FUE LEGÍTIMA LA DESTITUCIÓN DE ROUSSEFF

Por Dr. Adrián Báez
Estimados lectores. Todas las opiniones deben de ser respetadas, lo que no significa que deban ser compartibles, menos cuando carecen de fundamentos sensatos y coherentes respecto a la materia sobre la que se vierte la opinión, si no deseamos caer en el simplismo de que se diga cualquier cosa de todo asunto.
Debido a la destitución de la Sra. Dilma Rousseff, se han escuchado las más variadas y disparatadas consideraciones sobre el hecho, distorsionándolo a más no poder, quizás por desconocimiento de su parte jurídica, quizás, por falta de honestidad intelectual, en cuanto lo que es propicio para unos, dejada de serlo para aquellos que no comulgan con nuestras ideas.
El Parlamento de Brasil, en ejercicio de las funciones establecidas en su Constitución, la cual fue avalada por el voto de los brasileños, y por lo tanto posee la mayor legitimidad en los institutos jurídicos que en ella existen; aplicó precisamente el del Juicio Político, donde el Senado se constituye en Juez de aquellas denuncias previamente estipuladas por la Cámara de Diputados, que signifiquen violaciones a dicha Carta Magna y a las Leyes, teniendo la potestad de destituir a los Presidentes, si reúnen las mayorías requeridas, tal cual sucedió.
Las acusaciones contra la exmandataria, no redundaron, como se ha sostenido errónea y maliciosamente, en temas de corrupción vinculados con Petrobras; las acusaciones, que fueron presentadas en el mes de octubre del año pasado por tres reconocidos juristas, entre los que se encontraba Hélio Bicudo, de 94 años, fundador del Partido de los Trabajadores (PT), hacen mención a que la Presidente violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal, utilizando fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno, argumentándose que esa práctica está prohibida por una ley de Responsabilidad Fiscal, lo que no fue impedimento para que el gobierno lo hiciera de todos modos y en reiteradas oportunidades, para exhibir mayor equilibrio entre ingresos y gastos, en pleno año electoral.
Ahora, hay que entender que no se trata de un juicio civil o penal, sino que justamente, se trata de un juicio político, en el que imperan mayoritariamente consideraciones y cuestiones políticas, lo que aberrantemente se denuncia como “Golpe”, arengándose que prevaleció lo político sobre lo jurídico; verdad a medias, pues si bien fueron políticos quienes juzgaron a Rousseff, lo hicieron en base a la principal norma jurídica que existe en una República, que es la Constitución, Código Político dado a sí mismo por el Pueblo.
Luego podemos discutir los fines últimos y ocultos; pero hablar de “Golpe”, constituye una triste muletilla vertida por los que no tienen el coraje cívico de reconocer que también la izquierda ha sido hipnotizada por el poder que otorga el dinero y por el poder mismo, haciendo uso y abuso de la maquiavélica consigna que reza; “el fin justifica los medios”, para mantenerse en él.
El espectro político todo en Brasil se encuentra envuelto en lamentables casos de corrupción; tanto el partido de la ex Mandataria y Lula, como los que los ayudaron a llegar al gobierno y cuyas alianzas permitieron 13 años de administración del PT, de los que el mayor socio político fue el PMDB, colectividad del actual Presidente Michel Temer, que hasta antes del surgimiento del Juicio Político, era la mano derecha de Rousseff, quien probablemente tenga responsabilidades, como las tendrán los legisladores que votaron la destitución, los que serán juzgados, ahí sí por la Justicia Penal y Civil, por cuestiones que dejan de ser políticas, como por lo que se la acusó a Dilma, para constituirse ya en delitos penales que conllevan responsabilidades civiles, y por los que importantes referentes de esos gobiernos, hoy están presos.
En fin. Sostener e insistir en ello, de que en Brasil se llevó a cabo un “Golpe”, es menoscabar el Estado de Derecho y sus institutos que datan de hace cientos de años, para mayor garantía de los ciudadanos, que ante los avasallamientos y arbitrariedades de sus gobernantes, sean de derecha o izquierda, pues ninguno tiene garantizada la inmunidad a la ambición y el despotismo en sus variadas caras, pueden recurrir a ellos cuando sus prerrogativas se ven infligidas.
Lamentablemente con hechos como éstos, sin lugar a dudas quien sale herida y perjudicada es la Democracia, al ver el descreimiento y el rechazo que el pueblo por el que existe, comienza a sentir en quienes deberían predicar con el ejemplo, en su defensa y en el de aquél.
Los parlamentarios que llevaron adelante el juicio político y quienes hasta ayer eran apañados por ser aliados, y hoy por ser oposición son corruptos, lo que es muy probable, y golpistas, lo que no es tal, son legítimos; como también fue legítima la destitución de Rousseff.







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