¿Quién controla a la policía?

El Código del Procedimiento Policial sancionado a través de la ley 18.315 en el año 2008, es la idealización del trato policial hacia los ciudadanos en su máxima expresión. Fue pensado para que los funcionarios policiales, sepan que otro trato es posible y quizás a través del mismo, podrían conseguir mucho más resultados, de los que consiguen hasta el momento.
Sin embargo, la falta de cumplimiento del mismo demuestra que más allá que si bien se trata de una ley que establece cómo debe proceder la policía en los distintos casos que se les presentan a diario, muchos de los funcionarios policiales, tanto los oficiales como los subalternos, quizás no todos, pero al menos sí un porcentaje bastante amplio, no lo han incorporado aún a su diario accionar y demuestran con esto en muchos casos, que les importa poco su existencia.
EL TRATO
El tema pasa cuando hay una denuncia sobre un hecho concreto. La policía no sabe en primera instancia si el denunciado es culpable o no del hecho que se le imputa. Pero siempre en todos los casos, hay algo que se llama indicio, que determina la factibilidad de que quienes aparecen como involucrados puedan estar o no vinculados a los hechos que se denuncian. Pero más allá de esto, que se llama olfato policial, y que los funcionarios no tienen porqué tenerlo, vamos a ver lo que dice la ley 18.315 en estos casos.
El artículo 49 habla del “Derecho de la persona detenida o conducida a ser informada”. Y dice que “toda persona conducida o detenida deberá ser informada de inmediato del motivo de su detención o conducción.
En la dependencia policial se documentará por escrito de dicha información, labrando el acta correspondiente que será firmada por la persona detenida o conducida. En caso que la persona detenida o conducida no quiera o no pueda hacerlo, el acta mencionada será firmada por dos testigos.
Toda persona detenida o conducida tiene derecho a comunicar inmediatamente su situación a sus familiares, allegados o a un abogado”.
Este tema es harto sensible y pocas veces ocurre. El funcionario detiene, no informa de qué se trata para “no obstruir” la investigación y viola por lo tanto, este precepto legal vigente.
Asimismo, el artículo 57 refiere al “Alojamiento de personas detenidas o conducidas”. Señala que: “el superior a cargo del servicio dispondrá del alojamiento adecuado para cada persona detenida o conducida, valorando su decisión según criterios técnico profesionales fundados, evitando la permanencia conjunta”.
El alojamiento adecuado en una seccional policial es una entelequia, puesto que se trata de un calabozo al que ninguna persona común, consideraría adecuado para permanecer un minuto, al tiempo que las razones técnico profesionales es un criterio muy ambiguo, que no presta garantías al detenido o conducido.
Pero uno de los aspectos más complejos de todo esto, se da con el incumplimiento del artículo 61 que dice de las “actitudes prohibidas con personas detenidas o conducidas” y la ley dice que: “está prohibido al personal policial utilizar forma alguna de coacción física ilegítima o maltrato psicológico con las personas detenidas o conducidas”.
Coincidentemente es una “vieja práctica policial”, según confirmaron policías de trayectoria, la inducción a confesar al detenido del crimen del cual se le acusa, con la finalidad de que admita su participación en los hechos, con métodos poco ortodoxos. Pero en caso de que el detenido sea inocente, el maltrato pongámosle psicológico, lo debe soportar igual. La pregunta surge: ¿quién controla esto?

El Código del Procedimiento Policial sancionado a través de la ley 18.315 en el año 2008, es la idealización del trato

Hugo Lemos

Hugo Lemos

policial hacia los ciudadanos en su máxima expresión. Fue pensado para que los funcionarios policiales, sepan que otro trato es posible y quizás a través del mismo, podrían conseguir mucho más resultados, de los que consiguen hasta el momento.

Sin embargo, la falta de cumplimiento del mismo demuestra que más allá que si bien se trata de una ley que establece cómo debe proceder la policía en los distintos casos que se les presentan a diario, muchos de los funcionarios policiales, tanto los oficiales como los subalternos, quizás no todos, pero al menos sí un porcentaje bastante amplio, no lo han incorporado aún a su diario accionar y demuestran con esto en muchos casos, que les importa poco su existencia.

EL TRATO

El tema pasa cuando hay una denuncia sobre un hecho concreto. La policía no sabe en primera instancia si el denunciado es culpable o no del hecho que se le imputa. Pero siempre en todos los casos, hay algo que se llama indicio, que determina la factibilidad de que quienes aparecen como involucrados puedan estar o no vinculados a los hechos que se denuncian. Pero más allá de esto, que se llama olfato policial, y que los funcionarios no tienen porqué tenerlo, vamos a ver lo que dice la ley 18.315 en estos casos.

El artículo 49 habla del “Derecho de la persona detenida o conducida a ser informada”. Y dice que “toda persona conducida o detenida deberá ser informada de inmediato del motivo de su detención o conducción.

En la dependencia policial se documentará por escrito de dicha información, labrando el acta correspondiente que será firmada por la persona detenida o conducida. En caso que la persona detenida o conducida no quiera o no pueda hacerlo, el acta mencionada será firmada por dos testigos.

Toda persona detenida o conducida tiene derecho a comunicar inmediatamente su situación a sus familiares, allegados o a un abogado”.

Este tema es harto sensible y pocas veces ocurre. El funcionario detiene, no informa de qué se trata para “no obstruir” la investigación y viola por lo tanto, este precepto legal vigente.

Asimismo, el artículo 57 refiere al “Alojamiento de personas detenidas o conducidas”. Señala que: “el superior a cargo del servicio dispondrá del alojamiento adecuado para cada persona detenida o conducida, valorando su decisión según criterios técnico profesionales fundados, evitando la permanencia conjunta”.

El alojamiento adecuado en una seccional policial es una entelequia, puesto que se trata de un calabozo al que ninguna persona común, consideraría adecuado para permanecer un minuto, al tiempo que las razones técnico profesionales es un criterio muy ambiguo, que no presta garantías al detenido o conducido.

Pero uno de los aspectos más complejos de todo esto, se da con el incumplimiento del artículo 61 que dice de las “actitudes prohibidas con personas detenidas o conducidas” y la ley dice que: “está prohibido al personal policial utilizar forma alguna de coacción física ilegítima o maltrato psicológico con las personas detenidas o conducidas”.

Coincidentemente es una “vieja práctica policial”, según confirmaron policías de trayectoria, la inducción a confesar al detenido del crimen del cual se le acusa, con la finalidad de que admita su participación en los hechos, con métodos poco ortodoxos. Pero en caso de que el detenido sea inocente, el maltrato pongámosle psicológico, lo debe soportar igual. La pregunta surge: ¿quién controla esto?







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