El Estado como empresa

El nuevo mundo de los negocios ha generado una visión diferente por parte de los representantes del Estado, lo que dio lugar a la conformación de herramientas jurídicas distintas, que aspiran a hacer viables distintos aspectos de las relaciones económicas.
Por esa razón, a partir de la sanción de la ley de Participación Público Privada conocida como PPP, se pretende que los particulares puedan asociarse en algunos sectores de la actividad, como en infraestructura y logística, en proyectos conjuntos con los organismos institucionales, para que de esa manera pueda impulsarse una mayor dinámica en la economía y que el estado agilice su manera de trabajo yendo a la par del sector privado en temas fundamentales para el país.
Por eso, en esta entrega les acercamos una reseña de las consecuencias que trae aparejada la aplicación de la ley de PPP en nuestro país, de la que se apuesta a que ofrezca buenos resultados.
JUNTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
La ley 18.786 establece el marco regulatorio aplicable al régimen de Contratos de Participación Público Privada (PPP) para la realización de obras de infraestructura y prestación de servicios conexos. De esta manera, se establece una nueva forma de vínculo entre los privados y el Estado, sin que éste comprometa su rol en la ejecución de políticas públicas.
Los contratos de PPP son realizados por la Administración Pública que encarga a una persona de derecho privado por un período determinado, el diseño, la construcción y la operación de infraestructura, además de la financiación.
Los PPP solo podrán celebrarse cuando previamente se resuelva que otras modalidades alternativas de contratación no permiten la mejor forma de satisfacción de las finalidades públicas, según lo expresado en las disposiciones generales de la ley.
Están incluidas en la modalidad de contrato PPP las obras viales, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias, “incluidas las obras viales de caminería rural”.
También están comprendidas en esta modalidad las obras de infraestructura energética, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto-Ley Nº 14.694, de 1º de setiembre de 1977 (Ley Nacional de Electricidad) y Ley Nº 8.764, de 15 de octubre de 1931 (creación de ANCAP).
Asimismo se podrán realizar contratos PPP en el marco de obras de disposición y tratamiento de residuos. Del mismo modo, la ley se aplica a obras de infraestructura social, incluyendo cárceles, centros de salud, centros de educación, vivienda de interés social, complejos deportivos y obras de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano.
“En ningún caso, los Contratos de Participación Público-Privada podrán incluir: Servicios educativos cuando se trate de centros educativos; servicios sanitarios cuando se trate de centros de salud; servicios de seguridad, sanitarios y de reeducación de reclusos cuando se trate de cárceles”.
A los efectos de la ley promulgada se consideran comprendidos en el término “Administración Pública”, los poderes del Estado, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y gobiernos departamentales.
Los actos y contratos celebrados en el marco de la ley deberán observar los siguientes principios: transparencia y publicidad, protección del interés público, eficiencia económica, distribución de riesgos, transferencia, ecuanimidad, temporalidad, responsabilidad fiscal, control, protección del desarrollo sustentable y respeto de los derechos laborales, así como de las normas legales en particular a lo que refiere al reconocimiento y respeto a los ámbitos de negociación colectiva.
Por cada proyecto la Administración Pública contratante designará una Comisión Técnica que asesorará en todas la etapas del procedimiento de contratación, integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros, debiendo ser dos de ellos, funcionarios de la Administración Pública contratante. Aunque de lo que no se habla es el régimen al que se someterán los operarios de estas obras, algo que quedará pendiente para la próxima entrega.
(fuente: Presidencia de la República)

El nuevo mundo de los negocios ha generado una visión diferente por parte de los representantes del Estado, lo que dio

Hugo Lemos

Hugo Lemos

lugar a la conformación de herramientas jurídicas distintas, que aspiran a hacer viables distintos aspectos de las relaciones económicas.

Por esa razón, a partir de la sanción de la ley de Participación Público Privada conocida como PPP, se pretende que los particulares puedan asociarse en algunos sectores de la actividad, como en infraestructura y logística, en proyectos conjuntos con los organismos institucionales, para que de esa manera pueda impulsarse una mayor dinámica en la economía y que el estado agilice su manera de trabajo yendo a la par del sector privado en temas fundamentales para el país.

Por eso, en esta entrega les acercamos una reseña de las consecuencias que trae aparejada la aplicación de la ley de PPP en nuestro país, de la que se apuesta a que ofrezca buenos resultados.

JUNTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

La ley 18.786 establece el marco regulatorio aplicable al régimen de Contratos de Participación Público Privada (PPP) para la realización de obras de infraestructura y prestación de servicios conexos. De esta manera, se establece una nueva forma de vínculo entre los privados y el Estado, sin que éste comprometa su rol en la ejecución de políticas públicas.

Los contratos de PPP son realizados por la Administración Pública que encarga a una persona de derecho privado por un período determinado, el diseño, la construcción y la operación de infraestructura, además de la financiación.

Los PPP solo podrán celebrarse cuando previamente se resuelva que otras modalidades alternativas de contratación no permiten la mejor forma de satisfacción de las finalidades públicas, según lo expresado en las disposiciones generales de la ley.

Están incluidas en la modalidad de contrato PPP las obras viales, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias, “incluidas las obras viales de caminería rural”.

También están comprendidas en esta modalidad las obras de infraestructura energética, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto-Ley Nº 14.694, de 1º de setiembre de 1977 (Ley Nacional de Electricidad) y Ley Nº 8.764, de 15 de octubre de 1931 (creación de ANCAP).

Asimismo se podrán realizar contratos PPP en el marco de obras de disposición y tratamiento de residuos. Del mismo modo, la ley se aplica a obras de infraestructura social, incluyendo cárceles, centros de salud, centros de educación, vivienda de interés social, complejos deportivos y obras de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano.

“En ningún caso, los Contratos de Participación Público-Privada podrán incluir: Servicios educativos cuando se trate de centros educativos; servicios sanitarios cuando se trate de centros de salud; servicios de seguridad, sanitarios y de reeducación de reclusos cuando se trate de cárceles”.

A los efectos de la ley promulgada se consideran comprendidos en el término “Administración Pública”, los poderes del Estado, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y gobiernos departamentales.

Los actos y contratos celebrados en el marco de la ley deberán observar los siguientes principios: transparencia y publicidad, protección del interés público, eficiencia económica, distribución de riesgos, transferencia, ecuanimidad, temporalidad, responsabilidad fiscal, control, protección del desarrollo sustentable y respeto de los derechos laborales, así como de las normas legales en particular a lo que refiere al reconocimiento y respeto a los ámbitos de negociación colectiva.

Por cada proyecto la Administración Pública contratante designará una Comisión Técnica que asesorará en todas la etapas del procedimiento de contratación, integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros, debiendo ser dos de ellos, funcionarios de la Administración Pública contratante. Aunque de lo que no se habla es el régimen al que se someterán los operarios de estas obras, algo que quedará pendiente para la próxima entrega.

(fuente: Presidencia de la República)







El tiempo

Ediciones anteriores

septiembre 2018
L M X J V S D
« ago    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

  • Otras Noticias...