Ante la duda del secreto bancario

Ante la discusión sobre las presiones que recibe nuestro país de parte de la OCDE integrada por los 20 países más ricos del mundo, que le piden a Uruguay eliminar el secreto bancario para aumentar el tráfico de información financiera, en aras de “combatir el lavado de activos”, lo que pone al país entre la espada y la pared, por la difícil situación de tener que eliminar una de las políticas por las que se ha venido caracterizando hasta ahora, que es la de proteger el derecho a la privacidad y al debido proceso, salvo excepciones, damos a conocer un trabajo de los destacados docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, expertos en Derecho Comercial Virginia Bado y Carlos López Rodríguez sobre el secreto profesional financiero que deben guardar las instituciones.
Secreto profesional financiero.
El trabajo comienza señalando que el art. 25 del Decreto Ley 15.322 (ley de intermediación financiera que dispuso el secreto bancario, cuyo fin se cuestiona en el mundo, y en nuestro país por muchos motivos, entre ellos que fue establecido en plena dictadura para proteger los depósitos de personas sin tener que declarar el origen de los mismos lo que echaba un manto de más oscuridad en una época negativa para la vida del país, este subrayado es opinión nuestra) tipifica un delito.
“Se castiga penalmente a las empresas financieras que faciliten noticias sobre fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto, cualquier persona física o jurídica. Es decir, que se les impone a las entidades financieras la obligación de guardar secreto sobre fondos o valores que tenga un cliente suyo. También se le impone guardar secreto sobre informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes. Quienes incumplan con ese deber serán sancionados con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”, indica la norma de referencia.
Además la misma agrega que: “Las empresas comprendidas en los artículos 1º y 2º de esta ley no podrán facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto, pertenecientes a persona física o jurídica determinada. Tampoco podrán dar a conocer informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes. Las operaciones e informaciones referidas se encuentran amparadas por el secreto profesional… y en todos los casos, sujeto a las responsabilidades más estrictas por los perjuicios emergentes de la falta de fundamento de la solicitud. No se admitirá otra excepción que las establecidas en esta ley.
Quienes incumplieren el deber establecido en este artículo, serán sancionados con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”.
EL CONCEPTO
Sostienen los referidos docentes autores de este trabajo que el secreto bancario “es el deber de no facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto ni de dar a conocer informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes. Desde el punto de vista del cliente implica la tutela legal del derecho a la reserva sobre las informaciones que están en poder de las entidades de intermediación financiera, en virtud de relaciones jurídicas de carácter privado entre ambos sujetos y de la actividad profesional de estas últimas”.
Asimismo sostienen que el secreto bancario “es una manifestación del secreto profesional a que están sujetos muchos profesionales como, por ejemplo, los abogados, escribanos, psicólogos y médicos. En el mismo sentido, los bancos y las entidades de intermediación financiera tienen la obligación de guardar el secreto profesional respecto a determinadas operaciones de sus clientes.
El Decreto 614/992 amplía el campo de aplicación de la norma, obligando a cumplir con el secreto bancario a todas las personas físicas que, en virtud de las tareas que desempeñen, tengan acceso a las operaciones sobre las cuales los bancos y las entidades de intermediación financiera deban guardar secreto. La norma dispone lo siguiente:
“El deber de secreto profesional, consagrado en el artículo 25º de la Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982, alcanza además de las empresas, a todas las personas físicas que en virtud de las tareas que desempeñen, relacionadas con la organización, funcionamiento y contralor de las empresas de intermediación financiera, tengan acceso a las operaciones e informaciones a que se refiere la disposición legal citada, cualquiera sea la naturaleza jurídica del vínculo que une a tales personas físicas con los titulares de las empresas de intermediación financiera, incluyendo a los auditores externos abocados a las mismas”.
Y sostiene que “no es violatorio del deber de secreto profesional, consagrado por el artículo 25 del Decreto Ley 15.322 de 17 de setiembre de 1982, el conocimiento de las operaciones e informaciones cubiertas por el secreto que las personas físicas, referidas en el artículo anterior, adquieran necesariamente en el cumplimiento de sus tareas relacionadas con las empresas de intermediación financiera. El Banco Central y sus funcionarios, también, están obligados a guardar el secreto profesional”, dice en parte el trabajo de los dos destacados comercialistas citados.
En el caso de que Uruguay acceda a los pedidos de la OCDE, definido por un economista local como “un club de países ricos en crisis que quieren cobrar más impuestos para recaudar”, tendrá que cambiar una estructura que lo ha definido como país en los últimos 30 años.

