El fin puede llegar a justificar los medios

Las filmaciones con cámaras ocultas donde se ofrezcan testimonios sobre la comisión de hechos concretos que pueden ser catalogados como actos ilícitos, sirven como elementos de prueba similares a la confesión, ya que incriminan en forma directa a quien reconoce ser agente de un delito.
Claro, el mismo después tiene que ser probado cuando lo único que se logra probar es un testimonio y no la comisión en sí misma de un acto delictivo en estado de flagrancia propia o impropia. Pero asimismo, se trata de un elemento importante de prueba, para dar a conocer un caso, que de otra manera sería difícil de probar, más allá de que se cuestione su ética o que incluso se hable de una invasión en la esfera jurídica subjetiva del individuo que es pasible de esta metodología.
Porque en el caso de que estuviera cometiendo un delito, o al menos ofreciendo un testimonio de como llevar adelante un hecho ilícito, el argumento de la violación de la privacidad que muchas veces es advertido por quienes están sujetos a esto, no es más importante, o al menos no debería serlo, sobre el valor de lo que se reproduce en ese registro que deja en evidencia la comisión de un delito o la voluntad de cometerlo con la conspiración del mismo, lo que importa sobremanera por afectar principios legales mucho más importantes.
El acceso masivo a las nuevas tecnologías es un factor importante a tener en cuenta, si es empleado con responsabilidad al momento de querer recoger una prueba, para dejar en evidencia un delito. Pero se cuestiona si la ética es vulnerada cuando en el caso de quien admite un delito o es registrado cometiéndolo, no tiene conocimiento de que está bajo la lupa de otro individuo, que luego difunde el contendido de ese registro, para darlo a conocer a un tercero, sea públicamente o a una autoridad judicial y así denunciar el caso.
En Salto, uno de los primeros casos en que un juez falló en base a la presentación de registros fílmicos que fueron tomados sin conocimiento de las personas que aparecían en ese documento, fue el que incriminaba a cinco marineros pidiendo coimas a los pescadores artesanales para poder practicar la pesca furtiva, que estaba vedada en ese momento, sobre el Río Uruguay por la autoridad competente.
Las propias autoridades detectaron estas practicas ilegales a través de cámaras que fueron instaladas  en esa oportunidad y dejaron en evidencia la maniobra. La jueza penal de entonces, aceptó como elementos de prueba contundentes estos registros y envió a prisión a los funcionarios por este hecho.
En otro caso similar, ocurrido no mucho tiempo después, una serie de funcionarios públicos de Aduanas, Barreras Sanitarias del MGAP y de Migraciones de la Policía, también fueron procesados al ser incriminados a través de escuchas telefónicas captadas por las autoridades, aunque los elementos probatorios presentados en este caso son endebles y la Justicia aún no puede decretar la culpabilidad de los ex procesados.
Con todo, las filmaciones y las escuchas son elementos de prueba contundentes para poder dar a conocer hechos delictivos que de otra forma sería difícil poder dejarlos en evidencia. Y si bien por momentos puede discutirse si este tipo de mecanismos invaden la privacidad de la persona objeto de éste método, considero que cuando existen fuertes presunciones de la culpabilidad del individuo y además se cuentan con otros elementos previos que determinan el vínculo del sujeto que es objeto de la investigación, con un hecho con apariencia delictiva, como los ocurridos en estos casos, el fin puede llegar a justificar los medios.

Las filmaciones con cámaras ocultas donde se ofrezcan testimonios sobre la comisión de hechos concretos que pueden ser catalogados como actos ilícitos, sirven como elementos de prueba similares a la confesión, ya que incriminan en forma directa a quien reconoce ser agente de un delito.

Claro, el mismo después tiene que ser probado cuando lo único que se logra probar es un testimonio y no la comisión en sí

Hugo Lemos

Hugo Lemos

misma de un acto delictivo en estado de flagrancia propia o impropia. Pero asimismo, se trata de un elemento importante de prueba, para dar a conocer un caso, que de otra manera sería difícil de probar, más allá de que se cuestione su ética o que incluso se hable de una invasión en la esfera jurídica subjetiva del individuo que es pasible de esta metodología.

Porque en el caso de que estuviera cometiendo un delito, o al menos ofreciendo un testimonio de como llevar adelante un hecho ilícito, el argumento de la violación de la privacidad que muchas veces es advertido por quienes están sujetos a esto, no es más importante, o al menos no debería serlo, sobre el valor de lo que se reproduce en ese registro que deja en evidencia la comisión de un delito o la voluntad de cometerlo con la conspiración del mismo, lo que importa sobremanera por afectar principios legales mucho más importantes.

El acceso masivo a las nuevas tecnologías es un factor importante a tener en cuenta, si es empleado con responsabilidad al momento de querer recoger una prueba, para dejar en evidencia un delito. Pero se cuestiona si la ética es vulnerada cuando en el caso de quien admite un delito o es registrado cometiéndolo, no tiene conocimiento de que está bajo la lupa de otro individuo, que luego difunde el contendido de ese registro, para darlo a conocer a un tercero, sea públicamente o a una autoridad judicial y así denunciar el caso.

En Salto, uno de los primeros casos en que un juez falló en base a la presentación de registros fílmicos que fueron tomados sin conocimiento de las personas que aparecían en ese documento, fue el que incriminaba a cinco marineros pidiendo coimas a los pescadores artesanales para poder practicar la pesca furtiva, que estaba vedada en ese momento, sobre el Río Uruguay por la autoridad competente.

Las propias autoridades detectaron estas practicas ilegales a través de cámaras que fueron instaladas  en esa oportunidad y dejaron en evidencia la maniobra. La jueza penal de entonces, aceptó como elementos de prueba contundentes estos registros y envió a prisión a los funcionarios por este hecho.

En otro caso similar, ocurrido no mucho tiempo después, una serie de funcionarios públicos de Aduanas, Barreras Sanitarias del MGAP y de Migraciones de la Policía, también fueron procesados al ser incriminados a través de escuchas telefónicas captadas por las autoridades, aunque los elementos probatorios presentados en este caso son endebles y la Justicia aún no puede decretar la culpabilidad de los ex procesados.

Con todo, las filmaciones y las escuchas son elementos de prueba contundentes para poder dar a conocer hechos delictivos que de otra forma sería difícil poder dejarlos en evidencia. Y si bien por momentos puede discutirse si este tipo de mecanismos invaden la privacidad de la persona objeto de éste método, considero que cuando existen fuertes presunciones de la culpabilidad del individuo y además se cuentan con otros elementos previos que determinan el vínculo del sujeto que es objeto de la investigación, con un hecho con apariencia delictiva, como los ocurridos en estos casos, el fin puede llegar a justificar los medios.