Habría que separar los poderes

El principio de separación de poderes que debe reinar como un manto sagrado en un régimen democrático y republicano como el nuestro,  está mal desde siempre y no desde ahora. La separación de poderes implica independencia de los mismos entre sí, sin embargo, el Poder Judicial no tiene independencia en muchos aspectos. No solamente económica, sino también funcional, porque a sus máximas autoridades las elige el parlamento con las mayorías especiales previstas en la Constitución.
Quiere decir, que los mayores acuerdos político partidarios se producen justamente para poder designar a tal o cual juez como ministro de la Suprema Corte de Justicia, que supuestamente debe estar ajena a este tipo de acuerdos y trámites.
La Suprema Corte de Justicia es el órgano judicial máximo de nuestro país. La misma se compone de cinco miembros, los que duran diez años en sus funciones, aunque cesan antes si llegan a los setenta años que es la edad máxima para ocupar cargos judiciales en Uruguay. Son elegidos por la Asamblea General (Poder Legislativo), por el voto de mayorías especiales. Sin embargo, si pasados los noventa días de producida una vacante no se ha hecho la designación, ahí sí queda designado automáticamente el ministro de los Tribunales de Apelaciones con más antigüedad en su cargo.
Por lo tanto la injerencia del poder político en el Poder Judicial es institucionalmente reconocida y opera desde el vamos. Por lo tanto, no entiendo cómo ahora, desde la propia jueza Mariana Mota, hasta los manifestantes que la apoyaron en los desmanes ocurridos días pasados en la Corte, aducen que “no hay independencia”, porque legalmente no la hay y está mal que así sea.
La separación de poderes en todo Estado de Derecho y en todo régimen democrático implica la distribución de las funciones estatales entre los distintos sistemas orgánicos, que son los poderes.
Estos tienen como características su necesaria separación para actuar con transparencia, deben ser  representativos y sobre todas las cosas independientes y por consiguiente insustituibles, porque cuando algo los sustituye, ya no estamos frente a un Estado de Derecho.
El Poder Legislativo es el que crea la norma, el Poder Ejecutivo es el que la ejecuta y el Poder Judicial el que la interpreta y la aplica, impartiendo y administrando justicia.
Los actos de los Poderes, no pueden ser extinguidos, por razones de mérito ni por los otros Poderes
porque no puede haber una prevalencia de un Poder sobre los restantes. Pero la verdadera separación de poderes pasa por el respeto a las decisiones y no al cobro de facturas cuando una decisión cae mal.
El Poder Judicial tiene independencia técnica y puede fallar en contra de las decisiones de un gobierno, como el caso del ICIR, que es un claro ejemplo de que al menos el presidente no tiene injerencia en ese ámbito, algo que es bastante importante, aunque los uruguayos no nos demos cuenta.
Pero aun así, debería operar la corrección de algo que es clave para reafirmar esa independencia de poderes, y no es otra cosa que el hecho de que la elección de los altos magistrados del Poder Judicial de nuestro país, no sea por acuerdos político partidarios que importen mayorías especiales, sino por antigüedad, mérito y reconocimiento interno dentro del Poder Judicial, le daría más transparencia y cristalinidad a los fallos y las decisiones de quienes deben aplicar las leyes y relacionarse con ese término tan vilipendiado, como es el de impartir “justicia”.

El principio de separación de poderes que debe reinar como un manto sagrado en un régimen democrático y republicano como el nuestro,  está mal desde siempre y no desde ahora. La separación de poderes implica independencia de los

Hugo Lemos

Hugo Lemos

mismos entre sí, sin embargo, el Poder Judicial no tiene independencia en muchos aspectos. No solamente económica, sino también funcional, porque a sus máximas autoridades las elige el parlamento con las mayorías especiales previstas en la Constitución.

Quiere decir, que los mayores acuerdos político partidarios se producen justamente para poder designar a tal o cual juez como ministro de la Suprema Corte de Justicia, que supuestamente debe estar ajena a este tipo de acuerdos y trámites.

La Suprema Corte de Justicia es el órgano judicial máximo de nuestro país. La misma se compone de cinco miembros, los que duran diez años en sus funciones, aunque cesan antes si llegan a los setenta años que es la edad máxima para ocupar cargos judiciales en Uruguay. Son elegidos por la Asamblea General (Poder Legislativo), por el voto de mayorías especiales. Sin embargo, si pasados los noventa días de producida una vacante no se ha hecho la designación, ahí sí queda designado automáticamente el ministro de los Tribunales de Apelaciones con más antigüedad en su cargo.

Por lo tanto la injerencia del poder político en el Poder Judicial es institucionalmente reconocida y opera desde el vamos. Por lo tanto, no entiendo cómo ahora, desde la propia jueza Mariana Mota, hasta los manifestantes que la apoyaron en los desmanes ocurridos días pasados en la Corte, aducen que “no hay independencia”, porque legalmente no la hay y está mal que así sea.

La separación de poderes en todo Estado de Derecho y en todo régimen democrático implica la distribución de las funciones estatales entre los distintos sistemas orgánicos, que son los poderes.

Estos tienen como características su necesaria separación para actuar con transparencia, deben ser  representativos y sobre todas las cosas independientes y por consiguiente insustituibles, porque cuando algo los sustituye, ya no estamos frente a un Estado de Derecho.

El Poder Legislativo es el que crea la norma, el Poder Ejecutivo es el que la ejecuta y el Poder Judicial el que la interpreta y la aplica, impartiendo y administrando justicia.

Los actos de los Poderes, no pueden ser extinguidos, por razones de mérito ni por los otros Poderes

porque no puede haber una prevalencia de un Poder sobre los restantes. Pero la verdadera separación de poderes pasa por el respeto a las decisiones y no al cobro de facturas cuando una decisión cae mal.

El Poder Judicial tiene independencia técnica y puede fallar en contra de las decisiones de un gobierno, como el caso del ICIR, que es un claro ejemplo de que al menos el presidente no tiene injerencia en ese ámbito, algo que es bastante importante, aunque los uruguayos no nos demos cuenta.

Pero aun así, debería operar la corrección de algo que es clave para reafirmar esa independencia de poderes, y no es otra cosa que el hecho de que la elección de los altos magistrados del Poder Judicial de nuestro país, no sea por acuerdos político partidarios que importen mayorías especiales, sino por antigüedad, mérito y reconocimiento interno dentro del Poder Judicial, le daría más transparencia y cristalinidad a los fallos y las decisiones de quienes deben aplicar las leyes y relacionarse con ese término tan vilipendiado, como es el de impartir “justicia”.