El cumplimiento de la ley para el trabajador rural debe ir acompañada de inspecciones

La ley de limitación de la jornada del trabajador rural, Nº 18.441, que fue sancionada en el año 2008, establece una serie de normas que disponen en forma estricta, la carga horaria que debe cumplir un trabajador rural, sin excepción. Y en el caso de que sean incumplidos los preceptos normativos establecidos por la presente norma, las sanciones contra los empleadores deben caer con todo el peso de la ley.
Sin embargo, el Estado no dispone y tampoco crea, medios como para poder realizar las inspecciones correspondientes en los distintos establecimientos rurales del país, con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo que establece la ley. Tales modificaciones a las condiciones laborales del trabajador rural, se generaron en el marco del nuevo escenario del mundo de las relaciones laborales que vive el país desde los últimos 10 años.
Pero si bien por un lado, la limitación de la jornada del trabajador rural traduce una conquista importante para los asalariados del sector, el Estado por otra parte, no genera las condiciones para garantizar su cumplimiento.
En los últimos días se dio a conocer, según publicó el suplemento Campo del semanario Búsqueda, en base a datos del gobierno que “los asalariados rurales tienen escasa educación y el 30 por ciento no están registrados en la Seguridad Social”.  Aunque fuentes del sector agropecuario, consultadas por quien esto escribe, estiman que ese porcentaje que maneja el gobierno, es sensiblemente inferior al que realmente expone el campo uruguayo a sus trabajadores, especialmente en Salto, aseguró la fuente.
El tema, es que quienes hicieron las leyes para mejorar las condiciones de trabajo para este vulnerable sector de la sociedad, son los mismos que no se preocupan tiempo después por su cumplimiento.
Veamos: la ley Nº18.441 establece en su artículo 1º que la “duración máxima de la jornada laboral de todo trabajador rural será de ocho horas diarias”. Y sigue en su artículo 2º, sostiene que “el ciclo semanal no podrá exceder de las cuarenta y ocho horas por cada seis días trabajados”. Además establece en su artículo 3º que “las horas que excedan la jornada legal serán abonadas como horas extras (Ley Nº 15.996, de 17 de noviembre de 1988)”.
Sin embargo, en varios establecimientos aún hay personal que cumple trabajos por siete días seguidos sin que los mismos les sean reconocidos como jornada de descanso y por lo tanto no laborable, y en el caso de que el trabajador aceptara cumplir con la tarea, la misma debería abonársele con doble paga. Aunque este tipo de cosas, como el incumplimiento de la carga horaria de la jornada laboral, son casos lamentablemente “comunes” en el campo uruguayo.
Una de las denuncias más comunes en el Ministerio de Trabajo, según dio a conocer la secretaría de Estado en el último año por parte del sindicato de peones de estancia, es que a los mismos “los hacen trabajar en forma obligatoria el día domingo o sobrevuela la amenaza del despido”. Sin embargo, el artículo 5º de la presente ley señala que “el descanso semanal será preferentemente el día domingo, sin perjuicio de lo cual, las partes podrán convenir que dicho descanso será en otro día de la semana, ya sea fijo o rotativo”.
Y en ese sentido, ampliando la posibilidad de acordar en base a la conveniencia del desarrollo dela tarea, el artículo 6º de dicha ley señala que “existiendo acuerdo, el trabajador podrá optar por un régimen de acumulación de los días de descanso semanal a períodos mensuales. En tal caso, el tiempo de descanso generado deberá ser gozado en forma íntegra y sin interrupciones dentro de los primeros veinte días del mes siguiente. El inicio del goce de dicho descanso será acordado por las partes”.
Aunque con todo, este tipo de disposiciones que establece la mencionada ley, deberá ser acompañada por una serie de medidas de parte de la Inspección General de Trabajo para el cumplimiento de lo que dice la letra fría (y en muchos casos muerta) de la ley.

La ley de limitación de la jornada del trabajador rural, Nº 18.441, que fue sancionada en el año 2008, establece una serie de normas que disponen en forma estricta, la carga horaria que debe cumplir un trabajador rural, sin excepción. Y en el caso de que sean

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

incumplidos los preceptos normativos establecidos por la presente norma, las sanciones contra los empleadores deben caer con todo el peso de la ley.

Sin embargo, el Estado no dispone y tampoco crea, medios como para poder realizar las inspecciones correspondientes en los distintos establecimientos rurales del país, con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo que establece la ley. Tales modificaciones a las condiciones laborales del trabajador rural, se generaron en el marco del nuevo escenario del mundo de las relaciones laborales que vive el país desde los últimos 10 años.

Pero si bien por un lado, la limitación de la jornada del trabajador rural traduce una conquista importante para los asalariados del sector, el Estado por otra parte, no genera las condiciones para garantizar su cumplimiento.

En los últimos días se dio a conocer, según publicó el suplemento Campo del semanario Búsqueda, en base a datos del gobierno que “los asalariados rurales tienen escasa educación y el 30 por ciento no están registrados en la Seguridad Social”.  Aunque fuentes del sector agropecuario, consultadas por quien esto escribe, estiman que ese porcentaje que maneja el gobierno, es sensiblemente inferior al que realmente expone el campo uruguayo a sus trabajadores, especialmente en Salto, aseguró la fuente.

El tema, es que quienes hicieron las leyes para mejorar las condiciones de trabajo para este vulnerable sector de la sociedad, son los mismos que no se preocupan tiempo después por su cumplimiento.

Veamos: la ley Nº18.441 establece en su artículo 1º que la “duración máxima de la jornada laboral de todo trabajador rural será de ocho horas diarias”. Y sigue en su artículo 2º, sostiene que “el ciclo semanal no podrá exceder de las cuarenta y ocho horas por cada seis días trabajados”. Además establece en su artículo 3º que “las horas que excedan la jornada legal serán abonadas como horas extras (Ley Nº 15.996, de 17 de noviembre de 1988)”.

Sin embargo, en varios establecimientos aún hay personal que cumple trabajos por siete días seguidos sin que los mismos les sean reconocidos como jornada de descanso y por lo tanto no laborable, y en el caso de que el trabajador aceptara cumplir con la tarea, la misma debería abonársele con doble paga. Aunque este tipo de cosas, como el incumplimiento de la carga horaria de la jornada laboral, son casos lamentablemente “comunes” en el campo uruguayo.

Una de las denuncias más comunes en el Ministerio de Trabajo, según dio a conocer la secretaría de Estado en el último año por parte del sindicato de peones de estancia, es que a los mismos “los hacen trabajar en forma obligatoria el día domingo o sobrevuela la amenaza del despido”. Sin embargo, el artículo 5º de la presente ley señala que “el descanso semanal será preferentemente el día domingo, sin perjuicio de lo cual, las partes podrán convenir que dicho descanso será en otro día de la semana, ya sea fijo o rotativo”.

Y en ese sentido, ampliando la posibilidad de acordar en base a la conveniencia del desarrollo dela tarea, el artículo 6º de dicha ley señala que “existiendo acuerdo, el trabajador podrá optar por un régimen de acumulación de los días de descanso semanal a períodos mensuales. En tal caso, el tiempo de descanso generado deberá ser gozado en forma íntegra y sin interrupciones dentro de los primeros veinte días del mes siguiente. El inicio del goce de dicho descanso será acordado por las partes”.

Aunque con todo, este tipo de disposiciones que establece la mencionada ley, deberá ser acompañada por una serie de medidas de parte de la Inspección General de Trabajo para el cumplimiento de lo que dice la letra fría (y en muchos casos muerta) de la ley.







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