La política de seguridad se ha visto entrampada por las leyes creadas posteriormente a la Constitución

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

El artículo 7º de la Constitución de la República establece que el Estado debe garantizar la seguridad de la población. Para ello creó el Ministerio del Interior dentro de la estructura del gobierno y dentro de su organigrama, está la Policía Nacional.
La policía fue creada como auxiliar de la justicia, es el brazo armado para actuar frente a los delitos que comete la sociedad civil. Sin embargo, más allá de que su génesis que tal como dice su ley orgánica, nace para prestar la seguridad de la que habla la Constitución, ese mandato tiene hoy otras limitaciones.
En primer lugar, cabe decir que la Policía no puede impedir que se lleven a cabo hechos delictivos. Esos están en la mente humana y la conducta de los agentes del delito, producen esa disfunción del sistema, vulnerando las normas de convivencia que tenemos quienes vivimos en sociedad. Es decir, la policía no va a impedir que alguien robe, puede prevenirlo, disuadirlo o reprimirlo, pero no impedirlo. No tiene la bola de cristal para saber dónde habrá un hecho delictivo.
Además, la ley de procedimiento policial Nº18.315, tiene algunos aspectos que refieren a los procedimientos que deben llevar a cabo los funcionarios, donde no pueden realizar ni actuaciones, ni tampoco detenciones de personas de manera arbitraria. Es decir, deben tener algunos requisitos que establecen cómo y cuándo deben llevar a cabo un procedimiento que pueda llegar a terminar con la detención de una persona.
Asimismo, el nuevo Código del Proceso Penal, ratifica aún más esas limitaciones diciéndole a los funcionarios que deben munirse de elementos probatorios que respalden sus actuaciones, salvo en los casos donde hay flagrancia, es decir, donde puedan detener a los agentes del delito con las “manos en la masa”.
En caso contrario, la detención estaría vulnerando los derechos del sospechoso por no contar con elementos que ratifiquen la actuación policial y eso ameritaría la libertad del detenido sin mayores consecuencias.
Lo anteriormente expuesto es apenas un somero repaso de cómo viven las instituciones que fueron creadas para garantizar la seguridad de la población, su función en los tiempos que corren. Las mismas normas que fueron creadas posteriormente, son las que le ponen cortapisas a su tarea. En tanto no haya una política legislativa coherente y acorde a la realidad que vive nuestra sociedad, será cada vez más difícil combatir el delito, el cual siempre seguirá existiendo pues la mente humana es imprevisible y no está libre de cometerlos.

Hugo Lemos







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