FUNDAMENTAL ES SERLO

Por Dr. Adrián Báez
Estimados lectores. En los últimos días cobró suma notoriedad, la obligación impuesta por la Ley Nº 17.060 de 1998, “Normas referidas al uso indebido del Poder Público (Corrupción)”, más conocida como Ley Anticorrupción, de que todos los funcionarios públicos presenten una Declaración Jurada consistente en una relación precisa y circunstanciada de los bienes muebles e inmuebles en ingresos propios del declarante, de su cónyuge, etc, etc; habiendo observado la actitud apresurada de figuras relevantes del escenario político nacional, haciendo público su patrimonio y los respectivos ingresos percibidos por concepto de la función que ocupan, en una clara intención de demostrar que ni son multimillonarios, como muchas veces se cree de la clase dirigente, ni manejan capitales desorbitantes, comparados con los menguados ingresos de la mayoría de los uruguayos, como si ser rico fuera un pecado mortal, y la redención solamente se consiguiera sufriendo penurias, en un típico sentimiento erróneo en el que ha incurrido el Uruguay en los últimos años, que refleja lo trasnochados que estamos en la evolución del mundo, creyendo que cuanto peor nos vaya, mejores seres humanos seremos, sin importar si nuestra fortuna la adquirimos con esfuerzo, herencia o azar, lo que solamente se critica, si no se obtuvo la misma bendición.
En fin. Creemos que es alentador que sepamos con qué ingresa cada político al ejercicio del poder, por más menguado que el mismo sea, porque no solamente lo es el ejercicio del mando y la consecuente posibilidad de tomar decisiones que afecten la vida de la enorme mayoría, sino que también las conexiones tienen su impronta y no son nada despreciables; y con qué lo abandona.
Al mismo tiempo, apoyamos que la idea de austeridad sea un norte en la función pública, la que no se ha visto en los 11 años de gobierno de izquierda, observando la inexistencia de regulaciones precisas que establezcan, por ejemplo, la obligatoriedad de las Auditorías, cada vez que un jerarca culmine su gobierno o deje de dirigir cualquier organismo del Estado, lo cual sería sumamente tranquilizador para el político, que nada malo ha hecho, para su colectividad, y obviamente para el principal interesado: el ciudadano, que el mismo Estado por medio de una rigurosa normativa y sus respectivas garantías, pues con el modus operandi del Tribunal de Cuentas no basta, sea el auditor de las gestiones, donde cada elegible sepa de antemano que, en caso de incurrir en la muy común por estos días mala praxis administrativa, no se demorará más que un plazo prudencial en conocerlo y tomar las medidas correspondientes: penales, civiles y por supuesto, posteriormente la más dolorosa, la aplicada por el elector al retirarle el respaldo en caso de mal obrar.
Esto hace a la seriedad y a la responsabilidad en el manejo de las arcas que onerosamente los contribuyentes se encargan de llenar, y que han sido en muchos casos confundidas con billeteras personales, haciéndose con su contenido lo que se le ocurriera al gestor de turno, en vez de lo que debía; obligaría al mismo tiempo, a adoptar como buena práctica a aplicar, el colocar en los lugares claves a personas idóneas, jerarquizando así a la función pública, tan denostada y desacreditada por la irrupción en la palestra política de advenedizos e improvisados oportunistas, que más que vocación de servicio, son movidos por sórdidos intereses particulares.
Uruguay se hace eco de su propia necedad, deseando embanderarse en la honestidad y transparencia, al tiempo que hace oídos sordos y mira hacia el costado cuando esos mismos principios son jaqueados; continuando siendo la forma de contrarrestarlo, el nacimiento de rígidas leyes, hechas por técnicos de fuste, cuyo intelecto esté por encima del amague constante del exhibicionismo de honestidad que efectúa cierta clase de políticos de todas las tiendas, los que se olvidan que si bien hay que parecerlo, fundamental es serlo.







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