Inclusión financiera limita forma de pago de transacciones

“Estuve ya en cinco países y en el único en el que tuve que tener dinero en efectivo en el bolsillo para poder comprar algo ¿saben cuál fue?, Uruguay”, contó el entonces ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, en un seminario al que asistí en el año 2011, en la Universidad Católica en Montevideo sobre Economía Para Periodistas.
En aquel momento, Lorenzo anticipaba la idea de una ley como la de inclusión financiera que se aprobara hace poco tiempo y que en realidad cambiara mucho más que el hecho de incluir a los bancos como instituciones de pago.
Sino que además limita la forma manera en la que deben cumplirse algunas transacciones y sostiene la modalidad en la que deben ser cumplidas algunas obligaciones.
En ese sentido, el artículo 35 de la Ley de Inclusión Financiera Nº19.210, establece la “Restricción al uso del efectivo para ciertos pagos”. En ese aspecto soslaya que “a partir del primer día del mes siguiente al año a contar desde la vigencia de la presente ley, no podrá abonarse con efectivo el precio de toda operación de enajenación de bienes o prestación de servicios cuyo importe total sea igual o superior al equivalente a 40.000 UI (cuarenta mil unidades indexadas, unos 118.416 pesos uruguayos actuales), en la que al menos una de las partes de la relación sea una persona jurídica o persona física que actúe en calidad de titular de una empresa unipersonal, socio de una sociedad de hecho, sociedad irregular, sociedad civil o similar. Se entenderá por efectivo el papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros”.
En ese sentido, establece cortapisas a los pagos en dinero para determinadas transacciones. Mientras que el artículo 36, estipula lo que son los “Medios de pago admitidos para operaciones de elevado monto”, señalando que “desde la vigencia de la presente ley, el pago del precio de toda operación de enajenación de bienes o prestación de servicios cuyo importe total sea igual o superior al equivalente a 160.000 UI (ciento sesenta mil unidades indexadas, $470.496 pesos), cualesquiera sean los sujetos contratantes, sólo podrá realizarse a través de medios de pago electrónicos o cheques diferidos cruzados no a la orden”.
También establece que “se podrá admitir para realizar los pagos a los que refiere el inciso anterior, durante el plazo y en los casos y condiciones que establezca la reglamentación, la utilización de cheques cruzados no a la orden”.
Asimismo, el artículo 38 refiere a las Excepciones, estableciendo que “lo dispuesto en los artículos 35 y 36 precedentes no será de aplicación en los casos en que una de las partes de la relación sea una institución de intermediación financiera, una institución emisora de dinero electrónico o una entidad que preste servicios financieros de cambio, crédito o transferencias domésticas y al exterior regulada por el Banco Central del Uruguay”. Aclara asimismo que “la reglamentación podrá extender esta excepción a otras instituciones de similar naturaleza a las previstas en el inciso anterior”.
“Estuve ya en cinco países y en el único en el que tuve que tener dinero en efectivo en el bolsillo para poder comprar algo ¿saben cuál fue?, Uruguay”, contó el entonces ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, en un seminario al que asistí en el año 2011, en la Universidad Católica en Montevideo sobre Economía Para Periodistas.
En aquel momento, Lorenzo anticipaba la idea de una ley como la de inclusión financiera que se aprobara hace poco tiempo y que en realidad cambiara mucho más que el hecho de incluir a los bancos como instituciones de pago.
Sino que además limita la forma manera en la que deben cumplirse algunas transacciones y sostiene la modalidad en la que deben ser cumplidas algunas obligaciones.
En ese sentido, el artículo 35 de la Ley de Inclusión Financiera Nº19.210, establece la “Restricción al uso del efectivo para ciertos pagos”. En ese aspecto soslaya que “a partir del primer día del mes siguiente al año a contar desde la vigencia de la presente ley, no podrá abonarse con efectivo el precio de toda operación de enajenación de bienes o prestación de servicios cuyo importe total sea igual o superior al equivalente a 40.000 UI (cuarenta mil unidades indexadas, unos 118.416 pesos uruguayos actuales), en la que al menos una de las partes de la relación sea una persona jurídica o persona física que actúe en calidad de titular de una empresa unipersonal, socio de una sociedad de hecho, sociedad irregular, sociedad civil o similar. Se entenderá por efectivo el papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros”.
En ese sentido, establece cortapisas a los pagos en dinero para determinadas transacciones. Mientras que el artículo 36, estipula lo que son los “Medios de pago admitidos para operaciones de elevado monto”, señalando que “desde la vigencia de la presente ley, el pago del precio de toda operación de enajenación de bienes o prestación de servicios cuyo importe total sea igual o superior al equivalente a 160.000 UI (ciento sesenta mil unidades indexadas, $470.496 pesos), cualesquiera sean los sujetos contratantes, sólo podrá realizarse a través de medios de pago electrónicos o cheques diferidos cruzados no a la orden”.
También establece que “se podrá admitir para realizar los pagos a los que refiere el inciso anterior, durante el plazo y en los casos y condiciones que establezca la reglamentación, la utilización de cheques cruzados no a la orden”.
Asimismo, el artículo 38 refiere a las Excepciones, estableciendo que “lo dispuesto en los artículos 35 y 36 precedentes no será de aplicación en los casos en que una de las partes de la relación sea una institución de intermediación financiera, una institución emisora de dinero electrónico o una entidad que preste servicios financieros de cambio, crédito o transferencias domésticas y al exterior regulada por el Banco Central del Uruguay”. Aclara asimismo que “la reglamentación podrá extender esta excepción a otras instituciones de similar naturaleza a las previstas en el inciso anterior”.
HUGO LEMOS