EJÉRZASE LA AUTORIDAD

Por Dr. Adrián Báez

Estimados lectores. La pasada, fue una semana triste y de desasosiego. Triste, por las desafortunadas pérdidas sufridas en mano de irracionales delincuentes, cuyas conciencias –que dudamos las tengan-, serán sin dudas, su peor castigo. Desasosiego, por la proliferación de hechos similares a lo largo y ancho del país, pareciendo ser infructuosos los esfuerzos por minimizarlos y erradicarlos, se lo mire por donde se lo mire.
Si bien vivimos en un Estado de Derecho, donde reina (por más que a veces se dude de tal condición) la independencia de Poderes; donde se posee un Poder Judicial (encabezado por los Jueces) que hace de tripas corazón para poder afrontar su ardua y pesada tarea de impartir Justicia y tratar de conformar a todos quienes claman por ella; donde sus funcionarios, con las menguadas herramientas que se les ha puesto a disposición para actuar, se sacrifican en lo posible para que el sistema ande; donde los operadores jurídicos (Abogados, Fiscales, Defensores de Oficio, Alguaciles, Actuarios, Policías), buscan equilibrar la cosa entre el deseo de los que a ellos acuden y la cruel realidad que más que menos, echa por tierra las esperanzas de ambos, y que va más allá de sus aptitudes como creadores, interpretes, consultores y aplicadores del Derecho, y que se da, muchas veces, de bruces contra un ideal que se entrelaza en una férrea e interminable batalla entre el “ser” y el “deber ser”; la falta de respuestas y la falta de resultados, inclinan la balanza hacia el descontento.
La judicialización de la política y la politización de la Justicia, son inobjetables factores a la hora de cuestionar el poco satisfactorio mundo legal.
Quienes deberían de hacer las leyes, teniendo siempre en claro que, por encima de espúreos intereses sectoriales -donde prima el discurso de lo políticamente correcto-, debe de estar el supremo interés de la ciudadanía; se embarcan en un viaje de elaboración de la plataforma jurídica de la Nación, desconociendo en la mayoría de los casos la esencia del Derecho, transformándolo en una vil herramienta electoralista, en vez de alzarlo al nivel que le corresponde como sostén de la vida democrática, olvidándose de aquella premisa.
La soberbia e ignorancia de quienes consideran que por el hecho de haber sido electos por el pueblo para ocupar cargos de responsabilidad, están habilitados a ni siquiera escuchar a los estudiosos de las materias, aprobando leyes contradictorias o incitando a que no se cumplan las ya existentes (estas sí hechas concienzudamente), imposibilitando el funcionamiento que la cosa debería de tener; atentan directamente contra todo aquello por lo que tanto se dice pelear.
En Uruguay, rigen normas penales fuertes, cuyos supuestos de hecho (falta, delito), son perfectamente aplicables a situaciones que tipifican; las que deberían de someterse a la consecuencia jurídica o sanción (medida de seguridad, pena).
El problema no radica, entonces, en la falta de leyes que indiquen qué debe de ser hecho y qué no y cuáles serían las responsabilidades y las penitencias ante el incumplimiento de las mismas; el problema radica en la falta de voluntad de reconocer que el poder de hacerlas cumplir, es legítimo, y que quienes lo hagan, no pueden ni deben ser catalogados de fascistas, autoritarios ni de violadores de los Derechos Humanos, como más de una vez hemos escuchado de boca de quienes, al mismo tiempo, piden algo que no permiten que se realice.
De nada sirve, tampoco, habilitar esa vía, dejar hacer, si no existe una convicción para que ello ocurra. La indigna dependencia económica del Poder Judicial; la incoherente ilusión de que aprobando nuevas y más lindas leyes con carácter de “justas”, pero sin tener a disposición un presupuesto acorde a su lógica aplicación -como ocurre con el nuevo Código del Proceso Penal-; constituyen los elementos inconfundibles de un ir y venir constante; modus operandi de indecisos, que quieren, pero no; saben qué debe de ser hecho, pero el grito de la tribuna puede más y no lo hacen.
El día que nos animemos a decir sin tapujos que, a la autoridad hay que respetarla; las normas hay que cumplirlas y castigar con “todo el peso de la ley” a quienes las infringen; que el que atenta contra la vida, la integridad física, la propiedad privada de otro (en sus varias formas), es un delincuente y que por ende su lugar es donde deben de ir los que delinquen; ese día, sin falsos e hipócritas mensajes dados cuando las cosas les suceden a otros y no a mí; ese día, puede ser que el panorama comience a cambiar. Mientras tanto; los inadaptados y opresores deambulan con absoluta libertad, aterrorizando al ciudadano digno; y éste, aterrorizado a pesar de su dignidad, pide a gritos -que nadie parece escuchar-: EJÉRZASE LA AUTORIDAD.







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