AL RESCATE DE LO PERDIDO

Estimados lectores. Nos acercamos al acto eleccionario, y con él, a la consulta popular en el que los Uruguayos deberemos decidir si apoyamos la propuesta realizada a favor de bajar la edad de imputabilidad de los menores mal llamados infractores, cuando en realidad cometen delitos, no infracciones; o sostenemos el actual sistema, que ha demostrado hasta el hartazgo, su ineptitud y pésimos resultados en la prevención y muchísimo más, en la rehabilitación de los jóvenes involucrados en la problemática.
La distorsión mal intencionada de ciertos sectores políticos y sociales, han provocado que no se permita ver la esencia de la propuesta, dejando caer al tema en un vacío de hastío y desorientación, que tozudamente no entiende la imperiosa necesidad de tomar cartas en el asunto de cara al futuro.
Cuando el Partido Colorado propuso a la ciudadanía llevar adelante una reforma constitucional estableciéndose en la misma las pautas esenciales para frenar el flagelo de la delincuencia juvenil, no sólo con el indudable reproche penal que la justicia debe de realizar a través de una pena acorde al delito cometido, sino también con herramientas de salvación para aquellos adolescentes que por tal o cual motivo delinquen; salió al cruce el nefasto radicalismo cuya consigna esgrime el criterio de que se estigmatiza a la juventud, siendo escasos o nulos, en contrapartida, los aportes a la solución del dilema; obviamente, hay que socavar a una posible solución, que deja en evidencia los infructuosos y frustrados intentos por combatirlo; reconocerlo, menos.
Se miente descaradamente cuando se sostiene que: se pretende enviar a los jóvenes a la cárcel; se desea aislarlos de la sociedad y someterlos al escarnio público; los propulsores de la reforma son fascistas y represores; se miente, cuando se utilizan recursos públicos para enfrentar a la reforma, con eslóganes publicitarios mal camuflados como: “Ser joven no es delito”, dando a entender que lo contrario, es lo que piensan los reformistas.
Argumentos estériles, son comunes en quienes no saben qué hacer con dinamitas encendidas con las que tienen que lidiar; no han demostrado ni un centímetro de coherencia, siendo los principales fomentadores al desenfreno de ésta, pues obstinadamente ejercen la violencia del “para qué”, y así vemos a muchachos que carecen de orientación hacia el futuro; ni buena educación, ni trabajo digno; sí marihuana y asistencialismo paralizador.
El país precisa de sus futuras generaciones, claras, fuertes, preparadas; no dentro de 20 o 30 años, sino ahora.
Parte de la solución: darles otra oportunidad a los que han perdido el rumbo; quienes cometieron intencionalmente,(pudiendo el Tribunal actuante admitir como eximente o atenuante la ausencia de madurez o discernimiento suficientes): homicidio, rapiña, rapiña con privación de la libertad (copamiento), secuestro, lesiones graves o gravísimas, extorsión y violación; debiendo ser internados en un centro de rehabilitación descentralizado, distinto al Inau, dotándolo de los recursos necesarios para su funcionamiento, bajo un constante y estricto seguimiento en manos de técnicos idóneos; un lugar donde poder aprender un oficio y encarar la vida de otra manera; una instancia donde se les permita comenzar de nuevo y forjarse un futuro mejor; es la manera de velar por sus derechos por parte del Estado. Eso sí, quienes egresen una vez finalizada su rehabilitación, sabrán que sus antecedentes no fueron destruidos y que la justicia los considerará en los procesos penales a los que puedan ser sometidos después de cumplir los 16 años. También, se apuesta a castigar especialmente a quienes valiéndose de la participación de niños y adolescentes, cometen cualquier clase de ilícitos.
Pero no debemos de olvidarnos de la inmensa mayoría de compatriotas, honrados, trabajadores, pacíficos, que día a día ven peligrar a seres queridos y a su integridad física y lo que es peor, la vida, en manos de aquellos; el miedo al que se hallan sometidos y su consecuente pérdida de libertad, merece ser tan protegida, como los derechos de quienes la oprimen.
Creemos que a las soluciones hacen falta buscarlas; el no, por el simple hecho del no, solo se espera de los oportunistas, nunca de la gente responsable.
Mucho hay que trabajar para revertir la situación, pero estamos convencidos que de aprobarse la reforma el próximo 26 de octubre, estaremos dando un gran paso, al rescate de lo perdido.
