Deja dudas por todos lados

Cuando la justicia dictó el procesamiento sin prisión del exdirector del Hospital de Salto, Marcos García, tipificándole conjunción del interés público con el privado me quedaron varias dudas. Primero que nada porque se nota a la legua, como decían mis padres, que la sentencia dicta una sanción, porque el juez que tomó ese caso tiene cierta obligación de buscarle la vuelta al caso, por la resonancia pública que hizo la clase política del mismo, para aplicarle algo a alguien.
Son muy pocos, o quizás únicos, los casos donde se le dicta un procesamiento a alguien sin prisión y sin medida alternativa alguna, porque el hecho raya más en una irregularidad o desprolijidad administrativa que en un delito. Entonces es mejor decir que se lo procesó, pero no le le dictan pena alguna, porque el caso por el cual se lo condena es muy menor en relación a las situaciones que se dan a diario en el sistema de salud. Eso ya de por sí, desnuda que hay algo detrás que no está del todo claro y que no se dice. QUINO
Es algo así como, vamos a mandar a este al frente porque está desnudando una serie de situaciones que se suscitan y que si tenemos que sancionar a todos, el sistema se vuelve un caos.
Entonces hay que ver cómo viene el cajón de manzanas para saber de dónde sale ésta en particular, a la que la quieren sacudir un poco para que no deje al cajón entero regalado, porque en realidad hay muchas manzanas más que están en esa misma situación, pero lo que las privilegia es su relación de poder respecto del resto.
Cuando se habló de que había tres médicos investigados por haber tenido una empresa de ambulancias que contrataba con el único Hospital de la ciudad, nadie se preguntó qué pasaba antes de que esa empresa en particular existiera. Nadie dijo a quién contrataban antes y porqué. El Hospital de Bella Unión como muchos otros hospitales públicos del interior, incluyendo el de Salto, no cuentan con una flota de ambulancias propias que les permita darle la atención debida a todos los pacientes.
En tal sentido, es que los centros hospitalarios contratan empresas privadas que responden a esas demandas. En este caso, la única empresa que prestaba ese servicio en Bella Unión pertenecía a los jerarcas del nosocomio, por lo cual García, y eso consta en el expediente, avisó del conflicto de interés a las autoridades de ASSE las que ni siquiera le contestaron, teniendo en cuenta que estas realidades, son una práctica común en distintos puntos del país, donde coincide que el médico que dirige el Hospital, la policlínica, o la cooperativa médica, es el dueño de la ambulancia y se debe prestar servicios. Pero aún así García entregó a sus socios, su parte social y siguió como director.
Cuando terminó su mandato, consultó si podía retomar la parte social de la empresa de ambulancias, y las autoridades de la época, tanto en ASSE como en el MSP, no le vieron impedimento alguno, mientras tanto, García asumió la dirección en Salto y Federico Eguren y Rodrigo Barcelona, hicieron lo propio en el Hospital Pereira Rossell.
Pero en el año 2016 un cambio de criterio legal para el Tribunal de Cuentas de la República vio un impedimento para esas contrataciones y todo empezó de nuevo. El clima lo armó el diputado blanco Martín Lema y comenzaron una serie de situaciones que solamente cuestionaron el caso Bella Unión. La situación tuvo mucha prensa, se habló demasiado de más como suele ocurrir en estos casos y en consecuencia, hasta se los juzgó antes de tiempo, tanto García, como Eguren y Barcelona, pasaron a la guillotina pública en corto lapso, los que fueron expuestos a los disparates más importantes que se puedan decir y nada dijeron. Aunque todo siguió muy raro, ya que las distintas empresas de ambulancias que pertenecen a varios médicos que son funcionarios del sistema público, siguieron siendo contratadas en todo el país, porque ASSE las necesita y a los pacientes no se les puede decir que no los van a trasladar a Montevideo porque entran en un conflicto de interés según una norma que el sistema no previó antes.
Hasta que después de todo, empezaron a ver cómo hacían para sancionar a alguien por todo esto, porque alguien tenía que ser el ejemplo de lo que no debería ocurrir. Entonces, dejaron de lado a los que dieron luz verde para esto, como Susana Muñiz y Beatriz Silva, entonces ministra de Salud y presidente de ASSE en la era Mujica, también a los otros socios, Federico Egúren y Rodrigo Barcelona, dueños de la misma empresa de ambulancia que Marcos García, siendo este el único que avisó que los tres eran funcionarios de ASSE y a ver qué pasaba si precisaban un traslado desde Bella Unión a cualquier punto del país y tenían que contratarse a sí mismos; y lo mandaron a la guillotina a García.
Es raro, todo muy raro. Cuando Tabaré Vázquez despidió a Muñiz y puso a Carámbula como presidente de ASSE este tuvo una reunión con el diputado Martín Lema, para “interiorizarse” de lo que había investigado. Eso fue lo que trascendió. Pero fuentes políticas dijeron que el nuevo presidente de ASSE había conseguido “paz política” comprometiéndose a “hacer concursos para los cargos de dirección” con lo que García, Eguren y Barcelona, serían removidos, lo que efectivamente pasó, siendo los primeros cesados tras los famosos concursos. Ahora Lema se encarga de los problemas en el Mides y de ASSE ni se acuerda, pero hace pocos días, un periodista de Montevideo que habló con él, me dijo que el legislador denunciante le reconoció que con el procesamiento de García, “cortaron por el hilo más fino”.
Lo más raro de todo esto, es que ni siquiera Eguren ni Barcelona se vieron salpicados con esto. Dos médicos prestigiosos que trabajan en Montevideo y que están en contacto con las grandes ligas de la medicina. Pero García está en Salto, lejos de todo y era más fácil desacreditarlo, y dejarlo por acá nomás, como ejemplo de lo que no se hace. ¿Cómo ejemplo de lo que no se hace? Para muestra sobran varios botones. En setiembre del 2017 el propio García como director del Hospital declaró desierta una licitación para traslados especializados en pediatría, a la que había llamado el Hospital de Salto. Las empresas que se presentaron como si nada, fueron dos de Salto, cuyos propietarios trabajan en el Hospital y toman las decisiones de los traslados. Ahora a algunas de ellas las siguen contratando por razones de necesidad de servicios de manera directa. Esa es una prueba más que clara, que todo esto que pasó con el exjerarca, deja dudas por todos lados.

HUGO LEMOS