Los jueces también tienen un límite

Las recusaciones de último momento a algunos magistrados de nuestro medio han dejado en evidencia la molestia de los operadores del sistema, quienes aducen en reiteradas oportunidades que las falencias que poseen los mismos en su accionar, generan una alteración de las reglas del debido proceso.
Por lo cual, en los últimos tiempos se viene planteando en el ámbito forense local, si el apego al normativismo y al reglamentarismo exacerbado al momento de actuar por parte de los magistrados, sobre todo en los casos penales, donde deben apelar a las reglas de la sana crítica para dilucidar los medios probatorios, no terminan generando una actuación desequilibrada y por lo general, fuera de la realidad.
Al menos esto es lo que proponen los operadores del sistema, los que señalan cierta connivencia entre los jueces y los fiscales en materia penal, por su afinidad funcionarial, mientras que muchos abogados hacen saber que el fiscal es una de las partes y su condición de funcionario público, muchas veces puede confundir los roles en desmedro del operador privado.
Por esa razón es que hoy traemos a colación, cuáles son las facultades del tribunal, según lo que establece el artículo 24 y siguientes del Código General del Proceso (CGP).
LÍMITE DE LOS JUECES
El artículo 24 del CGP sostiene que las facultades del Tribunal son: las de 1)  rechazar in límine la demanda cuando fuere manifiestamente improponible, (…). 2) Para relevar de oficio las excepciones (…). 3) Para dar al proceso el trámite que legalmente corresponda (…) cuando el requerido aparezca equivocado. 4) Para ordenar las diligencias necesarias al esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. 5) Para disponer en cualquier momento la presencia de los testigos, de los peritos y de las partes, (…). 6) Para rechazar las pruebas inadmisibles, así como las manifiestamente inconducentes e impertinentes. 7) Para rechazar in límine los incidentes que reiteren otros ya propuestos por la misma causa (…). 8) Para rechazar in límine la intervención de terceros (…). 9) Para declarar de oficio y de plano las nulidades absolutas e insubsanables (…). 10) Para imponer a los procuradores y abogados sanciones (…). 11) Para dirigir el proceso y aplicar las sanciones que correspondan a quienes obstaculicen indebidamente su desarrollo u observen conducta incompatible con el decoro y dignidad de la justicia.
Entre sus deberes, la ley dice que el tribunal “no podrá dejar de fallar en caso de oscuridad, insuficiencia o vacío de la ley (…). 25.2 El tribunal deberá emplear las facultades y poderes que le concede este Código para la dirección del proceso y la averiguación de la verdad de los hechos (…).
Además establece la Responsabilidad del tribunal, en los casos en que haya: 1) Demoras injustificadas en proveer. 2) Proceder con dolo o fraude. 3) Sentenciar cometiendo error inexcusable.
Pero en ningún momento habla de que el magistrado puede no dar traslado del dictamen fiscal a las partes en presumario, para que la defensa no conozca la opinión del Ministerio Público y recién pueda verlo en el auto de procesamiento. Esto habla de la connivencia tácita entre el juez (funcionario del Poder Judicial) y el fiscal (funcionario del Poder Ejecutivo). Y eso debilita las garantías de un justiciable y empeora la condición del sistema, al que hay reformar.
Las recusaciones de último momento a algunos magistrados de nuestro medio han dejado en evidencia la molestia de los operadores del sistema, quienes aducen en reiteradas oportunidades que las falencias que poseen los mismos en su accionar, generan una alteración de las reglas del debido proceso.
Por lo cual, en los últimos tiempos se viene planteando en el ámbito forense local, si el apego al normativismo y al reglamentarismo exacerbado al momento de actuar por parte de los magistrados, sobre todo en los casos penales, donde deben apelar a las reglas de la sana crítica para dilucidar los medios probatorios, no terminan generando una actuación desequilibrada y por lo general, fuera de la realidad.
Al menos esto es lo que proponen los operadores del sistema, los que señalan cierta connivencia entre los jueces y los fiscales en materia penal, por su afinidad funcionarial, mientras que muchos abogados hacen saber que el fiscal es una de las partes y su condición de funcionario público, muchas veces puede confundir los roles en desmedro del operador privado.
Por esa razón es que hoy traemos a colación, cuáles son las facultades del tribunal, según lo que establece el artículo 24 y siguientes del Código General del Proceso (CGP).
LÍMITE DE LOS JUECES
El artículo 24 del CGP sostiene que las facultades del Tribunal son: las de 1)  rechazar in límine la demanda cuando fuere manifiestamente improponible, (…). 2) Para relevar de oficio las excepciones (…). 3) Para dar al proceso el trámite que legalmente corresponda (…) cuando el requerido aparezca equivocado. 4) Para ordenar las diligencias necesarias al esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. 5) Para disponer en cualquier momento la presencia de los testigos, de los peritos y de las partes, (…). 6) Para rechazar las pruebas inadmisibles, así como las manifiestamente inconducentes e impertinentes. 7) Para rechazar in límine los incidentes que reiteren otros ya propuestos por la misma causa (…). 8) Para rechazar in límine la intervención de terceros (…). 9) Para declarar de oficio y de plano las nulidades absolutas e insubsanables (…). 10) Para imponer a los procuradores y abogados sanciones (…). 11) Para dirigir el proceso y aplicar las sanciones que correspondan a quienes obstaculicen indebidamente su desarrollo u observen conducta incompatible con el decoro y dignidad de la justicia.
Entre sus deberes, la ley dice que el tribunal “no podrá dejar de fallar en caso de oscuridad, insuficiencia o vacío de la ley (…). 25.2 El tribunal deberá emplear las facultades y poderes que le concede este Código para la dirección del proceso y la averiguación de la verdad de los hechos (…).
Además establece la Responsabilidad del tribunal, en los casos en que haya: 1) Demoras injustificadas en proveer. 2) Proceder con dolo o fraude. 3) Sentenciar cometiendo error inexcusable.
Pero en ningún momento habla de que el magistrado puede no dar traslado del dictamen fiscal a las partes en presumario, para que la defensa no conozca la opinión del Ministerio Público y recién pueda verlo en el auto de procesamiento. Esto habla de la connivencia tácita entre el juez (funcionario del Poder Judicial) y el fiscal (funcionario del Poder Ejecutivo). Y eso debilita las garantías de un justiciable y empeora la condición del sistema, al que hay reformar.






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