Una presión inadmisible

Varias convocatorias de la Justicia a periodistas compatriotas en los últimos días motivaron una reunión urgente de directivos de la Asociación de la  Prensa del Uruguay (APU) y los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
En relación al tema, la posición de la Justicia es harto cuestionable. Según lo que hemos leído en la reunión de la Suprema Corte de Justicia con dirigentes de la Asociación Uruguaya de la Prensa (APU), los ministros de la SCJ sostuvieron que la convocatoria a los periodistas es hecha por los abogados defensores y los jueces se limitan “a tramitarla”.
Entendemos que el rol de los jueces llega mucho más allá de esto. En todos los  casos tiene que ver con los argumentos con los cuales se pide una medida, debe determinar si considera que éstos son válidos o no.
Convocar a un  periodista para que éste revele su fuente, en temas que no están amparados por la ley, no es de recibo  y por lo tanto no debería ser “sencillamente avalado”, porque puede llegarse al cargo que el ejercicio del derecho del periodista sea tomado como un desacato, con consecuencias penales.
La presión al periodista fue una medida habitual durante los años de dictadura, pero no en el marco del sistema democrático, porque aún cuando el derecho a reservar sus fuentes, que tiene el periodista, sea finalmente respetado, la sola convocatoria judicial supone una presión inadmisible para el periodista.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala expresamente en su Declaración de Principios de Libertad de Expresión  que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
El mismo texto subraya que todas las “presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.
De considerarse que la información aportada es falsa, que el periodista ha incurrido en el delito de difamación, son otros los caminos a recorrer, establecidos en la Ley de Prensa (16.099), pero la reserva de las fuentes es un derecho que asiste al periodista, salvo cuando se pruebe fehacientemente que está en juego la seguridad del propio Estado. Precisamente mediante este derecho el periodismo nacional ha aportado bastante a investigaciones, sobre todo en caso de Derechos Humanos, relacionados a la desaparición forzada de personas durante la dictadura.
Resulta importante que la sociedad toda cierre filas en defensa de este derecho, porque en caso contrario se estará horadando una herramienta esencial para la investigación de los casos más delicados.

Varias convocatorias de la Justicia a periodistas compatriotas en los últimos días motivaron una reunión urgente de directivos de la Asociación de la  Prensa del Uruguay (APU) y los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

En relación al tema, la posición de la Justicia es harto cuestionable. Según lo que hemos leído en la reunión de la Suprema Corte de Justicia con dirigentes de la Asociación Uruguaya de la Prensa (APU), los ministros de la SCJ sostuvieron que la convocatoria a los periodistas es hecha por los abogados defensores y los jueces se limitan “a tramitarla”.

Entendemos que el rol de los jueces llega mucho más allá de esto. En todos los  casos tiene que ver con los argumentos con los cuales se pide una medida, debe determinar si considera que éstos son válidos o no.

Convocar a un  periodista para que éste revele su fuente, en temas que no están amparados por la ley, no es de recibo  y por lo tanto no debería ser “sencillamente avalado”, porque puede llegarse al cargo que el ejercicio del derecho del periodista sea tomado como un desacato, con consecuencias penales.

La presión al periodista fue una medida habitual durante los años de dictadura, pero no en el marco del sistema democrático, porque aún cuando el derecho a reservar sus fuentes, que tiene el periodista, sea finalmente respetado, la sola convocatoria judicial supone una presión inadmisible para el periodista.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala expresamente en su Declaración de Principios de Libertad de Expresión  que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

El mismo texto subraya que todas las “presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.

De considerarse que la información aportada es falsa, que el periodista ha incurrido en el delito de difamación, son otros los caminos a recorrer, establecidos en la Ley de Prensa (16.099), pero la reserva de las fuentes es un derecho que asiste al periodista, salvo cuando se pruebe fehacientemente que está en juego la seguridad del propio Estado. Precisamente mediante este derecho el periodismo nacional ha aportado bastante a investigaciones, sobre todo en caso de Derechos Humanos, relacionados a la desaparición forzada de personas durante la dictadura.

Resulta importante que la sociedad toda cierre filas en defensa de este derecho, porque en caso contrario se estará horadando una herramienta esencial para la investigación de los casos más delicados.







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