Cortar la impunidad delictiva

Un hombre llega a su casa de una intensa noche de trabajo, puesto que las noches en Salto se han puesto, lamentablemente intensas, para los que trabajan en los temas relacionados a la seguridad pública. Después de varias horas sin dormir y cansado por el nerviosismo que impone su labor, llega a su casa, cansado, hastiado, y molesto con todo lo que le haya podido pasar. seguridad
De repente, un grupo de personas se encontraban a pocos metros de él y de su hogar y lo ven llegar. Seguramente no le dijeron “buenos días”, pero sí alguna referencia a su familia, con especial énfasis en sus ancestros y alguna bravuconada más de esas que suelen surgir entre personas que son capaces de pasar toda la noche despiertos tomando alcohol, y que al amanecer aún están ahí sin saber qué hacer.
Comienzan a soltarse improperios, enfrentamientos, agresiones, mientras el trabajador se resiste a actuar, no porque no tenga ganas de poner a esa persona en su lugar, sino porque su condición de funcionario policial le implica mantener el decoro, el resto hacia el otro y la tolerancia, evitando entrar en el terreno de la agresión.
Pero la situación no resiste mayor análisis, no hay entradas en razón, no hay ubicación de parte del sujeto que había pasado la noche allí, y el problema se agrava. Tanto, al punto que uno de ellos, el que había pasado la noche con los amigos, toma un objeto contundente e intenta agredir al otro. Hasta ahí es todo lo que supe de lo que aconteció el pasado domingo a las 8 de la mañana en el barrio Dos Naciones, cuando un funcionario policial abatió de dos disparos a un hombre joven de 25 años de edad, quien luego de mantener una desavenencia con el agente, según testigos, se enfrentó a este y el policía para repeler la agresión, le disparó con su arma de reglamento.
Como resultado, el sujeto está muerto y el policía ahora está preso. El individuo que no había ido a trabajar y que tenía antecedentes penales, lo que no le quita ni la calidad de persona, ni de ser un sujeto con derechos y pasible de obligaciones, tuvo un trágico final que lamentamos todos, porque a nadie le gusta que muera una persona, menos alguien de la comunidad tenga los antecedentes que tenga.
Aunque con él, se llevó a un funcionario policial que venía de cumplir su labor, de tener una vida digna y de respeto, que ahora tendrá que responder ante la ley por haber usado su arma de reglamento contra el mismo, porque el fiscal del caso y el juez de turno, entendieron que no se configuró la legítima defensa, figura que de comprobarse, exime a una persona del delito de homicidio.
Pero como usualmente ocurre, la justicia entendió que es muy fino el límite entre la acción voluntaria de disparar para cometer el homicidio, que el de repeler una agresión que le pudiera costar la vida y que por eso fue repelida de esa manera. Ya que el artículo 27 del Código Penal habla de “la racionalidad del medio empleado para repeler la agresión”, lo que quiere decir que si el agresor vino con una barreta de hierro, el mismo bien pudo haberle disparado a las piernas para que el individuo cayera y se evitaba todo el lío.
Más allá de lo que haya ocurrido, con el diario del lunes todos somos campeones y es muy difícil poder discernir en ese instante, cuando hay frente a uno un sujeto amenazándolo. Que el policía está entrenado para saber lidiar con este tipo de casos, es un aspecto a tener en cuenta y que seguramente la fiscalía y el juez lo manejaron a la hora de emitir la sentencia interlocutoria, pero el mensaje que se le da al funcionariado policial en este caso, lo pone sobre alerta una vez más, acerca de las potestad que tiene el mismo para actuar. Y eso no es una cosa menor, porque estamos asistiendo a uno de los problemas de seguridad más importantes de los últimos tiempos, donde necesitamos una policía preparada para lidiar con los individuos que son disfuncionales al sistema y que generan un daño a la sociedad cometiendo delitos con total impunidad.
En Salto, hubo 2.968 denuncias por robo entre los meses de enero y junio del presente año. Para un departamento de 132.500 personas, donde hay alrededor de 600 policías para poder disuadir y reprimir el delito, el tema es grave teniendo en cuenta que de esas casi tres mil denuncias, solamente alrededor del 10 por ciento han podido ser aclaradas. Lo cual indica que estamos mal en materia de seguridad, más allá de que acá no está instalado el delito violento, como forma habitual, aunque aún así tenemos nuestras cruces, como el caso del policía Farinha, Olga Costa o Andrés Duarte, tres muertes que enlutaron a Salto en el mes de marzo.
Entonces, sería bueno que los actuales legisladores nacionales que están en campaña electoral, yendo a todos los medios de comunicación posibles a decir sus verdades, y que todos aquellos que pretenden salir a candidatearse para estar en el lugar de estos otros, preparen en sus agendas las reformas necesarias en materia de seguridad pública que el país necesita, para evitar que este tipo de acciones, que lamentamos todos, de un lado y del otro, den un mensaje más positivo, donde si alguien comete un delito tiene que ser castigado y si un policía utiliza un arma, debe tener un margen de acción claro, que no lo ponga tras las rejas, porque sino todo lo demás suena a verso y la impunidad que sienten quienes están detrás de la acción delictiva sigue dañando a la sociedad.

HUGO LEMOS