La acción de amparo, una garantía para ejercer derechos

La acción de amparo es una garantía legal que lo que busca es la protección de un derecho cuando el mismo se ve vulnerado por el menoscabo que supone la actividad de un tercero.  Con ese espíritu fue sancionada la ley Nº16.011 que establece un proceso sumarísimo, con la finalidad de que el titular de un un interés directo, personal y legítimo, que vea amenazado el cumplimiento de un derecho que le asiste, pueda pedir una acción legal para lograr hacer valer el mismo.
Según la doctrina, el amparo es una garantía por medio del cual el titular de un derecho amenazado o afectado ilegítimamente le pide al juez competente que lo proteja y que haga cesar los efectos de la amenaza o de una eventual lesión.
La acción de amparo es esencialmente, un instituto de Derecho Público, sin perjuicio de su extensión a los conflictos originados entre particulares. El amparo es una garantía de los Derechos Humanos amenazados o eventualmente lesionados. La naturaleza jurídica de la acción de amparo es la garantía que tiene el justiciable para exigir el cumplimiento de sus derechos.
El amparo no tiene una consagración expresa en nuestra Constitución, aunque parte de la doctrina señala que el fundamento legal lo da el artículo 7 de la Carta Magna, aunque además la doctrina sostiene que la interpretación de los artículos 7,10, 72 y 332 de la Constitución asisten al fundamento legal de esa acción.
El apartado A inc. 2 del art. 1 de la ley 16011 no permite la acción de amparo “contra los actos jurisdiccionales, cualquiera sea su naturaleza y el órgano del que emanen. En lo que refiere a los actos emanados de los órganos del Poder Judicial, se entiende por actos jurisdiccionales, además de las sentencias, todos los dictados por los jueces en el curso de los procesos contenciosos”, ya que no es un recurso de impugnación.
Aunque en el caso de los trabajadores, la acción de amparo procede cuando busca proteger el derecho de los trabajadores que ven afectado su interés, personal y legítimo, en este caso contra las medidas de fuerza que impone un sindicato y que no les permite ejercer su derecho al trabajo.

La acción de amparo es una garantía legal que lo que busca es la protección de un derecho cuando el mismo se ve vulnerado por el

<p>Hugo Lemos</p>

Hugo Lemos

menoscabo que supone la actividad de un tercero.  Con ese espíritu fue sancionada la ley Nº16.011 que establece un proceso sumarísimo, con la finalidad de que el titular de un un interés directo, personal y legítimo, que vea amenazado el cumplimiento de un derecho que le asiste, pueda pedir una acción legal para lograr hacer valer el mismo.

Según la doctrina, el amparo es una garantía por medio del cual el titular de un derecho amenazado o afectado ilegítimamente le pide al juez competente que lo proteja y que haga cesar los efectos de la amenaza o de una eventual lesión.

La acción de amparo es esencialmente, un instituto de Derecho Público, sin perjuicio de su extensión a los conflictos originados entre particulares. El amparo es una garantía de los Derechos Humanos amenazados o eventualmente lesionados. La naturaleza jurídica de la acción de amparo es la garantía que tiene el justiciable para exigir el cumplimiento de sus derechos.

El amparo no tiene una consagración expresa en nuestra Constitución, aunque parte de la doctrina señala que el fundamento legal lo da el artículo 7 de la Carta Magna, aunque además la doctrina sostiene que la interpretación de los artículos 7,10, 72 y 332 de la Constitución asisten al fundamento legal de esa acción.

El apartado A inc. 2 del art. 1 de la ley 16011 no permite la acción de amparo “contra los actos jurisdiccionales, cualquiera sea su naturaleza y el órgano del que emanen. En lo que refiere a los actos emanados de los órganos del Poder Judicial, se entiende por actos jurisdiccionales, además de las sentencias, todos los dictados por los jueces en el curso de los procesos contenciosos”, ya que no es un recurso de impugnación.

Aunque en el caso de los trabajadores, la acción de amparo procede cuando busca proteger el derecho de los trabajadores que ven afectado su interés, personal y legítimo, en este caso contra las medidas de fuerza que impone un sindicato y que no les permite ejercer su derecho al trabajo.