Estimados lectores.
Nos acercamos al acto eleccionario, y con él, a la consulta popular en el que los Uruguayos deberemos decidir si apoyamos la propuesta realizada a favor de bajar la edad de imputabilidad de los menores mal llamados infractores, cuando en realidad cometen delitos, no infracciones; o sostenemos el actual sistema, que ha demostrado hasta el hartazgo, su ineptitud y pésimos resultados en la prevención y muchísimo más, en la rehabilitación de los jóvenes involucrados en la problemática.
La distorsión mal intencionada de ciertos sectores políticos y sociales, han provocado que no se permita ver la esencia de la propuesta, dejando caer al tema en un vacío de hastío y desorientación, que tozudamente no entiende la imperiosa necesidad de tomar cartas en el asunto de cara al futuro.
Cuando el Partido Colorado propuso a la ciudadanía llevar adelante una reforma constitucional estableciéndose en la misma las pautas esenciales para frenar el flagelo de la delincuencia juvenil, no sólo con el indudable reproche penal que la justicia debe de realizar a través de una pena acorde al delito cometido, sino también con herramientas de salvación para aquellos adolescentes que por tal o cual motivo delinquen; salió al cruce el nefasto radicalismo cuya consigna esgrime el criterio de que se estigmatiza a la juventud, siendo escasos o nulos, en contrapartida, los aportes a la solución del dilema; obviamente, hay que socavar a una posible solución, que deja en evidencia los infructuosos y frustrados intentos por combatirlo; reconocerlo, menos.
Se miente descaradamente cuando se sostiene que: se pretende enviar a los jóvenes a la cárcel; se desea aislarlos de la sociedad y someterlos al escarnio público; los propulsores de la reforma son fascistas y represores; se miente, cuando se utilizan recursos públicos para enfrentar a la reforma, con eslóganes publicitarios mal camuflados como: “Ser joven no es delito”, dando a entender que lo contrario, es lo que piensan los reformistas.
Argumentos estériles, son comunes en quienes no saben qué hacer con dinamitas encendidas con las que tienen que lidiar; no han demostrado ni un centímetro de coherencia, siendo los principales fomentadores al desenfreno de ésta, pues obstinadamente ejercen la violencia del “para qué”, y así vemos a muchachos que carecen de orientación hacia el futuro; ni buena educación, ni trabajo digno; sí marihuana y asistencialismo paralizador.
El país precisa de sus futuras generaciones, claras, fuertes, preparadas; no dentro de 20 o 30 años, sino ahora.
Parte de la solución: darles otra oportunidad a los que han perdido el rumbo; quienes cometieron intencionalmente,(pudiendo el Tribunal actuante admitir como eximente o atenuante la ausencia de madurez o discernimiento suficientes): homicidio, rapiña, rapiña con privación de la libertad (copamiento), secuestro, lesiones graves o gravísimas, extorsión y violación; debiendo ser internados en un centro de rehabilitación descentralizado, distinto al Inau, dotándolo de los recursos necesarios para su funcionamiento, bajo un constante y estricto seguimiento en manos de técnicos idóneos; un lugar donde poder aprender un oficio y encarar la vida de otra manera; una instancia donde se les permita comenzar de nuevo y forjarse un futuro mejor; es la manera de velar por sus derechos por parte del Estado. Eso sí, quienes egresen una vez finalizada su rehabilitación, sabrán que sus antecedentes no fueron destruidos y que la justicia los considerará en los procesos penales a los que puedan ser sometidos después de cumplir los 16 años. También, se apuesta a castigar especialmente a quienes valiéndose de la participación de niños y adolescentes, cometen cualquier clase de ilícitos.
Pero no debemos de olvidarnos de la inmensa mayoría de compatriotas, honrados, trabajadores, pacíficos, que día a día ven peligrar a seres queridos y a su integridad física y lo que es peor, la vida, en manos de aquellos; el miedo al que se hallan sometidos y su consecuente pérdida de libertad, merece ser tan protegida, como los derechos de quienes la oprimen.
Creemos que a las soluciones hacen falta buscarlas; el no, por el simple hecho del no, solo se espera de los oportunistas, nunca de la gente responsable.
Mucho hay que trabajar para revertir la situación, pero estamos convencidos que de aprobarse la reforma el próximo 26 de octubre, estaremos dando un gran paso, al rescate de lo perdido.
ADRIAN BAEZ






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