Una muy mala señal

Las acusaciones que se vienen cruzando entre la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio del Interior y el Ministerio Público (Fiscalía), sobre los motivos por los cuales el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), no ha logrado convencer en cuanto a eficiencia, es una muy mala señal.
Se supone que las tres instituciones mencionadas tendrían que trabajar juntas y unidas en el combate del delito. Sin embargo la impresión que se deja es todo lo contrario, cada uno intentando despojarse de responsabilidad e inculpando a otro.
Estamos seguros que cada caso ha sido diferente y cualquiera de los tres organismos puede tener responsabilidad, según sea el caso, pero de trabajar en forma armónica y complementaria, estos defectos deberían de sortearse y permitir que la Justicia salga airosa.
A nivel público al menos la impresión que queda es que no hay coincidencia alguna entre dichos organismos y por lo tanto quien sale beneficiado de estas situaciones es precisamente quien debería de ser juzgado con el máximo rigor, de acuerdo a lo que indique la ley, por haber delinquido.
Admitimos nuestros escasos conocimientos en la materia y sólo nos manejamos con los elementos que trascienden a la opinión pública y lo que sostiene cada una de las fuentes involucradas en el tema.
Es así que hemos oído acusaciones desde el Ministerio del Interior a fiscales; a estos sosteniendo que han obrado tal como lo exige el CPP, e incluso a ministros de la Suprema Corte, saliendo al cruce de acusaciones y sosteniendo que siempre ha obrado debidamente, en tiempo y forma.
Es difícil saber si alguien ha obrado permanentemente con negligencia o irresponsabilidad. Creemos que puede haber algún caso excepcional y como toda acción humana, también cometerse errores, pero no creemos que sea de exprofeso o en todos los casos.
Aclarada esta posición, digamos que hay aspectos que entendemos absolutamente errados, para señalar sólo uno de ellos, que no sabemos exactamente a quién corresponde, pero días atrás, al referirse a uno de los dos delincuentes capturados tras una balacera con la Policía, hecho en el cual incluso se incautaron armas de fuego, la versión informaba que uno de ellos había sido condenado a dos años de prisión tras un “acuerdo”, suponemos que con los abogados defensores.
Lo que nos parece totalmente equivocado es referirse a este fallo como un “acuerdo” con el delincuente. ¿Desde cuándo se “consulta” a un delincuente para saber si está de acuerdo o no con la pena que se le impondrá? No se trata de desconocer derechos, pero personalmente entendemos que cada quien en lo suyo y un juez debe juzgar y penar, de acuerdo a lo que corresponde según la ley y no consultar o “acordar”.
¿Se entiende verdad?
Alberto Rodríguez Díaz







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