Apuntes en borrador

JUDICIALIZACIÓN. La semana que pasó quedó más que claro que algunos políticos usan a la Justicia para sus propias campañas, no solo como base de plataforma de lanzamiento de las mismas sino también para tratar de hundir a sus adversarios, es lo que se llama la “judicialización de la política”, o lo que es lo mismo, “la politización de la Justicia”.

En nuestra columna de EL PUEBLO de ayer, dimos cuenta de cinco noticias de esta semana sobre causas distintas en sede judicial, tanto en la vía penal como por la civil, y apenas se trata de un pequeño grupo de juicios de un total de las que ya hemos perdido la cuenta. Desde que tengo memoria, una de las primeras y sin mucha connotación política tuvo que ver con una denuncia por manejo de explosivos en la comuna salteña durante el tercer mandato del ex intendente Eduardo Malaquina, y del que no tenemos noticia de si culminó (creemos que sí) y cuáles fueron sus conclusiones.

Enumeremos las audiencias de tan solo esta semana. El martes 24 de julio hubo una audiencia, de la que extrañamente nadie informó, ni denunciantes (intendencia de Lima) ni denunciados (intendencia de Coutinho) sobre las conclusiones de una auditoría externa que habría encontrado algunas supuestas irregularidades en la administración anterior. Extrañó que en esta oportunidad, el mediático abogado del intendente Lima no apareciese haciendo alarde de sus denuncias, a las que ya estamos acostumbrados. ¿Tendrá algo que ver el mal momento que está viviendo en Paysandú ante las denuncias de corrupción que un edil nacionalista le ha realizado como director de Tránsito?

Otra audiencia, también el martes, tuvo nuevamente al intendente Lima como protagonista, al ser demandado por su aparente (lo pongo en condicional porque justamente es en la sede judicial donde se debe probar esto) asesor de la campaña electoral que lo llevó a ser intendente y por incumplimiento de compromisos contraídos.

Otra noticia judicial de la que se encargó la intendencia de dar parte, tiene que ver con un fallo de la Suprema Corte de Justicia declarando constitucional la legislación utilizada por el gobierno departamental que fundamentó el cese de 249 funcionarios municipales al inicio de la actual administración.

La cuarta noticia proveniente de la sede judicial, tiene que ver con otro proceso iniciado por la intendencia de Salto contra tres ediles de su fuerza política (hoy escindidos del Frente Amplio) por la supuesta adulteración de boletas de la Junta Departamental. Como el intendente no se hizo presente, la audiencia quedó trunca.

Finalmente la quinta noticia judicial, tuvo que ver con la presencia de la diputada Manuela Mutti este viernes en la sede de Artigas 1080, quien decidió no escudarse en sus fueros parlamentarios y asistir ante la demanda de la familia de un comerciante asesinado quien la acusa de haber difamado la memoria de su padre por sus declaraciones en radio Sarandí, algo de lo que se ha informado bastante, particularmente en algunos portales y en las redes sociales. En este caso, la jueza interviniente en la causa se declaró incompetente por haberse entablado la demanda en una sede judicial equivocada.

Lo sugerente de todo esto es la repetición de algunos personajes, como demandantes, demandados o abogados patrocinantes, todos buscando iniciar o seguir una carrera política. Feo, muy feo que agarren a las instituciones republicanas, que deben ser garantes de la permanencia de nuestro Estado de Derecho, para cuestiones propias, usando a la gente para sus apetencias personales.

LEONARDO SILVA







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