Una omisión inadmisible

Siempre tuvimos claro que gobernar no es lo mismo que cuestionar las decisiones desde “el otro lado del mostrador”. Vale decir que es fácil cuestionar y criticar, pero lo difícil es hacer. La cuestión es saber diferenciar entre una y otra cosa.
Muchas veces en estas columnas denunciamos un hecho que siempre supimos era antipopular, pero no por ello dejaba de ser absolutamente justo, la desafectación de las instalaciones permanentes en lugares públicos que no sólo afectan la costa, sino que lo peor de todo es una usurpación.
Hoy vemos y así lo hemos reconocido, que se ha avanzado en el desalojo y la recuperación de los espacios públicos, aunque queda bastante por hacer, debido a que hay espacios que siguen estando en una especie de “limbo”, por tratarse de espacios privados o bien se hallan en una situación que no es ni lo uno ni lo otro y así siguen. Hablamos de La Vasca y algunos más, que siguen constituyendo verdaderos “cementerios” de chatarra, inutilizando hermosos predios costeros.
En esta línea siempre mantuvimos el reclamo por la costa del Río Uruguay, la que desde la desembocadura del arroyo San Antonio, hasta la desembocadura del Río Daymán, donde pescadores y gente amante de pasar los fines de semana y algunos otros días o noches en la costa la han “privatizado”.
La cuestión es sencilla. Se trata de lugares públicos, vale decir que pertenecen a toda la población. Esto está debidamente establecido y reglamentado, pero el libertinaje que reinó durante algunos años, sin que hubiera existido ningún control en este sentido, posibilitó que las instalaciones permanentes “florecieran” y se adueñaran de estos lugares.
El origen de este problema habría que buscarlo en el amiguismo y la politiquería, por no hablar de alguna otra cosa. La misma que ambientó la aparición de tantas ocupaciones y asentamientos.
Pasaron varios gobiernos departamentales sin que nadie se haya animado a hacer lo que corresponde, vale decir a recuperar para todos estos paseos públicos y tampoco nadie ha dado explicaciones.
Lo primero a entender en este aspecto es que los bienes públicos no deben ser apropiados por nadie, por la sencilla razón de que son precisamente de todos y su uso no puede ser restringido, salvo esporádicamente con la debida autorización y nunca en forma permanente. Todo el que allí se instale debe saber a que atenerse.
Asimismo, la autoridad responsable, sea Prefectura, Intendencia o Policía debe saber que si no lo hace, con o sin orden judicial, estará en omisión.
Insistiremos en el tema.
A.R.D.