Apuntes en borrador

DAYMÁN. Así fue llamado el fideicomiso por 330 millones de Unidades Indexadas que negoció la Intendencia de Salto, a pagar en cómodas cuotas, culminando las mismas para quien esté en el gobierno en el año 2031.

El gobierno informa que por este concepto recibirá (recibió) 40 millones de dólares. Lo que no informa es cuánto terminará pagando el pueblo de Salto por este concepto.

Estaría bueno que el gobierno departamental se sincerara y transparentara los números, porque estamos hablando que seguramente se termine pagando a quien le preste el dinero más del doble, y eso, el pueblo debería saberlo.

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LIMITADO. Es difícil que este gobierno transparente sus números, parece ser que no le gusta las comparaciones. Por ejemplo. La Junta Departamental convocó al encargado del Plan Alimentario por denuncias de no entregar la canasta por más de 4 meses cuando nos enteramos que INDA venía entregando con regularidad las mismas a Salto. Dicho jerarca no contestó a ninguna pregunta directa sobre las denuncias y tampoco llevó documentos, los que dijo tener en su oficina y que decidió no llevar a la Junta.

El director de Comunicaciones también fue convocado a la Junta Departamental para que informara a los ediles sobre la política de comunicaciones que viene llevando la Intendencia y los costos de la misma. La respuesta del jerarca fue la misma y las cifras que brindó son contradictorias con la realidad.

El último gobierno que publicó los salarios de los jerarcas municipales fue el anterior. A 18 meses de haber comenzado el actual gobierno, se sigue sin saber el número de cargos de particular confianza del intendente y sus respectivos sueldos. Hace unos meses hicieron público una lista parcial, donde omitieron nombrar a casi el doble de las jerarquías y con sueldos que no condicen con lo que establece el presupuesto vigente.

Hace pocas semanas, a raíz de un pedido de informes de la oposición sobre los viáticos de las jerarquías, también se contestó de manera parcial, sobre lo que habían cobrado 15 jerarcas, omitiendo el cobro de viáticos de otros 30, con lo cual, la información que llegó a la Junta Departamental fue limitada e incompleta.

La oposición maneja información extraoficial desde adentro de la Intendencia, donde los números no son para nada halagüeños en cuanto al crecimiento de la morosidad en la contribución inmobiliaria. Ante esto, esta semana sale a contestar el director de Hacienda que este año mejoró la recaudación respecto al año anterior en un 9%, pero no sabe contestar de cuánta plata está hablando, ni en 2017, ni en 2016, ya ni preguntarle del 2015.

Pregunte el lector dato o cifra de lo que sea, el gobierno nunca contestará, menos con documentos en la mano. Todo muy extraño y poco transparente, que no hace otra cosa que limar la credibilidad de nuestros gobernantes en el manejo de la cosa pública.

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UBER. En su edición de ayer, EL PUEBLO publicó una entrevista al joven abogado laboralista Juan Diego Menghi, quien trabaja en el Estudio Jurídico de Pérez del Castillo y que patrocina a la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones, entre las que se encuentra UBER.

En dicha nota habla de la posibilidad bastante cierta de que dichas empresas desembarquen en Salto y que es solo cuestión de tiempo. Tras los problemas que se generaron recientemente por el sorteo de 6 chapas de taxis pregunto, ¿la Intendencia de Salto previó cómo encarar este fenómeno mundial desde el punto de vista legal?

LEONARDO SILVA







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