Ante la discusión sobre las presiones que recibe nuestro país de parte de la OCDE integrada por los 20 países más ricos del mundo, que le piden a Uruguay eliminar el secreto bancario para aumentar el tráfico de información financiera, en aras de “combatir el

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

lavado de activos”, lo que pone al país entre la espada y la pared, por la difícil situación de tener que eliminar una de las políticas por las que se ha venido caracterizando hasta ahora, que es la de proteger el derecho a la privacidad y al debido proceso, salvo excepciones, damos a conocer un trabajo de los destacados docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, expertos en Derecho Comercial Virginia Bado y Carlos López Rodríguez sobre el secreto profesional financiero que deben guardar las instituciones.

Secreto profesional financiero.

El trabajo comienza señalando que el art. 25 del Decreto Ley 15.322 (ley de intermediación financiera que dispuso el secreto bancario, cuyo fin se cuestiona en el mundo, y en nuestro país por muchos motivos, entre ellos que fue establecido en plena dictadura para proteger los depósitos de personas sin tener que declarar el origen de los mismos lo que echaba un manto de más oscuridad en una época negativa para la vida del país, este subrayado es opinión nuestra) tipifica un delito.

“Se castiga penalmente a las empresas financieras que faciliten noticias sobre fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto, cualquier persona física o jurídica. Es decir, que se les impone a las entidades financieras la obligación de guardar secreto sobre fondos o valores que tenga un cliente suyo. También se le impone guardar secreto sobre informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes. Quienes incumplan con ese deber serán sancionados con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”, indica la norma de referencia.

Además la misma agrega que: “Las empresas comprendidas en los artículos 1º y 2º de esta ley no podrán facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto, pertenecientes a persona física o jurídica determinada. Tampoco podrán dar a conocer informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes. Las operaciones e informaciones referidas se encuentran amparadas por el secreto profesional… y en todos los casos, sujeto a las responsabilidades más estrictas por los perjuicios emergentes de la falta de fundamento de la solicitud. No se admitirá otra excepción que las establecidas en esta ley.

Quienes incumplieren el deber establecido en este artículo, serán sancionados con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”.

EL CONCEPTO

Sostienen los referidos docentes autores de este trabajo que el secreto bancario “es el deber de no facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto ni de dar a conocer informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes. Desde el punto de vista del cliente implica la tutela legal del derecho a la reserva sobre las informaciones que están en poder de las entidades de intermediación financiera, en virtud de relaciones jurídicas de carácter privado entre ambos sujetos y de la actividad profesional de estas últimas”.

Asimismo sostienen que el secreto bancario “es una manifestación del secreto profesional a que están sujetos muchos profesionales como, por ejemplo, los abogados, escribanos, psicólogos y médicos. En el mismo sentido, los bancos y las entidades de intermediación financiera tienen la obligación de guardar el secreto profesional respecto a determinadas operaciones de sus clientes.

El Decreto 614/992 amplía el campo de aplicación de la norma, obligando a cumplir con el secreto bancario a todas las personas físicas que, en virtud de las tareas que desempeñen, tengan acceso a las operaciones sobre las cuales los bancos y las entidades de intermediación financiera deban guardar secreto. La norma dispone lo siguiente:

“El deber de secreto profesional, consagrado en el artículo 25º de la Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982, alcanza además de las empresas, a todas las personas físicas que en virtud de las tareas que desempeñen, relacionadas con la organización, funcionamiento y contralor de las empresas de intermediación financiera, tengan acceso a las operaciones e informaciones a que se refiere la disposición legal citada, cualquiera sea la naturaleza jurídica del vínculo que une a tales personas físicas con los titulares de las empresas de intermediación financiera, incluyendo a los auditores externos abocados a las mismas”.

Y sostiene que “no es violatorio del deber de secreto profesional, consagrado por el artículo 25 del Decreto Ley 15.322 de 17 de setiembre de 1982, el conocimiento de las operaciones e informaciones cubiertas por el secreto que las personas físicas, referidas en el artículo anterior, adquieran necesariamente en el cumplimiento de sus tareas relacionadas con las empresas de intermediación financiera. El Banco Central y sus funcionarios, también, están obligados a guardar el secreto profesional”, dice en parte el trabajo de los dos destacados comercialistas citados.

En el caso de que Uruguay acceda a los pedidos de la OCDE, definido por un economista local como “un club de países ricos en crisis que quieren cobrar más impuestos para recaudar”, tendrá que cambiar una estructura que lo ha definido como país en los últimos 30 años.