Entramos en el bisagra del sistema jurisdiccional uruguayo

Entrado el año 2017 se avecinan importantes cambios para el sistema judicial uruguayo. Es un año bisagra donde se medirá si los proyectos tan anhelados pueden desarrollar efectivamente las transformaciones que se esperan que tenga el proceso penal de nuestro país, considerado por demás arcaico y violatorio de los preceptos más elementales de los derechos humanos, como es el principio de presunción de inocencia y el de padecer muchas veces largas prisiones preventivas, que se convierten en duras condenas previas a la determinación formal de la culpabilidad del sujeto.
Por tal motivo, con un nuevo proceso penal que irá avanzando desde el sur hacia el norte, como todo en este país, desde julio de este año, se abre una etapa nueva para la justicia uruguaya que espera poder prestar un servicio más confiable al ciudadano de a pie (el justiciable) que espera poder ver un sistema más justo, menos violatorio de los derechos de las personas, más resarcitorio, más sancionatorio en los que casos en que realmente deba ser así y más ágil.
El hecho que ahora se determine la culpabilidad de la persona en breve lapso y con un fiscal que acuse e intervenga sabiendo lo que está haciendo y no tocando de oído como ocurre en la actualidad, ya que en muchos casos los fiscales entran a última hora, leen el expediente, formulan un par de preguntas, sacan conclusiones que puedan ser apresuradas y terminen pidiendo la prisión de un tipo al que en realidad no tienen la certeza ni la convicción de que cometió un delito ha generado más problemas que soluciones. La situación actual es penosa y me hace acordar a cuando un día, caminando por los pasillos de la cárcel local, realizando la cobertura para este diario de la visita anual que hacen los ministros de la Suprema Corte de Justicia, sentí el chistido en aquel fétido e inmundo lugar (al estado edilicio me refiero) de una persona, que desde atrás de una puerta blindada y por la pequeña reja que la misma tenía me preguntó ilusionado “¿señor no sabe si hoy están dando la libertad de las personas que estamos presas y que no tenemos condena?”.
“En realidad todo puede ser, pero para eso tenés que haberte inscripto y pasar por la revista ante los jueces ¿pero vos hace cuánto que estás preso?”, le dije. A lo que el sujeto me contestó sin titubear: “tres años”. -”¿Y sin condena?” volví a preguntarle. “Sí, sin condena, lo que pasa que no tengo abogado, me acusaron de un robo y me mandaron para adentro, pero después nunca más supe en qué quedó mi causa”.
Corría el año 2006 o 2007, ya no me acuerdo, pero sé que ese caso pintó de cuerpo entero lo que es el proceso penal uruguayo, el que actualmente tenemos y el mismo que muchas veces, por su estructura y con la consideración de lo que es para el sistema actual “la falta de pruebas como para procesarlo” con la que son remitidas algunas personas, el sistema actual no ofrece las mismas garantías que sí espera ofrecer el nuevo proceso.
Ya que en el actual sistema, el juez investiga, saca conclusiones, puede llegar a prejuzgar y dicta la sentencia. Mientras que en el nuevo proceso, el juez cumple con la imparcialidad de escuchar a las partes, recayendo el protagonismo de la escena en el fiscal que será, además del actor de la pretensión punitiva, el que realice la instrucción, pregunte y acuse, al tiempo que el denunciado tendrá abogado defensor y podrá dilucidar el caso ante el juez, el cual al final de oír a las partes y evaluar la prueba, recién ahí resolverá a favor o en contra. Y no como ahora que los procesan con prisión y estando en reclusión el sujeto, se va desarrollando el juicio, algo que se contrapone con el principio de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

HUGO LEMOS







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