Una opción difícil, pero muy clara

El magistrado -salteño él – Homero Da Costa Porto, lamentó que una investigación que llevaba ya dos años en nuestro país, apuntando a desbaratar la delincuencia que hay detrás de las barras bravas del fútbol, las que aparecen involucradas en tráfico de armas, drogas y otros delitos, se ha visto de pronto frustrada, según el Dr. Da Costa Porto, por la filtración de información a un medio de comunicación masiva (El Observador), que de acuerdo al magistrado compromete el éxito del  trabajo que se venía haciendo, cuando aún había muchas puntas para seguir investigando.
El hecho trae al tapete un par de cuestiones, que se reducen al compromiso de los medios con  su público y a la responsabilidad social de los medios.
Vale decir que la disyuntiva en estos casos es, ¿se debe de publicar la información que se tiene, aún a sabiendas que se puede comprometer una investigación, anteponiendo el derecho del lector a estar informado, o se debe priorizar el interés social, procurando un “pacto” de silencio hasta que las autoridades entiendan que la publicación de la información ya no compromete la operación?
Como nos comprende las generales de la  ley, vamos a exponer nuestra posición, porque en más de una ocasión hemos tenido que optar en este sentido.
Asumiendo que es un tema que divide a los lectores y muchas veces no hay forma de conciliar las posiciones, en lo personal optamos por informar, por defender el derecho del lector a saber qué es lo que está pasando.
No ignoramos que en esta situación muchas veces se corre el riesgo de ser usado, es decir, de que los propios involucrados o investigados hagan trascender el tema,  para alertar a gente cuyas declaraciones podrían comprometerlos a ellos.
De todas formas,  hay que tener claro que el periodista no es policía, que su rol es otro y por lo tanto no está obligado a guardar secreto de nada, basta con que lo que esté informando sea veraz.
Si las consecuencias son negativas para la sociedad,  no  será su culpa, porque en todo caso habría que determinar por dónde se  filtró, aunque nunca tratando de que el periodista revele sus fuentes.
Lamentablemente una  investigación de tan largo tiempo difícilmente se mantiene en reserva, debido a que involucra cada vez más gente y basta que alguien “se distraiga” para que llegue a los medios.
Que quede claro, para nosotros no se debería apuntar contra el mensajero. No importa quién lo haya publicado, sino en todo caso, quién “lo chifló” y con que intenciones. Allí está la cuestión.

El magistrado -salteño él – Homero Da Costa Porto, lamentó que una investigación que llevaba ya dos años en nuestro país, apuntando a desbaratar la delincuencia que hay detrás de las barras bravas del fútbol, las que aparecen involucradas en tráfico de armas, drogas y otros delitos, se ha visto de pronto frustrada, según el Dr. Da Costa Porto, por la filtración de información a un medio de comunicación masiva (El Observador), que de acuerdo al magistrado compromete el éxito del  trabajo que se venía haciendo, cuando aún había muchas puntas para seguir investigando.

El hecho trae al tapete un par de cuestiones, que se reducen al compromiso de los medios con  su público y a la responsabilidad social de los medios.

Vale decir que la disyuntiva en estos casos es, ¿se debe de publicar la información que se tiene, aún a sabiendas que se puede comprometer una investigación, anteponiendo el derecho del lector a estar informado, o se debe priorizar el interés social, procurando un “pacto” de silencio hasta que las autoridades entiendan que la publicación de la información ya no compromete la operación?

Como nos comprende las generales de la  ley, vamos a exponer nuestra posición, porque en más de una ocasión hemos tenido que optar en este sentido.

Asumiendo que es un tema que divide a los lectores y muchas veces no hay forma de conciliar las posiciones, en lo personal optamos por informar, por defender el derecho del lector a saber qué es lo que está pasando.

No ignoramos que en esta situación muchas veces se corre el riesgo de ser usado, es decir, de que los propios involucrados o investigados hagan trascender el tema,  para alertar a gente cuyas declaraciones podrían comprometerlos a ellos.

De todas formas,  hay que tener claro que el periodista no es policía, que su rol es otro y por lo tanto no está obligado a guardar secreto de nada, basta con que lo que esté informando sea veraz.

Si las consecuencias son negativas para la sociedad,  no  será su culpa, porque en todo caso habría que determinar por dónde se  filtró, aunque nunca tratando de que el periodista revele sus fuentes.

Lamentablemente una  investigación de tan largo tiempo difícilmente se mantiene en reserva, debido a que involucra cada vez más gente y basta que alguien “se distraiga” para que llegue a los medios.

Que quede claro, para nosotros no se debería apuntar contra el mensajero. No importa quién lo haya publicado, sino en todo caso, quién “lo chifló” y con que intenciones. Allí está la cuestión.