Leyes de mi país. “Porque la ignorancia no sirve de excusa”

Familia del policía ultimado y los hijos de la mujer víctima de Femicidio deberán recibir una pensión

Cuando ocurrió el asesinato del Policía que estaba custodiando a Olga Costa, la mujer ultimada por su expareja hace hoy una semana, la situación en la que muchos pensaron era, en cómo iba a quedar parada económicamente la familia del funcionario policial, Fernando Farinha, ultimado por el criminal.
A esto se suman los dichos del padre del policía fallecido, que a través de algunos medios de comunicación y de las redes sociales, habló al respecto y dijo que la viuda y los hijos del funcionario abatido la semana pasada están pasando angustias y que en tal sentido, el Ministerio del Interior debía abogar por resolver cuanto antes la situación.
En tal sentido, desde el año 2012, fue aprobada la ley Nº 19.039, que establece el pago de una pensión a las víctimas de delitos violentos, con el fin de que en estos casos, las familias de las víctimas puedan obtener una reparación estatal para sobrellevar los percances que le generan el vacío que deja la persona que pasa a estar ausente en el hogar.
Se trata de las víctimas de los delitos violentos. Y en ese caso, en el artículo 1º se establece que se crea una “prestación de seguridad social denominada Pensión a las Víctimas de Delitos
Violentos, la que estará a cargo del Banco de Previsión Social”.
La misma ley asegura que los reclusos que trabajen y reciban salario por ello harán un aporte económico al Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito del orden de un 10% (diez por ciento) de sus ingresos.
A los efectos de la financiación, el empleador actuará como agente de retención de la suma debiendo remitir dicho monto al Ministerio del Interior. En cuanto al hecho generador de esta pensión establecida por ley, el artículo 3º de la referida norma establece que cuando ocurriere, dentro del territorio nacional, un homicidio en ocasión de delitos (tales como) rapiña, copamiento o secuestro o cuando una persona resulte incapacitada en forma absoluta para todo trabajo, por haber sido víctima, dentro del territorio nacional, de cualquiera de los delitos referidos anteriormente, se generará derecho a la pensión creada por esta ley, siempre y cuando la víctima no sea el autor, coautor o cómplice del delito y tenga residencia en el país.
Si bien en este caso, el homicidio ocurrió por el cumplimiento del deber del funcionario policial, el mismo se dio con el fin de cometer un daño contra un tercero, algo que efectivamente ocurrió, como fue el femicido de Olga Costa, cuyos hijos podrán hacerse acreedores a dicha pensión.
Además, el monto de la misma será de carácter mensual y su valor será de 6 BPC (seis Bases de Prestaciones y Contribuciones). Cada BPC, al 1º de enero de 2018 es de $3.848 pesos, por lo cual el monto total a pagar en estos casos de carácter mensual es de $23.088 pesos.
BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de esta prestación son las siguientes personas: A) El cónyuge de la víctima de homicidio. B) El concubino de la víctima de homicidio, acreditando dicha condición, de
acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 18.246, de 27 de diciembre de 2007. C) Los hijos menores de la víctima del homicidio ocasionado de acuerdo con el artículo 3º y bajo las condiciones establecidas en los artículos 10 y 11 de esta ley.
D) Los hijos de la víctima de homicidio que siendo solteros mayores de dieciocho años de edad, estén absolutamente incapacitados para todo trabajo, de acuerdo a lo dictaminado por el Banco de Previsión Social. E) Quien resulte incapacitado en forma absoluta para todo trabajo remunerado, por haber sido víctima de rapiña, secuestro o copamiento.
CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN
En tanto que la norma señala que los viudos o concubinos beneficiarios deberán acreditar, la dependencia económica que tenían con el causante de esta situación o la carencia de ingresos suficientes que poseen en función sobre todas las cosas, de la ausencia del mismo. Asimismo, la ley dice que las viudas o concubinas beneficiarias tendrán derecho al beneficio siempre que sus ingresos mensuales no superen la suma establecida en el artículo 26 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, con los reajustes correspondientes. (Tratándose de las viudas, tendrán derecho al beneficio siempre que sus ingresos mensuales no superen la suma de $ 15.000, quince mil pesos uruguayos).
Y la ley sigue, puede leerse googleando el número de la misma, con el fin de conocer en detalle qué beneficios reclamar y cuáles no corresponden.







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