Los edificios públicos no se pueden ocupar

La ocupación por algunas horas del predio de ingreso a las oficinas de la Intendencia de Salto, por parte de un grupo de los sindicalistas del PIT CNT de Salto, generó la discusión sobre la legalidad de la medida y si el lugar donde se llevó a cabo la misma, al ser un bien público, no ameritaba ser desocupado mediante el uso de la fuerza.
Un decreto de la Presidencia de la República, zanja el asunto. El primer gobierno del Frente Amplio, primero habilitó a los trabajadores de todos los sectores a ocupar sus lugares de trabajo, como medida de extensión del derecho de huelga, pero años después, por la escalada de conflictividad que acompasaba los cambios suscitados en el mundo de las relaciones laborales se inclinó la balanza a favor de los trabajadores privados y se inhabilitó a los empleados públicos a ocupar sus lugares de trabajo.
Esta medida, dejó en off side a los funcionarios estatales, ya que a éstos sí se los puede desalojar por la fuerza, por la naturaleza del lugar donde se está llevando a cabo la medida, la que según los redactores del decreto, son espacios donde se cumplen una serie de derechos fundamentales para el ciudadano, los que no pueden ser impedidos por un conflicto sindical.
Así las cosas, el desalojo a la ocupación de los trabajadores el pasado martes al predio de ingreso a la Intendencia de Salto, fue ordenada por el Ministerio de Trabajo con la promesa de mediar en el conflicto, quienes se retiraron en forma pacífica. Aunque de no hacerlo, la Policía estaba habilitada para desalojarlos.
IDAS Y VENIDAS
El artículo 57 de la Constitución de la República, consagra el derecho gremial de los trabajadores y por consiguiente establece el derecho de huelga, como una medida legítima. La norma de rango constitucional, no deja dudas de que la aplicación de una medida de huelga debe ser respetada y no prohibida.
Pero hay más. Según las distintas interpretaciones doctrinarias la ocupación de los lugares de trabajo, esto es la permanencia en dichos lugares sin cumplir tareas, apoderándose del espacio físico por parte de los trabajadores en conflicto, es aceptado como una extensión del derecho de huelga.
Aunque el mismo tiene ciertos requisitos, como la prohibición de alterar el lugar, causar daños y apropiarse de los medios de producción con la finalidad de generar beneficios para los ocupantes.
Hasta el año 2006, los lugares que eran ocupados por los trabajadores en conflicto podían ser desalojados por las patronales y autoridades estatales según el caso, con el empleo de la fuerza pública. Pero entre los primeros cambios, se sancionó el decreto Nº156/2006, que anuló el desalojo de los lugares de trabajo, reconociendo a la ocupación como extensión del derecho de huelga.
Aunque en 2010, luego de sufrir una escalada de ocupaciones, tomó la postura de que esa medida no es válida para lo los edificios públicos, los cuales no podrán ser ocupados, porque menoscabarían el cumplimiento de derechos fundamentales de los ciudadanos, como el de servirse de la administración pública. Por lo tanto, los sindicalistas salteños que ocuparon el predio de ingreso a la Intendencia de Salto el pasado martes, podían haber sido desalojados por la fuerza pública.

La ocupación por algunas horas del predio de ingreso a las oficinas de la

Hugo Lemos

Hugo Lemos

Intendencia de Salto, por parte de un grupo de los sindicalistas del PIT CNT de Salto, generó la discusión sobre la legalidad de la medida y si el lugar donde se llevó a cabo la misma, al ser un bien público, no ameritaba ser desocupado mediante el uso de la fuerza.

Un decreto de la Presidencia de la República, zanja el asunto. El primer gobierno del Frente Amplio, primero habilitó a los trabajadores de todos los sectores a ocupar sus lugares de trabajo, como medida de extensión del derecho de huelga, pero años después, por la escalada de conflictividad que acompasaba los cambios suscitados en el mundo de las relaciones laborales se inclinó la balanza a favor de los trabajadores privados y se inhabilitó a los empleados públicos a ocupar sus lugares de trabajo.

Esta medida, dejó en off side a los funcionarios estatales, ya que a éstos sí se los puede desalojar por la fuerza, por la naturaleza del lugar donde se está llevando a cabo la medida, la que según los redactores del decreto, son espacios donde se cumplen una serie de derechos fundamentales para el ciudadano, los que no pueden ser impedidos por un conflicto sindical.

Así las cosas, el desalojo a la ocupación de los trabajadores el pasado martes al predio de ingreso a la Intendencia de Salto, fue ordenada por el Ministerio de Trabajo con la promesa de mediar en el conflicto, quienes se retiraron en forma pacífica. Aunque de no hacerlo, la Policía estaba habilitada para desalojarlos.

IDAS Y VENIDAS

El artículo 57 de la Constitución de la República, consagra el derecho gremial de los trabajadores y por consiguiente establece el derecho de huelga, como una medida legítima. La norma de rango constitucional, no deja dudas de que la aplicación de una medida de huelga debe ser respetada y no prohibida.

Pero hay más. Según las distintas interpretaciones doctrinarias la ocupación de los lugares de trabajo, esto es la permanencia en dichos lugares sin cumplir tareas, apoderándose del espacio físico por parte de los trabajadores en conflicto, es aceptado como una extensión del derecho de huelga.

Aunque el mismo tiene ciertos requisitos, como la prohibición de alterar el lugar, causar daños y apropiarse de los medios de producción con la finalidad de generar beneficios para los ocupantes.

Hasta el año 2006, los lugares que eran ocupados por los trabajadores en conflicto podían ser desalojados por las patronales y autoridades estatales según el caso, con el empleo de la fuerza pública. Pero entre los primeros cambios, se sancionó el decreto Nº156/2006, que anuló el desalojo de los lugares de trabajo, reconociendo a la ocupación como extensión del derecho de huelga.

Aunque en 2010, luego de sufrir una escalada de ocupaciones, tomó la postura de que esa medida no es válida para lo los edificios públicos, los cuales no podrán ser ocupados, porque menoscabarían el cumplimiento de derechos fundamentales de los ciudadanos, como el de servirse de la administración pública. Por lo tanto, los sindicalistas salteños que ocuparon el predio de ingreso a la Intendencia de Salto el pasado martes, podían haber sido desalojados por la fuerza pública.







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