El Banco Central ahora sabe de nosotros

El atraso en el pago de las obligaciones contraídas por cualquier ciudadano, o persona jurídica, puede llevar al registro en el sistema de riesgo crediticio que pasa a ser una base de datos negativa de cada cliente, la que será llevada obligatoriamente por el Banco Central del Uruguay, debido a la seriedad que el tema merece.
Ya  que en caso contrario, se podría estar vulnerando el interés directo, personal y legítimo de las personas que están registradas en estos sistemas, según lo que establece la ley de habeas data nº 18.331. El espíritu de esta misma, fue tomado como base, dando lugar a la creación de una reglamentación específica para crear un registro de quienes sean denunciados por las entidades financieras y otros organismos.
En ese sentido, el Parlamento Nacional, aprobó la ley Nº 18.812, que determina que el sistema de inscriptos en la central de riesgos crediticios será llevada pura y exclusivamente por el Banco Central del Uruguay, reglamentando la calidad de los datos personales que son archivados en el banco de de datos, y estableciendo plazos para la permanencia de los mismos.
Si usted está catalogado como mal pagador, todos sus datos van a parar a una base de datos cuyo control está en manos del Banco Central, que además regulará su permanencia y el manejo de sus datos. Algo bien importante a tener en cuenta son los plazos que se manejan de hasta quince años para la permanencia en el sistema.
NORMAS PARA GARANTIZAR
EL DERECHO A SU PROTECCIÓN
El artículo 1º de la Ley 18.812 establece que la Central de Riesgos Crediticios que administra el Banco Central del Uruguay está regulada por la Ley Nº 18.331, del 11 de agosto de 2008 (Habeas Data), con las modificaciones y precisiones establecidas en los artículos siguientes y la misma será competencia exclusiva del Banco Central del Uruguay, así como su instrumentación y puesta en funcionamiento de dicha base de datos.
Esto consiste en un sistema integrado, que consolida la información proporcionada por las instituciones de intermediación financiera, con relación a los créditos directos y contingentes que éstas han concedido a personas físicas y jurídicas o a otras instituciones del sector financiero, así como a los conjuntos económicos que los deudores integran.
Las instituciones de intermediación financiera evalúan el cumplimiento y la capacidad de pago de los deudores y les asignan mensualmente una categoría en función de las normas emitidas por la Superintendencia de Servicios Financieros. Con la situación de cumplimiento, y esa categorización, elaboran un reporte que envían mensualmente a la Superintendencia de Servicios Financieros. La Superintendencia consolida la información, enviada por todas las instituciones, en la Central de Riesgos.
La Central de Riesgos brinda información útil al momento de analizar solicitudes de crédito y monitorear periódicamente los créditos otorgados. El objetivo de esto es que cuando una persona física o jurídica solicita, por ejemplo, un préstamo o un aval o una tarjeta de crédito a una institución financiera, ésta evalúa, antes de decidir, la capacidad de pago de esa persona. También revisará su historial de cumplimiento de obligaciones, que obtiene en la Central de Riesgos.
Por otra parte, la información que vuelcan las distintas instituciones en la Central de Riesgos, contribuye a que la Superintendencia de Servicios Financieros cumpla con sus competencias de supervisión y análisis de la administración de riesgo de crédito, por parte de las instituciones supervisadas en la medida que aporta datos relativos a la calidad de los activos
Según establece el artículo 2º de la ley para el plazo de registro, indica que los datos personales relativos a las personas físicas podrán permanecer inscriptos en la Central de Riesgos Crediticios a cargo del Banco Central del Uruguay, por un plazo máximo de quince años contados a partir del vencimiento de la operación.
Asimismo, la ley refiere al consentimiento de los titulares de los datos personales para su registro, indicando que el tratamiento de los datos personales en la Central de Riesgos Crediticios a cargo del Banco Central del Uruguay no requerirá del previo consentimiento del titular, además de señalar que todo ciudadano que figure en dicho registro tendrá derecho al acceso sobre la información que el registro posea sobre éste, y que para ello, el plazo máximo para proporcionar la información por el Banco Central del Uruguay, será de veinte días hábiles.
La ley también señala que las personas físicas y jurídicas del sistema de intermediación financiera, que suministren la información contenida en la Central de Riesgos Crediticios a cargo del Banco Central del Uruguay, serán las únicas responsables por la veracidad y la actualización de la misma.

