Chocolate por la noticia

Cuando transcurrían los primeros y calurosos días del mes de enero del año 2003, el entonces director nacional de Aduanas, Víctor Lissidini, en franco desconocimiento de cómo se manejaba la política del Bagashopping de Salto, quiso hacer lo que debe hacer cualquier funcionario público que ocupa ese cargo, como en la actualidad debería hacerlo el contador Enrique Canon, algo que no fue otra cosa que querer allanar los comercios informales del lugar y exigirles lo que el Estado nos exige a todos, que paguemos impuestos. Pero allí no solo Lissidini, un abogado recto, que terminó pagando con cárcel después su intransigencia ante la corruptela y el haber querido pasarse de listo con la organización que hay detrás, que mantiene a decenas de familias entre contrabandistas, funcionarios públicos y todos los que permiten que semejante mercado informal exista, mientras si yo quiero abrir un kiosco en mi casa o arreglar el techo de la misma, me cae la DGI, el BPS, el Ministerio de Trabajo y hasta ¡una brigada del Sunca! Sí, así como lo lee, cayeron en patota pidiendo ver si en mi casa estaba todo en regla cuando dos albañiles arreglaban el techo. No preciso decir mucho más ni saber quién los mandó. En aquel lejano 2003 todos se horrorizaron al ver cómo la policía defendía a los comerciantes que en clara superioridad numérica, amenazaron hasta con inmolarse y quemar toda la mercadería que había en el lugar si algún funcionario de la Aduana pretendía hacer su trabajo y si algún policía los ayudaba a abrir los precarios locales de chapas, que además estaban conectados irregularmente al tendido eléctrico. Lo más triste fue que estalló la bomba cuando a uno de los feriantes se le ocurrió decir que si ellos eran tocados por las autoridades para obligarlos a cometer la barbaridad de declarar sus mercaderías y hasta quizás llegar a hacer la atrocidad de pagar impuestos, uno de ellos “iba a hablar” y con él “menos el director de Aduanas y algún asesor, iban a caer todos”, y cuando dijo “todos”, se refería también a los funcionarios policiales que como no les alcanzaba el sueldo, (usé tiempo pasado porque ahora el ministro Bonomi dice que con lo que cobra un Cabo, llega bien a fin de mes) compraban fiado en el lugar para alimentar a sus familias y en ese momento no iban a matar a las gallinas de los huevos de oro.
Por lo tanto se quedaron del lado de los bagayeros e hicieron la pantomima de que apoyaban a las autoridades. Ver ese episodio en televisión, reflejaba el peor Uruguay porque nos mostraba a todos cómo el Estado hacía que trabajaba, pero dejaba que las cosas pasaran porque en realidad hay algunas cosas que se les escapan de las manos, como es la delincuencia, el narcotráfico, la pobreza o el contrabando. Pero pasaron 15 años y eso sigue allí. Lo más cerca que hizo el gobierno de izquierda en todo este tiempo fue poner una medida de “cero kilo” en los pasos de frontera con Argentina, pero para controlar que usted y yo no nos traigamos una pasta de dientes del Carrefour, medida que ya cayó por ser ridícula, pero que no era aplicable ni por asomo a los contrabandistas de siempre, que manejan negocios voluminosos y asisten a muchos como ellos pero más pequeños, porque necesitan que existan para justificarse, y que no iban a permitir que viniera cualquier gobierno, ni funcionario político alguno, a querer cortarles el negocio, firmando un decreto desde la Ciudad Vieja que les corte la boga, encima sin saber con qué y quiénes se están metiendo. Después de esto, como vieron que podía haber una revuelta bagayera, que ya las ha habido y lo sé en carne propia, lo que hicieron fue una medida más timorata aún, porque entendieron que el Estado no tenía la fuerza suficiente para ponerles las barbas en remojo y entonces optaron por invitarlos a formalizarse. ¿Cómo lo hicieron? A través del Club Ferro Carril que les cobra un alquiler por estar alojados en su predio, negocio al que le sacan una tajada enorme, al punto que logran un ingreso mensual fabuloso que es envidia de cualquier club deportivo mediano de la capital del país. Pero la cosa sigue y nadie dice nada. contrabando
El 1º de enero de este año, pude ver cómo mucha gente sufrió la pérdida de su negocio ante un siniestro que generó muchas cosas negativas y que pese a estar o no de acuerdo con lo demás, que pase eso no se lo deseo a nadie. Primero, quiero decir que es horrible y lamentable que alguien pierda su fuente de trabajo, más aún si es que con ella alimenta a su familia. Pero también ese incendio era algo que podía pasar, porque como todos sabemos y como bien lo reconocieron las autoridades en la televisión nacional, ninguno de esos locales tenía la habilitación obligatoria de Bomberos, tampoco tenían conexiones formales a UTE y ni siquiera tenían autorización legal para desarrollarse como establecimientos comerciales, algo que le es requerido a cualquier vecino de barrio cuando quiere abrir un almacén, donde lo primero que debe hacer es pagar impuestos y después ver si vende algo, como para desquitar lo que el Estado le saca por el mero hecho de abrir la puerta. Encima, muchos de estos comerciantes que aducen pagar impuestos, volvieron a levantar de la noche a la mañana sus locales, una vez que los mismos resultaran incendiados, algo que despertó las sospechas hasta del SUNCA que preguntó si habían actuado como la ley nos obliga a todos cada vez que vamos a hacer una obra, declarando la misma, contratando el personal de manera formal y cumpliendo con todas las obligaciones que la ley establece para cualquier hijo de vecino en estos casos. Yo no estoy en desacuerdo con que esos comerciantes quieran establecer un negocio y trabajar para mantener a sus familias, tampoco con que armen en tiempo récord su negocio y que tengan un estándar de vida superior al resto de los trabajadores fruto de su labor, sino que con lo que no estoy de acuerdo, es con que el Estado nos mida con distinta vara. Nos exija cada vez más, nos mande cedulones si nos atrasamos con el pago del IRPF porque en nuestros trabajos nos descontaron menos de lo que ellos entienden que nos debían haber descontado, nos mande al BPS y al MTSS si estamos refaccionando el techo porque se nos cae encima y tenemos que pagar el 101% del valor de la obra en impuestos a la Intendencia, pero privilegia a este sector de la población, actuando de manera inconstitucional porque en este caso para el Estado, no somos todos iguales ante la ley. Cualquiera me diría “chocolate por la noticia”, pero la verdad es triste saber que hay un Estado que nos exige y mucho a quienes trabajamos y declaramos cada cosa que hacemos porque así nos lo impone la ley, y hay otro para quienes hay que dejarlos trabajar porque de lo contrario se “transforman en un problema social,” como dicen desde el gobierno, aunque en verdad el problema es político porque estamos hablando de no menos de 4 mil personas, que todas votan en las elecciones y a las que no hay que tocar, para defender el nicho.
Ese sí que es otro Uruguay y a mí, no me gusta nada.

HUGO LEMOS







El tiempo

Ediciones anteriores

agosto 2018
L M X J V S D
« jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

  • Otras Noticias...