El control policial y el derecho del ciudadano

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Muchas veces pasamos por la calle y vemos cómo la Policía para a determinadas personas que van circulando delante de nosotros, con el fin de establecer el control de su identidad. Pero ¿por qué las detiene? ¿Tiene potestad para hacerlo? ¿Puede decirle a alguien que le muestre su identificación personal y que le entregue para revisión los objetos que lleva consigo?
El nuevo Código del Proceso Penal habla al respecto en su artículo 55 del Control de Identidad. Allí dice que “la autoridad administrativa podrá además, sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en casos fundados, como la existencia de un indicio de que esa persona haya cometido o intentado cometer delito, que se dispone a cometerlo, o que puede suministrar información útil para la indagación de un ilícito penal”.
Para estos casos, habría que ver si la persona tiene coincidencia con informaicón aportada a la Policía sobre una pesona que haya actuado o esté actuando en actitud sospechosa. La Policía no podría prejuzgar que un ciudadano, por vestirse de determinada manera o por sus rasgos físicos pueda estar actuando con apariencia delictiva. Es muy delgada la línea entre la sospecha y el prejuzgamiento que genera a veces estigmatización de un individuo.
Dice la norma que “la identificación se realizará en el lugar en que la persona se encuentre y por cualquier medio idóneo. El funcionario deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos documentos. Si esto último no resultare posible y la persona autorizara por escrito que se le tomen huellas digitales, estas solo podrán ser utilizadas con fines identificatorios”.
La Policía debe ayudar a la persona a poder identificarse y no debe destratarla para demostrar autoridad y con ello generar un dislate en vez de cumplir con el fin del control.
Salvo las excepciones que son establecidas por la norma y que dicen que “en caso de negativa de una persona a acreditar su identidad o si habiendo recibido las facilidades del caso no lo hubiera hecho, la Policía podrá conducirla a la unidad policial más cercana, exclusivamente con fines de identificación”, y hay que subrayar la palabra exclusivamente para no generar conflictos innecesarios que terminen desvirtuando la función policial.
Asimismo, el mismo artículo 55 establece un plazo razonable para llevar a cabo el procedimiento. Por lo cual indica que “la facultad policial de requerir la identificación de una persona deberá ejercerse de la forma más rápida posible. En ningún caso, el conjunto de procedimientos detallados en los incisos precedentes podrá extenderse por un plazo mayor de dos horas, transcurridas las cuales la persona será puesta en libertad”.
Derechos de la persona sujeta a control de identidad
En cuanto a los derechos que tiene esa persona que es conducida por la Policía, el atículo 56 del nuevo Código del Proceso Penal sostiene que “en cualquier caso en que hubiere sido necesario conducir a la unidad policial a la persona cuya identidad se trata de averiguar en virtud del artículo precedente, el funcionario que practique el traslado deberá informarle verbalmente de su derecho a que se comunique a un familiar o a otra persona, su permanencia en la repartición policial. El afectado no podrá ser ingresado a celdas o calabozos, ni mantenido en contacto con otras personas detenidas”.
Los criterios que maneja la norma para no lesionar el derecho de la persona conducida son claros, la autoridad policial debe respetarlos y la persona debe saber que puede ejercerlos. El control de ciudadanía en los tiempos que corren es positivo, porque nos garantiza a todos la libre circulación, pero los excesos y abusos de autoridad son malos en todas las ocasiones y el espíritu de esta norma refiere a eso.

Hugo Lemos