El atraso en el pago de las obligaciones contraídas por cualquier ciudadano, o persona jurídica, puede llevar al registro en el sistema de riesgo crediticio que pasa a ser una base de datos negativa de cada cliente, la que será llevada obligatoriamente por el Banco Central del Uruguay, debido a la seriedad que el tema merece.

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

Ya  que en caso contrario, se podría estar vulnerando el interés directo, personal y legítimo de las personas que están registradas en estos sistemas, según lo que establece la ley de habeas data nº 18.331. El espíritu de esta misma, fue tomado como base, dando lugar a la creación de una reglamentación específica para crear un registro de quienes sean denunciados por las entidades financieras y otros organismos.

En ese sentido, el Parlamento Nacional, aprobó la ley Nº 18.812, que determina que el sistema de inscriptos en la central de riesgos crediticios será llevada pura y exclusivamente por el Banco Central del Uruguay, reglamentando la calidad de los datos personales que son archivados en el banco de de datos, y estableciendo plazos para la permanencia de los mismos.

Si usted está catalogado como mal pagador, todos sus datos van a parar a una base de datos cuyo control está en manos del Banco Central, que además regulará su permanencia y el manejo de sus datos. Algo bien importante a tener en cuenta son los plazos que se manejan de hasta quince años para la permanencia en el sistema.

NORMAS PARA GARANTIZAR

EL DERECHO A SU PROTECCIÓN

El artículo 1º de la Ley 18.812 establece que la Central de Riesgos Crediticios que administra el Banco Central del Uruguay está regulada por la Ley Nº 18.331, del 11 de agosto de 2008 (Habeas Data), con las modificaciones y precisiones establecidas en los artículos siguientes y la misma será competencia exclusiva del Banco Central del Uruguay, así como su instrumentación y puesta en funcionamiento de dicha base de datos.

Esto consiste en un sistema integrado, que consolida la información proporcionada por las instituciones de intermediación financiera, con relación a los créditos directos y contingentes que éstas han concedido a personas físicas y jurídicas o a otras instituciones del sector financiero, así como a los conjuntos económicos que los deudores integran.

Las instituciones de intermediación financiera evalúan el cumplimiento y la capacidad de pago de los deudores y les asignan mensualmente una categoría en función de las normas emitidas por la Superintendencia de Servicios Financieros. Con la situación de cumplimiento, y esa categorización, elaboran un reporte que envían mensualmente a la Superintendencia de Servicios Financieros. La Superintendencia consolida la información, enviada por todas las instituciones, en la Central de Riesgos.

La Central de Riesgos brinda información útil al momento de analizar solicitudes de crédito y monitorear periódicamente los créditos otorgados. El objetivo de esto es que cuando una persona física o jurídica solicita, por ejemplo, un préstamo o un aval o una tarjeta de crédito a una institución financiera, ésta evalúa, antes de decidir, la capacidad de pago de esa persona. También revisará su historial de cumplimiento de obligaciones, que obtiene en la Central de Riesgos.

Por otra parte, la información que vuelcan las distintas instituciones en la Central de Riesgos, contribuye a que la Superintendencia de Servicios Financieros cumpla con sus competencias de supervisión y análisis de la administración de riesgo de crédito, por parte de las instituciones supervisadas en la medida que aporta datos relativos a la calidad de los activos

Según establece el artículo 2º de la ley para el plazo de registro, indica que los datos personales relativos a las personas físicas podrán permanecer inscriptos en la Central de Riesgos Crediticios a cargo del Banco Central del Uruguay, por un plazo máximo de quince años contados a partir del vencimiento de la operación.

Asimismo, la ley refiere al consentimiento de los titulares de los datos personales para su registro, indicando que el tratamiento de los datos personales en la Central de Riesgos Crediticios a cargo del Banco Central del Uruguay no requerirá del previo consentimiento del titular, además de señalar que todo ciudadano que figure en dicho registro tendrá derecho al acceso sobre la información que el registro posea sobre éste, y que para ello, el plazo máximo para proporcionar la información por el Banco Central del Uruguay, será de veinte días hábiles.

La ley también señala que las personas físicas y jurídicas del sistema de intermediación financiera, que suministren la información contenida en la Central de Riesgos Crediticios a cargo del Banco Central del Uruguay, serán las únicas responsables por la veracidad y la actualización de la misma.