Los delitos contra la corrupción

Tras el escándalo de la FIFA, donde todos hablamos de lo que está pasando en nuestro medio con las actuaciones de

Hugo Lemos

Hugo Lemos

altos dirigentes del fútbol que están implicados en el asunto, como el caso del expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Eugenio Figueredo, es bueno saber cómo se penaliza en nuestro país los delitos relacionados con actos de corrupción, según lo que establecen las normas del Código Penal referidas al tema.
Si bien el hecho genera un complejo caso de corrupción, donde por ahora los que están involucrados son organismos privados y no públicos, los casos de corrupción pueden llegar a alcanzar, según un atisbo de lo especificado en la denuncia que hacen los organismos de investigación federal de los Estados Unidos, a entidades públicas de varios países. Aún así, la situación con Uruguay no está del todo clara, porque si bien en principio solamente aparece Figueredo como implicado en el asunto, el caso puede llegar a mayores, por ahora solo habrá que esperar.
DELITOS DE CORRUPCIÓN
El artículo 153 del Código Penal uruguayo establece el delito de Peculado. Señalando que “el funcionario público que se apropiare el dinero o las cosas muebles, de que estuviere en posesión por razón de su cargo, pertenecientes al Estado, o a los particulares, en beneficio propio o ajeno, será castigado con un año de prisión a seis de penitenciaría y con inhabilitación especial de dos a seis años”.
Este tipo de casos ya ha sido denunciado en nuestro medio cuando algunos funcionarios públicos, se han apropiado de cosas de valor que han sido objeto de procedimientos específicos. Por lo cual, se les ha tipificado este delito y el hecho que lo distingue es que para cometerlo debe ser un funcionario público, de lo contrario no se configura el peculado.
Este delito tiene un atenuante previsto legalmente, en el artículo 154 señalando al mismo como “al hecho de tratarse de dinero o cosas de poco valor y la reparación del daño previamente a la acusación fiscal”.
En tanto, existe la figura del delito de “Peculado por aprovechamiento del error de otro”, donde señala que “el funcionario público que en ejercicio de su cargo, aprovechándose del error de otro, recibiere o retuviere, indebidamente, en beneficio propio o ajeno, dinero u otra cosa mueble, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión y dos a cuatro años de inhabilitación especial”.
Esto para quien recibe algo que sabe que no le corresponde obtenerlo, y en ese caso, se aprovecha de la cosa para su provecho personal sin denunciar el error.
Pero otro de los delitos asociados a los casos de corrupción, es el que está establecido en el artículo 155 que habla de la “Concusión”. Allí señala que “el funcionario público, que, con abuso de su calidad de tal, o del cargo que desempeña, compeliere o indujere a alguno a dar o prometer indebidamente a él o a un tercero, dinero u otro provecho cualquiera, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, e inhabilitación especial de dos a seis años”.
Aquí hace referencia a que quien presiona para que se le dé dinero, con la finalidad de dar o prometer alguna actividad relacionada con su función pública será sancionado.
Después está el caso del artículo 157 que habla de la figura del “Cohecho simple”, que señala que lo comete “el funcionario público que, por ejecutar un acto de su empleo recibe, por sí mismo, o por un tercero, para sí mismo o para un tercero una retribución que no le fuera debida, o aceptare la promesa de ella, será castigado con una multa de trescientos a dos mil pesos e inhabilitación especial de dos a cuatro años”.
El funcionario que acepta una recompensa en dinero por ejecutar un acto en base a la función pública que desarrolla, es castigado por la ley. Aunque se admite una rebaja de la pena de la tercera parte a la mitad, cuando el funcionario público acepta la retribución, por un acto ya cumplido, relativo a sus funciones.
El artículo siguiente agrava la figura del Cohecho cuando sostiene que el “Cohecho calificado ocurre cuando el funcionario público que, por retardar u omitir un acto relativo a su cargo, o por ejecutar un acto contrario a los deberes del mismo, recibe por sí mismo o por otro, para sí o para otro, dinero u otro provecho, o acepta su promesa, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión e inhabilitación especial de dos a seis años”.
“La pena será aumentada de un tercio a la mitad, si el hecho tuviere por efecto: La concesión de un empleo público, estipendios, pensiones, honores, o la celebración de un contrato en que estuviere interesada la repartición a la cual pertenece el funcionario. El favor o el daño de las partes litigantes en juicio civil o criminal”.
Mientras que el artículo 159 establece uno de los delitos más antiguos que se conocieren, el soborno. Y admite que “el que indujere a un funcionario público a cometer cualquiera de los delitos previstos en los artículos 157 y 158, será castigado por el simple hecho de la instigación, con una pena de la mitad a las dos terceras partes de la pena principal establecida para los mismos. Se considerará agravante especial que el inducido sea funcionario policial o encargado de la prevención, investigación o represión de actividades ilícitas, siempre que el delito fuere cometido a raíz o en ocasión del ejercicio de sus funciones, o en razón de su calidad de tal y que esta última circunstancia sea ostensible para el autor del delito”.







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