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Legisladores modifican el CPP jerarquizando a los fiscales. ¿Más líos todavía?

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

La situación de seguridad tiene un problema de fondo en este país y es el marco normativo que tiene, porque son particularmente las nuevas normativas, las que en cierta medida apañan que se produzcan ciertos hechos delictivos, ya que las mayores trabas para poder aclarar algunos de los casos que se dan, las pone la propia ley.
Esto es algo que debe reconocerse y en ese sentido, los legisladores, con un espíritu de tratar de superar el nivel de violencia que se vive en nuestro país, ya están dando muestras de ponerse a trabajar con el fin de mejorar la legislación y que las instituciones tengan mayor poder a la hora de actuar y más facilidades para poder penar a quienes cometen delitos.
El parlamento discute las modificaciones imperiosas que tiene que tener el Código del Proceso Penal, que fue empezó a regir el pasado 1º de noviembre y que tantos dolores de cabeza ha traído, sobre todo porque como dicen los especialistas en la materia, el agente del delito sabe hasta dónde puede hacer qué cosas, con el fin de evitar ser detenido e imputado de un delito.
Ayer, el diario El País publicó que en la Cámara de Representantes, los diputados acordaron que en lugar de la palabra “preceptiva” —que establece la prisión preventiva como regla para los delitos graves— se señale que el fiscal “debe” pedirla (a la prisión preventiva) en casos de que exista peligro para la sociedad, fuga o entorpecimiento del juicio o cuando el imputado sea reiterante o reincidente o cometa delitos graves.
Dentro de la lista de delitos graves que analizaban los legisladores están las rapiñas, los homicidios dolosos y con agravantes, el copamiento y el secuestro, entre otros delitos. Así como los delitos de narcotráfico y de lavado de activos cuando la posible pena sea de penitenciaría (esto es más de 24 meses de prisión), le informaron al diario capitalino desde la Bancada del Frente Amplio que es la que tiene los votos suficientes como para realizar por sí misma las modificaciones que entienda pertinente.
Entre los legisladores analizan disponer de manera constitutiva en el nuevo CPP que el juez “debe ceñirse” estrictamente al pedido del fiscal. La nueva redacción supone una lógica que respeta los principios del sistema penal acusatorio donde el fiscal es el centro y no el juez, esto atiende algunas de las críticas de juristas.
Sin embargo, ha cobrado una relevancia histórica la figura del fiscal en el proceso penal, que el mismo pasa a tener con esta propuesta una suerte de súper poderes, algo que trasciende el principio de congruencia procesal, el que fija ciertos parámetros para que el juez y el fiscal estén en consonancia con la sanción, no debía haber una diferencia abismal en la resolución final.
Pero el hecho de que el magistrado deba ceñirse a lo que le pida el fiscal puede generar inconvenientes por la pérdida de independencia que debe tener un juez, a la hora de tomar una resolución. Una cosa es clara, las modificaciones al CPP son tan bienvenidas como necesarias, pero jerarquizar a unos sobre otros va a generar más líos de los que ya hay en la estructura procesal actual. Aunque por ahora veremos qué resuelven los políticos de todos los partidos que son los encargados de hacer las reglas de juego con las que tenemos que vivir todos.

Hugo Lemos