Alarma pública vs. reserva de las actuaciones

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Los derechos que tienen las personas y las potestades que tienen los operadores del sistema judicial, muchas veces determinan que los intereses sean contrapuestos. El derecho humano fundamental a la libertad de trabajo y en consecuencia el derecho humano a la libertad de información de la opinión pública, se siguen viendo cercenados por la potestad que tienen los jueces y fiscales de exigir la reserva de las actuaciones de determinados casos que se sustancian en la órbita de la justicia. Si bien muchas veces ese pedido de declarar reservadas determinadas actuaciones, es conteste con el interés de obtener resultados positivos en el marco de una investigación, el argumento debe ser explicado de manera correcta a los encargados de brindar la información a la opinión pública, sobre todo cuando en esos casos hay bienes públicos que fueron dañados, y máxime si en el mismo hay involucrados funcionarios públicos, a los que la sociedad les paga el sueldo. En estos casos, como el ocurrido con el desenlace de las investigaciones por el robo a las Termas del Daymán, es cuando se genera la denominada alarma pública o alarma social, y esta es justamente la que pone en aprietos a los operadores del sistema porque cuando hay todavía hilo por cortar, tratan de no dar mucha información y ese cercenamiento, que puede ser por razones obvias, se contrapone, choca de frente, con el derecho a la libertad de prensa y de información que tiene la población, porque allí se activa la potestad de reserva que invocan jueces y fiscales. Así las cosas, la alarma pública y la reserva de las actuaciones, no son buenas amigas.

 

Hugo Lemos