Contradicciones jurídicas uruguayas dubitan la validez del Mercosur

Atendiendo el interés particular de uno de los Estados partes del Mercosur, en este caso, el nuestro, una disposición normativa, que puede entenderse como un acto administrativo con efecto sancionatorio, emitida en base a la ley que da forma al Código Aduanero, suprime los efectos jurídicos emanados de un Tratado Internacional al que nuestro país suscribió y sigue batallando por su cumplimiento en todos los órdenes.
Sin embargo, la disposición del organismo estatal, no deja lugar al cumplimiento de ese Tratado que en ninguna parte de su articulado dice que salvo excepciones, el mismo puede dejar de cumplirse.
En ese sentido, la validez jurídica de esa disposición normativa emanada de la Aduana del Uruguay, echa por tierra la vigencia de una convención internacional suscrita hace varios años, con la intención de una anhelada integración entre los países del cono sur, que hasta ahora solo es una voluntad sin efecto alguno, dando lugar a que su validez provoque una gran contradicción jurídica.
La disposición de Aduanas dice que por “(…) la situación generada en las ciudades limítrofes como legítima preocupación del comercio local, y que de mantenerse la misma podría redundar en la pérdida de fuentes laborales, (…) la Dirección Nacional de Aduanas de acuerdo a sus facultades establecidas en el Código Aduanero (Decreto – Ley 15.691), comunica a la población en general que a partir del lunes 8 de abril, aplicará CERO KILO en las compras en régimen de tráfico fronterizo procedente de la República Argentina”.
Mientras que en su artículo 1º, el referido Código establece que “la Dirección Nacional de Aduanas, (…) tiene competencia exclusiva en el cumplimiento de los siguientes cometidos: a) Verificar y controlar las distintas operaciones aduaneras de embarque, desembarque y despacho de mercaderías, emitir criterios obligatorios de clasificación para la aplicación de la nomenclatura arancelaria recaudando los tributos correspondientes, y relevar. B) Hacer cumplir las obligaciones convencionales que resulten de los tratados internacionales suscritos por el país en materia aduanera”.
Mientras que el Tratado de Asunción que da origen al Mercosur señala que los Estados Partes deciden constituir un Mercado Común, el que se denominará “Mercado Común del Sur”.
“Este Mercado Común implica la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente”.
Por lo tanto, lo que ocurre en nuestro país es que se impone una restricción al cumplimiento del Tratado del Mercosur, en base a una disposición normativa transitoria por parte de un organismo del Estado. Esto hace que en cierta medida las facultades establecidas en el Código Aduanero colidan con la ley nacional que reconoce a su vez los efectos jurídicos desplegados en el Tratado de Asunción, al que Uruguay suscribió como estado Parte. La decisión aduanera entonces, independientemente de su conveniencia comercial o política, es parte de una contradicción jurídica, como muchas de las que se dan en el país y que deberían ser revisadas para evitar daños, antes de ser emanadas.







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