Jueces tuvieron su “día ante el gobierno”

Ahora se dio vuelta la torta y quienes deben impartir justicia, ejecutar y hacer cumplir lo juzgado, son los que reclaman que una ley no se aplica por parte del gobierno, del mismo que mandató a sus legisladores a hacer una ley para después evitar cumplirla, ¿y a quién tenía como destinatarios?, justamente a quienes son los que hacen cumplir las leyes en nuestro país, los jueces.
Así como lo consagra el debido proceso, que los justiciables deben tener “su día ante el tribunal”, la coyuntura hizo que los funcionarios judiciales ayer tuvieron “su día ante el gobierno” que los rige, porque por más que ellos integren un poder del Estado diferente al que gobierna el país, por más que sientan que no están bajo su égida, por más que intenten convencerse que son distintos, que son iguales y que están a la altura del primer poder del Estado, el Ejecutivo, porque de lo contrario no se cumpliría con el principio de separación de poderes y por ende, con el sistema democrático republicano tal cual lo concebimos, una simple negativa del presidente de la República bastó para que el Poder Judicial corriera a reclamarle lo que le pertenece y que el Poder Ejecutivo se irroga la atribución de negárselo.
Tras esto, mucha gente, incluso entre los propios magistrados sonó raro el tema de salir a la calle a protestar y de hacer huelga. Pero ante esta situación la propia gremial de jueces salió a decir que ellos también están amparados en el derecho de huelga, en tanto son funcionarios públicos y en ese aspecto, nadie les puede decir que sus medidas agravian el funcionamiento del sistema, como se escuchó decir en las últimas horas.
Si bien la Constitución de la República es simplemente una norma madre, de la cual emanan los principios que rigen la base de todas las leyes de nuestro país, tres artículos de la Carta Magna le atribuyen derechos a los magistrados a realizar una huelga y a dejar sin funcionar a uno de los tres poderes del Estado, justamente al más relegado, que tiene una enorme injerencia del poder político, puesto que a sus máximas autoridades no las elige un tribunal interno después de un llamado a concurso, ni mucho menos acceden por su trayectoria en un sistema por antigüedad o algo parecido, sino que los eligen los políticos, la Asamblea General con los dos tercios de votos del total de sus componentes.
Esta situación dirime muchas cosas y al estar en sintonía con quienes gobiernen es más fácil acceder al cargo, por más que como es políticamente incorrecto decirlo, se hagan los distraídos, políticos y magistrados, y digan que no es así. Pero también son dependientes porque no tienen un presupuesto propio, dependen de lo que les de el gobierno de turno y eso es injerencia, y atenta contra el principio de separación de poderes, que tanto queremos imitar pero desde que nos constituimos como país, no nos sale.
LAS NORMAS
Por un lado, el artículo 7º, de la Constitución establece que “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general”. Por lo tanto, la premisa de proteger su honor, libertad y trabajo, es parte de lo que hicieron hoy con una manifestación pública.
Pero el peso mayor lo tiene el artículo 57 de la Carta Magna, el cual señala que “la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Promoverá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje.
Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad”.
En ese aspecto, la huelga es un derecho consagrado en la Constitución para todos los habitantes del país, sin importar la tarea que les toque hacer. El derecho a la huelga existe, por lo tanto nunca una huelga puede ser ilegal, podrá ser ilegítima en el sentido de la inconsulta con sus involucrados, pero nunca ilegal.
Y por  último, el artículo 72, que establece que “La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”. Esto ratifica la idea del hombre libre y en pleno goce de sus derechos para defender sus intereses en forma legítima. El habitante del país tiene derechos que prevalecen más allá de su condición laboral, y en ese aspecto, los magistrados ayer tuvieron “su día ante el gobierno”. Que después tengan peso político y resultados positivos en sus reclamos, es otra cosa.
Ahora se dio vuelta la torta y quienes deben impartir justicia, ejecutar y hacer cumplir lo juzgado, son los que reclaman que una ley no se aplica por parte del gobierno, del mismo que mandató a sus legisladores a hacer una ley para después evitar cumplirla, ¿y a quién tenía como destinatarios?, justamente a quienes son los que hacen cumplir las leyes en nuestro país, los jueces.
Así como lo consagra el debido proceso, que los justiciables deben tener “su día ante el tribunal”, la coyuntura hizo que los funcionarios judiciales ayer tuvieron “su día ante el gobierno” que los rige, porque por más que ellos integren un poder del Estado diferente al que gobierna el país, por más que sientan que no están bajo su égida, por más que intenten convencerse que son distintos, que son iguales y que están a la altura del primer poder del Estado, el Ejecutivo, porque de lo contrario no se cumpliría con el principio de separación de poderes y por ende, con el sistema democrático republicano tal cual lo concebimos, una simple negativa del presidente de la República bastó para que el Poder Judicial corriera a reclamarle lo que le pertenece y que el Poder Ejecutivo se irroga la atribución de negárselo.
Tras esto, mucha gente, incluso entre los propios magistrados sonó raro el tema de salir a la calle a protestar y de hacer huelga. Pero ante esta situación la propia gremial de jueces salió a decir que ellos también están amparados en el derecho de huelga, en tanto son funcionarios públicos y en ese aspecto, nadie les puede decir que sus medidas agravian el funcionamiento del sistema, como se escuchó decir en las últimas horas.
Si bien la Constitución de la República es simplemente una norma madre, de la cual emanan los principios que rigen la base de todas las leyes de nuestro país, tres artículos de la Carta Magna le atribuyen derechos a los magistrados a realizar una huelga y a dejar sin funcionar a uno de los tres poderes del Estado, justamente al más relegado, que tiene una enorme injerencia del poder político, puesto que a sus máximas autoridades no las elige un tribunal interno después de un llamado a concurso, ni mucho menos acceden por su trayectoria en un sistema por antigüedad o algo parecido, sino que los eligen los políticos, la Asamblea General con los dos tercios de votos del total de sus componentes.
Esta situación dirime muchas cosas y al estar en sintonía con quienes gobiernen es más fácil acceder al cargo, por más que como es políticamente incorrecto decirlo, se hagan los distraídos, políticos y magistrados, y digan que no es así. Pero también son dependientes porque no tienen un presupuesto propio, dependen de lo que les de el gobierno de turno y eso es injerencia, y atenta contra el principio de separación de poderes, que tanto queremos imitar pero desde que nos constituimos como país, no nos sale.
LAS NORMAS
Por un lado, el artículo 7º, de la Constitución establece que “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general”. Por lo tanto, la premisa de proteger su honor, libertad y trabajo, es parte de lo que hicieron hoy con una manifestación pública.
Pero el peso mayor lo tiene el artículo 57 de la Carta Magna, el cual señala que “la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Promoverá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje.
Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad”.
En ese aspecto, la huelga es un derecho consagrado en la Constitución para todos los habitantes del país, sin importar la tarea que les toque hacer. El derecho a la huelga existe, por lo tanto nunca una huelga puede ser ilegal, podrá ser ilegítima en el sentido de la inconsulta con sus involucrados, pero nunca ilegal.
Y por  último, el artículo 72, que establece que “La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”. Esto ratifica la idea del hombre libre y en pleno goce de sus derechos para defender sus intereses en forma legítima. El habitante del país tiene derechos que prevalecen más allá de su condición laboral, y en ese aspecto, los magistrados ayer tuvieron “su día ante el gobierno”. Que después tengan peso político y resultados positivos en sus reclamos, es otra cosa.
HUGO LEMOS