¿Qué pasa cuando el daño proviene del propio Estado?

Decir que el Estado es responsable de algo, y que llegado el caso debe indemnizar a alguien por los daños causados, es decir que va a meter la mano a la caja de ahorros que tiene el país para hacerse cargo. Y con ello, estamos pagando un nuevo impuesto, el de la política social de nuestros políticos.
Es que para eso la administración pública es una persona jurídica y por lo tanto a los efectos de la ley, es tan responsable como cualquiera de las personas que caminan por este país, por los hechos que de él emanen. O sea, que puede hacérselo responsable por los daños sufridos por alguien y cuyo encargado de evitarlo sea la administración pública.
Sin embargo, siempre escuchamos que el Estado es responsable de todo lo que pasa en el país, así como también le endilgamos muchas veces más responsabilidades de las que tiene. Pero hay casos estrictamente establecidos por la legislación vigente en nuestro país para ello y ahora veremos cuáles son. Es que tanto la Constitución de la República, como las leyes vigentes, legislan sobre el punto y dejan en claro cuáles son las responsabilidades a las que se somete el Estado, cuando algo no funciona como debería y lesiona el derecho de la gente de a pie.
Desde las veredas rotas, que pueden dar lugar a caídas de peatones y las consiguientes lesiones que esto trae aparejado, hasta los pozos en las calles que rompen nuestros vehículos y los dejan en mal estado. Todo es responsabilidad del Estado, sobre todo por no tener informado a los funcionarios de los distintos organismos la responsabilidad determinada de cada uno. Pero vayamos al centro legal de este fenómeno.
TODOS SOMOS RESPONSABLES
Según la Constitución de la República, en su artículo 24, “el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección”.
Es decir, cada acción encomendada al Estado para su ejecución puede ser reclamada por la responsabilidad que tiene el mismo frente a todos los hechos que de él emanen. Por ejemplo, una columna del ornato público que cause un daño a un particular, el pozo de una calle que genere daños en un vehículo y cualquier otro perjuicio que sea provocado por la administración.
Pero a su vez, en el artículo 25 de nuestra Carta Magna se establece que “cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación”.
Esto deja más en claro aún, que siempre habrá un responsable en los casos que se produzcan en nombre del Estado, ya que el mismo está facultado para repetir contra el funcionario que cometa el daño, hasta la totalidad de lo que deba hacerse cargo por el perjuicio cometido.
Es decir, si un funcionario conduce un vehículo del Estado, y al estacionar choca a otro vehículo que estaba parado en el lugar, el damnificado puede reclamar al Estado la reparación del daño causado. Así como también, si el funcionario genera una maniobra que determina un daño inminente sobre la propiedad o la persona física, el estado responde y luego acciona contra éste por el monto de la reparación.
Este principio se traslada a los particulares en lo que establece el Código Civil en su artículo 1319, donde señala que “todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño, impone a aquél por cuyo dolo, culpa o negligencia ha sucedido, la obligación de repararlo”.
Empero, en el caso que hoy nos convoca, la responsabilidad civil del Estado, es algo que a diario genera una lista de clientes que hacen fila para reclamar por la mala actuación de algunos de sus organismos o funcionarios, que con su acción u omisión, generan daños en la población, que muchas veces ve vulnerados sus derechos a instancia de quien en realidad debe ser el máximo protector de los mismos.
Por lo menos nuestra Constitución, en sus artículos 24 y 25 deja en claro que a sabiendas de los errores que se pueden cometer, el Estado allana el camino para brindar una respuesta

Decir que el Estado es responsable de algo, y que llegado el caso debe indemnizar a alguien por los daños causados, es decir

Hugo Lemos

Hugo Lemos

que va a meter la mano a la caja de ahorros que tiene el país para hacerse cargo. Y con ello, estamos pagando un nuevo impuesto, el de la política social de nuestros políticos.

Es que para eso la administración pública es una persona jurídica y por lo tanto a los efectos de la ley, es tan responsable como cualquiera de las personas que caminan por este país, por los hechos que de él emanen. O sea, que puede hacérselo responsable por los daños sufridos por alguien y cuyo encargado de evitarlo sea la administración pública.

Sin embargo, siempre escuchamos que el Estado es responsable de todo lo que pasa en el país, así como también le endilgamos muchas veces más responsabilidades de las que tiene. Pero hay casos estrictamente establecidos por la legislación vigente en nuestro país para ello y ahora veremos cuáles son. Es que tanto la Constitución de la República, como las leyes vigentes, legislan sobre el punto y dejan en claro cuáles son las responsabilidades a las que se somete el Estado, cuando algo no funciona como debería y lesiona el derecho de la gente de a pie.

Desde las veredas rotas, que pueden dar lugar a caídas de peatones y las consiguientes lesiones que esto trae aparejado, hasta los pozos en las calles que rompen nuestros vehículos y los dejan en mal estado. Todo es responsabilidad del Estado, sobre todo por no tener informado a los funcionarios de los distintos organismos la responsabilidad determinada de cada uno. Pero vayamos al centro legal de este fenómeno.

TODOS SOMOS RESPONSABLES

Según la Constitución de la República, en su artículo 24, “el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección”.

Es decir, cada acción encomendada al Estado para su ejecución puede ser reclamada por la responsabilidad que tiene el mismo frente a todos los hechos que de él emanen. Por ejemplo, una columna del ornato público que cause un daño a un particular, el pozo de una calle que genere daños en un vehículo y cualquier otro perjuicio que sea provocado por la administración.

Pero a su vez, en el artículo 25 de nuestra Carta Magna se establece que “cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación”.

Esto deja más en claro aún, que siempre habrá un responsable en los casos que se produzcan en nombre del Estado, ya que el mismo está facultado para repetir contra el funcionario que cometa el daño, hasta la totalidad de lo que deba hacerse cargo por el perjuicio cometido.

Es decir, si un funcionario conduce un vehículo del Estado, y al estacionar choca a otro vehículo que estaba parado en el lugar, el damnificado puede reclamar al Estado la reparación del daño causado. Así como también, si el funcionario genera una maniobra que determina un daño inminente sobre la propiedad o la persona física, el estado responde y luego acciona contra éste por el monto de la reparación.

Este principio se traslada a los particulares en lo que establece el Código Civil en su artículo 1319, donde señala que “todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño, impone a aquél por cuyo dolo, culpa o negligencia ha sucedido, la obligación de repararlo”.

Empero, en el caso que hoy nos convoca, la responsabilidad civil del Estado, es algo que a diario genera una lista de clientes que hacen fila para reclamar por la mala actuación de algunos de sus organismos o funcionarios, que con su acción u omisión, generan daños en la población, que muchas veces ve vulnerados sus derechos a instancia de quien en realidad debe ser el máximo protector de los mismos.

Por lo menos nuestra Constitución, en sus artículos 24 y 25 deja en claro que a sabiendas de los errores que se pueden cometer, el Estado allana el camino para brindar una respuesta