¿Derecho sindical vs. Derecho a la educación?

La declaración de esencialidad de un servicio no está regulada ni por la Constitución de la República, ni por ley alguna que la establezca. Pero a juzgar por lo que se considera como servicio esencial en nuestro país, a excepción de la seguridad y la salud, el resto puede verse comprendido por una cuestión de interpretación como un servicios esencial. La situación que vive el sistema educativo por estos momentos traduce a todas luces que el derecho a la educación queda relegado ante el derecho a la huelga de los trabajadores, en este caso de los del sistema educativo público.
Pero desde que empezó su gobierno y aún en campaña electoral, Tabaré Vázquez, que le debe todo lo que es a la educación que recibió y que él mismo se forjó, se comprometió a “cambiar el ADN” del sistema de educación público, porque reconoció que no funciona bien. Empero, ante una escalada sindical sin precedentes en un gobierno de izquierda, donde le piden más dinero para un sistema en el cual él no confía en sus resultados y está en desacuerdo con su funcionamiento, el presidente decreta la esencialidad, porque cree que en Uruguay la educación debe ser así, esencial. Pero choca con los docentes y estudiantes que aspiran a llegar a ser docentes, que creen lo contrario y repudian la medida considerándola dictatorial por querer obligarlos a trabajar en las mismas condiciones salariales y demás, con las cuales no están de acuerdo. Entonces ¿qué debe primar? La libertad sindical o el derecho a la educación. Por ahora prima lo primero y en ese marco, recordamos dónde está, o al menos donde dice estar, garantizada la educación para todos los uruguayos.
EN LA CONSTITUCIÓN
El artículo 68 de nuestra Carta Magna dice que “Queda garantida la libertad de enseñanza. La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos (esto último ¿podría comprender la esencialidad? Es lo que se discute). Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros e instituciones que desee.
El artículo 69 establece: “Las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como subvención por sus servicios”. El artículo 70 sostiene: “Son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial (…) La ley proveerá lo necesario para la efectividad de estas disposiciones (aquí también podría caber el decreto de esencialidad del Poder Ejecutivo).
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Nº 18.437
En su artículo 1º dice que “La educación como derecho humano fundamental. Declárase de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un derecho humano fundamental. El Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa (¿cabe por esta interpretación la esencialidad?).
En su artículo 2º dice que “Reconócese el goce y el ejercicio del derecho a la educación, como un bien público y social que tiene como fin el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas las personas sin discriminación alguna”. Y el artículo 4º de la misma ley sostiene que: La educación tendrá a los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución de la República y en el conjunto de los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país, como elementos esenciales incorporados en todo momento y oportunidad a las propuestas, programas y acciones educativas, constituyéndose en un marco de referencia fundamental para la educación en general y en particular para los educadores en cualquiera de las modalidades de su actuación profesional”. Para la ley, la educación es importante y un elemento esencial, pero se siembra la duda de la prevalencia de esto ante el derecho a la huelga y del reclamo de los trabajadores en ella involucrados.

HUGO LEMOS

 







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