Cómo actuar en grupo ante la justicia

Los intereses que atañen a una comunidad pueden ser defendidos en grupos de personas, que se vean lesionadas por el mismo hecho, más allá de que la vulneración de sus derechos ocurra de manera diferente.
Así, el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, es una muestra de ello y para promover acciones por parte de varias personas, que sientan vulnerado sus intereses en relación a ese tema, las mismas pueden actuar en lo que se denomina un litisconsorcio, que puede ser activo o pasivo y facultativo o litisconsorcio necesario, lo que veremos más adelante.
En Uruguay, el Código General del Proceso (CGP), que regula todos los procedimientos judiciales, desde los principios con los que se rigen en los tribunales, hasta cuáles son los efectos y los alcances de las distintas sentencias y resoluciones, establece la posibilidad que ante intereses diversos que afecten a un grupo de personas o a una comunidad, o que ante hechos que preocupen a personas de una misma comunidad, las mismas puedan actuar en conjunto, reclamando la intervención de la Justicia en esos casos.
Según el artículo 42 del CGP, la representación en el caso de que se presenten los llamados “intereses difusos”, establece que “en el caso de cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, de valores culturales o históricos y, en general, que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas, estarán legitimados indistintamente para promover el proceso pertinente, el Ministerio Público, cualquier interesado y las instituciones o asociaciones de interés social que según la ley o a juicio del tribunal garanticen una adecuada defensa del interés comprometido”.
Asimismo, dice que para actuar en estos procesos colectivos, se conformarán los denominados Litisconsorcio, que según el artículo 45, del texto normativo procesal, refiere a los facultativos, que son cuando “dos o más personas pueden litigar en un mismo proceso en forma conjunta, sea activa o pasivamente, cuando sus pretensiones sean conexas por su causa u objeto o cuando la sentencia a dictarse con respecto a una pudiera afectar a la otra”.
Aunque el mismo código prevé que salvo disposición legal en contrario, los litisconsortes serán considerados como litigantes independientes. Y señala que los actos de cada uno de ellos, no favorecen ni perjudican la situación procesal de los restantes litigantes que conforman el litisconsorcio, sin que por ello se afecte la unidad del proceso.
Mientras que el artículo 46 del CGP, señala que el litisconsorcio necesario es cuando por la naturaleza de la relación jurídica que es objeto de un proceso, no se pueda pronunciar una sentencia sin la presencia o emplazamiento de todos los interesados, aquéllos deberán todos comparecer y éstos deberán todos ser emplazados en forma legal.
Generalmente, este tipo de proceso colectivo no se da en casos de intereses difusos, aunque puede pasar que alguna organización o grupo de personas actúen en pos de un interés común, y el mismo fue puesto como un ejemplo de cómo puede operar la representación en temas que interesen a la comunidad. Sin embargo, el litisconsorcio, o el litigio en bloque, operan en casos donde es necesario la intervención de más de una persona para obtener un resultado, que generalmente es económico, como una sucesión, o un reclamo colectivo por daños. Lo importante es saber que se puede actuar, pero sobre todo saber que también hay requisitos y limitaciones que deben analizarse. Aunque en derecho, todo es posible.

Los intereses que atañen a una comunidad pueden ser defendidos en grupos de personas, que se vean lesionadas por el

Hugo Lemos

Hugo Lemos

mismo hecho, más allá de que la vulneración de sus derechos ocurra de manera diferente.

Así, el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, es una muestra de ello y para promover acciones por parte de varias personas, que sientan vulnerado sus intereses en relación a ese tema, las mismas pueden actuar en lo que se denomina un litisconsorcio, que puede ser activo o pasivo y facultativo o litisconsorcio necesario, lo que veremos más adelante.

En Uruguay, el Código General del Proceso (CGP), que regula todos los procedimientos judiciales, desde los principios con los que se rigen en los tribunales, hasta cuáles son los efectos y los alcances de las distintas sentencias y resoluciones, establece la posibilidad que ante intereses diversos que afecten a un grupo de personas o a una comunidad, o que ante hechos que preocupen a personas de una misma comunidad, las mismas puedan actuar en conjunto, reclamando la intervención de la Justicia en esos casos.

Según el artículo 42 del CGP, la representación en el caso de que se presenten los llamados “intereses difusos”, establece que “en el caso de cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, de valores culturales o históricos y, en general, que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas, estarán legitimados indistintamente para promover el proceso pertinente, el Ministerio Público, cualquier interesado y las instituciones o asociaciones de interés social que según la ley o a juicio del tribunal garanticen una adecuada defensa del interés comprometido”.

Asimismo, dice que para actuar en estos procesos colectivos, se conformarán los denominados Litisconsorcio, que según el artículo 45, del texto normativo procesal, refiere a los facultativos, que son cuando “dos o más personas pueden litigar en un mismo proceso en forma conjunta, sea activa o pasivamente, cuando sus pretensiones sean conexas por su causa u objeto o cuando la sentencia a dictarse con respecto a una pudiera afectar a la otra”.

Aunque el mismo código prevé que salvo disposición legal en contrario, los litisconsortes serán considerados como litigantes independientes. Y señala que los actos de cada uno de ellos, no favorecen ni perjudican la situación procesal de los restantes litigantes que conforman el litisconsorcio, sin que por ello se afecte la unidad del proceso.

Mientras que el artículo 46 del CGP, señala que el litisconsorcio necesario es cuando por la naturaleza de la relación jurídica que es objeto de un proceso, no se pueda pronunciar una sentencia sin la presencia o emplazamiento de todos los interesados, aquéllos deberán todos comparecer y éstos deberán todos ser emplazados en forma legal.

Generalmente, este tipo de proceso colectivo no se da en casos de intereses difusos, aunque puede pasar que alguna organización o grupo de personas actúen en pos de un interés común, y el mismo fue puesto como un ejemplo de cómo puede operar la representación en temas que interesen a la comunidad. Sin embargo, el litisconsorcio, o el litigio en bloque, operan en casos donde es necesario la intervención de más de una persona para obtener un resultado, que generalmente es económico, como una sucesión, o un reclamo colectivo por daños. Lo importante es saber que se puede actuar, pero sobre todo saber que también hay requisitos y limitaciones que deben analizarse. Aunque en derecho, todo es posible.