El daño del Tribunal

El principio de imparcialidad en el proceso debería ser un fundamento suficiente como para que un juez se inhiba de fallar de una manera determinada, al punto que perjudique a una de las partes, por el simple motivo de ser un viejo conocido de alguno de ellos. El magistrado debe mantener la imparcialidad en forma estricta, ceñirse celosamente al texto de la ley, y no permitir que su fuero subjetivo ni sus sentimientos, operen al momento de tomar una decisión.
La igualdad de las partes en el proceso es un principio rector consagrado en la Constitución de la República, cuando en su artículo 8º dice: “Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”.
En tanto, tomando las bases de esta norma constitucional, el propio Código General del Proceso (CGP), establece en su artículo 4º el principio de “Igualdad procesal”, sosteniendo que “el tribunal deberá mantener la igualdad de las partes en el proceso”.
Además, los jueces están limitados en su actuar por el artículo 24 del propio CGP que habla de las Facultades del Tribunal, no se encuentra la excepción de subjetividad para fallar de acuerdo a lo que les parezca salteándose la letra de la ley, cuya aplicación es la única garantía del principio de imparcialidad del proceso.
Por otro lado, el artículo 26 del mismo CGP, establece la “Responsabilidad del tribunal”  señala que los magistrados serán responsables por: Demoras injustificadas en proveer; Proceder con dolo o fraude. (…)”.
Quizás el amiguismo, no es considerado como argumento para acusar de actuar con dolo a un juez que a la hora de fallar daña a uno de los justiciables por emplearlo, porque causa daño con intención el juez que dictando una sentencia a sabiendas de que no es correcta, igualmente lo hace para defender a una de las partes con la que tiene un lazo de amistad.
Pero cuando ocurre un caso de estas características, como un hecho que sucedió en Salto en relación a un fallo que perjudica a un hijo que siempre es la parte más débil en estos casos, existe el instituto de la recusación, donde el justiciable puede recurrir para revertir el daño causado por el magistrado, aunque el simple hecho de hacerlo vuelve a causar más daño sobre el justiciable, porque su solicitud debe dirigirse a un tribunal superior y el trámite lleva un tiempo que aumenta el daño al reclamante, porque enlentece la situación y agrava la necesidad del individuo.
Por eso, este tipo de casos, deben ser seguidos con lupa para evitar que los jueces, que no son otra cosa que seres humanos cumpliendo una función muy delicada dentro del Estado, no se equivoquen y no causen tanto daño, como el que por su función, en realidad deben remediar.

El principio de imparcialidad en el proceso debería ser un fundamento suficiente como para que un juez se inhiba de fallar de una manera determinada, al punto que perjudique a una de las partes, por el simple motivo de ser un viejo conocido de

Hugo Lemos

Hugo Lemos

alguno de ellos. El magistrado debe mantener la imparcialidad en forma estricta, ceñirse celosamente al texto de la ley, y no permitir que su fuero subjetivo ni sus sentimientos, operen al momento de tomar una decisión.

La igualdad de las partes en el proceso es un principio rector consagrado en la Constitución de la República, cuando en su artículo 8º dice: “Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”.

En tanto, tomando las bases de esta norma constitucional, el propio Código General del Proceso (CGP), establece en su artículo 4º el principio de “Igualdad procesal”, sosteniendo que “el tribunal deberá mantener la igualdad de las partes en el proceso”.

Además, los jueces están limitados en su actuar por el artículo 24 del propio CGP que habla de las Facultades del Tribunal, no se encuentra la excepción de subjetividad para fallar de acuerdo a lo que les parezca salteándose la letra de la ley, cuya aplicación es la única garantía del principio de imparcialidad del proceso.

Por otro lado, el artículo 26 del mismo CGP, establece la “Responsabilidad del tribunal”  señala que los magistrados serán responsables por: Demoras injustificadas en proveer; Proceder con dolo o fraude. (…)”.

Quizás el amiguismo, no es considerado como argumento para acusar de actuar con dolo a un juez que a la hora de fallar daña a uno de los justiciables por emplearlo, porque causa daño con intención el juez que dictando una sentencia a sabiendas de que no es correcta, igualmente lo hace para defender a una de las partes con la que tiene un lazo de amistad.

Pero cuando ocurre un caso de estas características, como un hecho que sucedió en Salto en relación a un fallo que perjudica a un hijo que siempre es la parte más débil en estos casos, existe el instituto de la recusación, donde el justiciable puede recurrir para revertir el daño causado por el magistrado, aunque el simple hecho de hacerlo vuelve a causar más daño sobre el justiciable, porque su solicitud debe dirigirse a un tribunal superior y el trámite lleva un tiempo que aumenta el daño al reclamante, porque enlentece la situación y agrava la necesidad del individuo.

Por eso, este tipo de casos, deben ser seguidos con lupa para evitar que los jueces, que no son otra cosa que seres humanos cumpliendo una función muy delicada dentro del Estado, no se equivoquen y no causen tanto daño, como el que por su función, en realidad deben remediar.







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