A la justicia hay que acceder sin pagar por ello

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Una vez iniciado un proceso judicial, los justiciables deberían tener un acceso pleno a los pormenores del caso. Sobre todo los que están implicados en cada uno de los hechos que se dilucidan en una sede, deberían hacerlo sin tener que pagar por ello. Porque solamente para acceder a la justicia, además de la contratación de un abogado para ser asistidos y/o representados, deben comprar una serie de timbres y tasas judiciales, con el fin de poder presentar un escrito e iniciar una demanda.
En ese sentido, el principio de gratuidad del proceso que está establecido en el CGP, no se cumple, debido a que una persona tiene que pagar para poder ir a juicio y hacer valer su pretensión ante un juez, en caso de que no pague esos impuestos no podrá hacerlo. Salvo que justifique su estado de insolvencia y pida un régimen de auxiliatoria de pobreza, que debe ser debidamente probado.
Pero el afán recaudatorio de la administración de justicia, llega al punto de rozar la delgada línea de la vulneración de derechos de los ciudadanos, porque aquel que necesita servirse de un expediente en cuyo caso se vio envuelto y el mismo ya culminó.
Pero no lo dejaron acceder, las disposiciones normativas prevén que debe pagarle a un abogado para que le presente un escrito, con timbre incluido, en el que soliciten al tribunal poder acceder al expediente, cuyo caso ya terminó y que está durmiendo en un galpón que funge de depósito judicial.
El justiciable debió pagar para poder ver un documento y eso vulnera el principio de publicidad del proceso, y el acceso a la justicia, ya que impone el pago de un canon para poder acceder a ese derecho. La administración de justicia falla en esos aspectos y debería analizar la manera de proteger el derecho de toda la población al acceso a la justicia, sin que la misma deba tener dinero en el bolsillo para poder hacerlo.

Hugo Lemos