Fue un mal remedio

La arrogancia es mala consejera, porque termina desechando una posible buena acción para convertirla en mezquindad y violencia pura. Cuando alguien ocupa un cargo público, sobre todo de carácter político que por lo general es un premio a la militancia y no a la capacidad de la persona para gestionar la administración pública (un mal que tienen todos los partidos), uno debe estar siempre atento, escuchando a la gente porque todos siempre tienen algo que decir, y seguramente algo de razón también.
Máxime si estamos hablando de casos de personas que viven en un estado completo de vulnerabilidad, por padecer una situación de discapacidad total. En esos casos, cuando ejercemos la potestad del Estado porque estamos devenidos en funcionarios públicos de ocasión, debemos pensar en cuidar como nunca a esas personas, porque las mismas son el capital más importante que tiene la administración a la que nos estamos debiendo.
Sin embargo, el efecto que podía causar en los internos de la Aldea de la Bondad que sufrían discapacidad severa, su traslado a la ciudad de Montevideo y en definitiva a cualquier parte, era algo que todos sabían. Desde los funcionarios que los habían cuidado todo este tiempo, o los médicos que los trataban en ese establecimiento y hasta de las autoridades mismas que conocían el delicado estado de los pacientes. Pero por una cuestión de números y de que las cosas administrativa y financieramente no estaban funcionando bien, había que cerrar el lugar y que se encargue otro. Si ese otro no está en Salto, bueno, demos el portazo en Salto y llevemos a todo el mundo a Montevideo.
¿Consecuencia de esto? Los internos sufren el desarraigo de forma acentuada, sienten la ausencia de quienes eran sus únicas compañías y que le brindaban el cariño y la contención diaria que sus frágiles cuerpos necesitaban como dosis diaria para seguir viviendo, padecen un golpe psicológico tremendo, porque más allá de sus incapacidades corporales los sentimientos están intactos, y el daño puede llegar de una forma tremenda, que si le sumamos que esas personas podían sufrir determinada enfermedad que los hacía suponer riesgo de muerte, las mismas tuvieron el peor de los desenlaces.
No es que las tres personas que lamentablemente fallecieron en los últimos días luego de haber sido trasladadas desde Salto, perecieron por el mero traslado, sino que debe haber alguna otra causa superviniente al traslado que haya ameritado tal desenlace. Sin embargo, hay una situación que debe ser tenida en cuenta y que rompe los ojos, que es ¿por qué razón el Estado no previó estas cosas y se hizo cargo antes de que sucediera?
Pero nos lo preguntamos porque queremos una respuesta como sociedad y exigimos saber la verdad sobre estas personas. ¿Los médicos que sabían del traslado de estas personas no le advirtieron al gobierno que con la decisión tomada en su despacho, corrían el riesgo de que se produjera una situación de estas característica? Porque de ser así estamos ante una omisión grave por parte de las autoridades del INAU, las que le deben una respuesta a la opinión pública por lo ocurrido.
Aún a sabiendas de que la fundación que administraba la Aldea de la Bondad, tuviera inconvenientes por cuestiones económicas y administrativas, y se haya tenido que rescindirle el contrato, por más que se hayan hecho llamados públicos para que otras organizaciones se ofrecieran a gestionar la institución en el manejo de los números con orden y responsabilidad, el cierre de esta institución en Salto que ya llevaba muchos años funcionando, no era la mejor solución. Sino por el contrario, el daño que genera su clausura, es mucho mayor que el de poder invertir algunos de los recursos públicos existentes para mantenerla, siendo el Estado el que se haga responsable del cuidado de estos ciudadanos, que más allá de su condición personal, tienen derecho a ser cuidados y protegidos en su bienestar.
Por tal motivo, el Estado tendría que tener una impronta muy fuerte de Derechos Humanos arraigada en el desarrollo de sus políticas públicas, lo que los ayudaría a abrir los ojos y a tomarse más en serio este tipo de cuestiones, porque en la conferencia de prensa que dieron las autoridades nacionales del INAU el otro día tras las dos primeras muertes, parecían no saber ni dónde estaban parados, ni mucho menos saber qué decir.
El hecho es que justamente no sabían qué decir, porque no conocen el tema, no se empaparon en la situación y no se metieron a buscar una solución que no afectara a la institución, a sus pacientes que son los más afectados y a sus trabajadores, que por otro lado, se quedan sin trabajo de un día para el otro y esto tampoco parece haber pesado a la hora de tomar la decisión de considerar una clausura o asistencia económica.
El Estado puede decir que no hay dinero, que el gobierno gestiona los recursos con cautela y austeridad y bla, bla, bla, pero la realidad es una sola, siguen habiendo gastos públicos innecesarios y mientras tanto, las cosas pasan y no se busca la forma de eliminar algunos de estos para solventar lo importante.
Se me viene a la mente el recuerdo de la película “Dave, Presidente por un Día” con Kevin Kline y Sigourney Weaver cuando el presidente le pide a su ministro de Industrias que cancele las campañas publicitarias sobre la industria automotriz nacional, porque iba a usar ese dinero para salvar a un orfanato. “Pese a que es una buena campaña no podemos mantenerlo, porque no quiero decirle a un niño de 8 años que duerma en la calle porque alguien debe sentirse bien con un auto que ya compró”, fue el demoledor argumento, que trasladado a nuestro país sería “no podemos seguir haciendo jornadas sobre la importancia de la aplicación de las políticas sociales y descentralizadoras con gastos de viáticos, traslados, alojamientos y servicio de catering para después no aplicar las políticas sociales por falta de dinero y dejar a su suerte a personas que necesitan mantener el cuidado y la contención de los más débiles”.
Sin dudas que hay algo que debe revisarse y que es el discurso, porque la acción no condice y esto preocupa, debemos tener más criterios y no negar lo que nos está pasando. El gobierno nacional debe buscar la manera de destinar recursos para mantener abierta la Aldea de la Bondad en Salto y seguir atendiendo en todos los aspectos a los internos que allí están y a los que fueron trasladados, suministrarles todo el cuidado posible. Ellos son personas y son los que más necesitan de que su país los quiera, como seguramente ellos lo quieren a él, por más que en muchos casos no puedan manifestarlo.

HUGO LEMOS







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