El complejo rol del Estado en las relaciones laborales

Es muy difícil tratar de encontrar el justo equilibrio en el marco de las relaciones laborales, cuando de lo que se pende es de la intervención del Estado. Recuerdo una pregunta en un examen de Derecho Laboral I cuando el profesor Walter Duarte (actual integrante de la Cátedra) me inquirió de manera capciosa y me preguntó si la intervención estatal y la regulación del articulo 57 de la Constitución de la República, afectaba o garantizaba la libertad sindical, ocurrido esto antes de la aprobación de la ley 17.940 que promueve la libertad sindical.
Algo que quizás Duarte ni siquiera pensaba en ese momento, era que las relaciones laborales se iban a complejizar aún más con el paso del tiempo desde el 2006 (cuando di ese examen) a esta fecha, cuando se irían a aprobar una serie casi concatenada, de una como consecuencia de la otra, de leyes que tendían a darle cada vez más derechos a los trabajadores para ”recuperar el justo equilibrio de las relaciones”, según la óptica de los sindicatos que promovieron normas con viento a favor en el parlamento.
El hecho es que este tipo de cosas, al generar más derechos también dio pie a que haya más conflictos y si bien el nivel de enfrentamientos mantiene una línea horizontal desde hace un tiempo a esta parte, este año, con el regreso de la instalación de los consejos de salario de los distintos sectores de actividad, se espera que esa línea vuelva a ser ascendente y la conflictividad aumente.
El tema es si el papel del Estado en este escenario es neutral y equilibra a las partes en conflicto ya que ambos tienen leyes a su favor, o si es desequilibrante hacia el lado de los trabajadores y las patronales quedan desamparadas como
lo han denunciado en
reiteradas oportunidades.
El Estado no debe hacer
otra cosa en estos casos que
garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos y no otra cosa. En el caso que el Estado opere a favor de una de las partes y vuelque la balanza, ahí sí, podemos decir que esa intervención es contraproducente a las libertades que deberían ser respetadas y garantizadas. Aunque como todo, siempre será difícil dejar contento a todo el mundo.

Es muy difícil tratar de encontrar el justo equilibrio en el marco de las relaciones laborales, cuando de lo que se pende es de la

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

intervención del Estado. Recuerdo una pregunta en un examen de Derecho Laboral I cuando el profesor Walter Duarte (actual integrante de la Cátedra) me inquirió de manera capciosa y me preguntó si la intervención estatal y la regulación del articulo 57 de la Constitución de la República, afectaba o garantizaba la libertad sindical, ocurrido esto antes de la aprobación de la ley 17.940 que promueve la libertad sindical.

Algo que quizás Duarte ni siquiera pensaba en ese momento, era que las relaciones laborales se iban a complejizar aún más con el paso del tiempo desde el 2006 (cuando di ese examen) a esta fecha, cuando se irían a aprobar una serie casi concatenada, de una como consecuencia de la otra, de leyes que tendían a darle cada vez más derechos a los trabajadores para ”recuperar el justo equilibrio de las relaciones”, según la óptica de los sindicatos que promovieron normas con viento a favor en el parlamento.

El hecho es que este tipo de cosas, al generar más derechos también dio pie a que haya más conflictos y si bien el nivel de enfrentamientos mantiene una línea horizontal desde hace un tiempo a esta parte, este año, con el regreso de la instalación de los consejos de salario de los distintos sectores de actividad, se espera que esa línea vuelva a ser ascendente y la conflictividad aumente.

El tema es si el papel del Estado en este escenario es neutral y equilibra a las partes en conflicto ya que ambos tienen leyes a su favor, o si es desequilibrante hacia el lado de los trabajadores y las patronales quedan desamparadas como lo han denunciado en reiteradas oportunidades.

El Estado no debe hacer otra cosa en estos casos que garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos y no otra cosa. En el caso que el Estado opere a favor de una de las partes y vuelque la balanza, ahí sí, podemos decir que esa intervención es contraproducente a las libertades que deberían ser respetadas y garantizadas. Aunque como todo, siempre será difícil dejar contento a todo el mundo.







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