Este es – a nuestro juicio – un derecho innegable y muy altruista esgrimido por un gobernante. Es decir, que su pueblo viva más y mejor debería ser una premisa  acariciada por cualquier gobernante.

La empresa Philip Morris presentó en febrero de 2010 un reclamo contra el Estado uruguayo con el argumento de que medidas sanitarias aprobadas durante el Gobierno del expresidente Tabaré Vázquez violan sus derechos comerciales en base a un acuerdo de inversiones entre Uruguay y Suiza, donde la tabacalera tiene su sede.

Vázquez, oncólogo de profesión, inició en su administración una lucha contra el consumo de tabaco que incluyó una normativa para que las advertencias sanitarias ocupasen el 80% de las superficies de los paquetes de cigarrillos y además prohibió la promoción de productos como “suaves” “light” o similares.

También se prohibió el consumo de cigarrillos en oficinas, bares, restaurantes y lugares cerrados.

Según un estudio privado, entre 2005 y 2011 el consumo de tabaco en Uruguay disminuyó 23%, aunque donde más se lo ve aún hoy es en las generaciones jóvenes y eso sigue siendo preocupante.

Hoy, el amplio respaldo recibido por Tabaré Vázquez en la primera vuelta de las elecciones nacionales, indican entre otras cosas que la mayoría de la población uruguaya comparte lo actuado por Vázquez, incluso su política antitabaco.

Es que salvo algunos fumadores irredimibles, no creemos que haya otro uruguayo que se oponga a la política que limpió de humo de tabaco las oficinas públicas y otros ambientes compartidos.

La demanda multimillonaria presentada por la multinacional no ha amedrentado a nuestro país y es de esperar que los organismos internacionales reconozcan asimismo el derecho de los uruguayos a tener el ambiente que queremos en los lugares públicos y sitios compartidos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de ofrecer el respaldo a Uruguay ante la demanda de la multinacional. En la misma línea se había manifestado ya la Organización Panamericana de la Salud.

Hoy, nadie puede negar que muchos uruguayos que han dejado de fumar tienen una expectativa de vida más larga, pero esencialmente una mejor calidad de vida.

Este es – a nuestro juicio – un derecho innegable y muy altruista esgrimido por un gobernante. Es decir, que su pueblo viva más y mejor debería ser una premisa  acariciada por cualquier gobernante.