Nueva norma prorroga vigencia de formas de pago para determinados bienes tal como establecía la ley Nº19.210

Todavía recuerdo una charla final del curso Economía para Periodistas, que tuve el privilegio de hacer en el año 2011 en la Universidad Católica. La misma estuvo a cargo del entonces ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, célebre después por el caso Pluna y los 14 millones de dólares a López Mena.
En esa instancia, Lorenzo nos comentó que venía de hacer una gira por cuatro países en los que había participado de distintas reuniones oficiales y que en el único lugar donde había necesitado dinero en efectivo para comprar bienes y contratar servicios, había sido en Uruguay.
“Y eso tenemos que cambiarlo, necesariamente porque el mundo de la compra con tarjeta que es el dinero electrónico ya es una realidad en el mundo y nosotros no podemos quedarnos atrás”, nos dijo el entonces ministro en una fría mañana de junio hace ya 5 años.
Por eso la Ley Nº19.210, del año 2014, conocida como ley de Inclusión Financiera tuvo como espíritu generar nuevas condiciones para las transacciones entre los particulares, fomentar el uso del dinero electrónico y la bancarización de los pagos. Pero pasa el tiempo y sigue habiendo inconvenientes que aún no han podido ser subsanados y la ley madre, ha tenido una serie de modificaciones en muchos aspectos.
En ese sentido, la ley Nº19.398 de reciente aprobación sigue buscando solucionar algunos vacíos que dejó la ley de inclusión financiera. En ese sentido, la norma en cuestión prorroga la entrada en vigencia del inciso 1 del art. 35, 36, 40 y 41 de la ley 19.210 del 2014, hasta el 31 de diciembre del 2016.
El artículo 35 dice que hasta la vigencia de la presente ley (1º de enero 2017), no podrá abonarse con efectivo el precio de toda operación de enajenación de bienes o prestación de servicios cuyo importe total sea igual o superior al equivalente a 40.000 UI (cuarenta mil unidades indexadas, unos 137.600 pesos), en la que al menos una de las partes de la relación sea una persona jurídica o persona física que actúe en calidad de titular de una empresa unipersonal, socio de una sociedad de hecho, sociedad irregular, sociedad civil o similar. Se entenderá por efectivo el papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.
El Artículo 36 dice que “(…) el pago del precio de toda operación de enajenación de bienes o prestación de servicios cuyo importe total sea igual o superior al equivalente a 160.000 UI (ciento sesenta mil unidades indexadas, unos 550.400 pesos), cualesquiera sean los sujetos contratantes, solo podrá realizarse a través de medios de pago electrónicos o cheques diferidos cruzados no a la orden.
Los artículos restantes, el 40 y el 41 de la presente ley cuya entrada en vigencia se pospone, lo que establecen son el pago del precio en dinero de toda transmisión de derechos sobre bienes inmuebles a través de cualquier negocio jurídico que constituya título hábil para transmitir el dominio y los derechos reales menores, así como el de las cesiones de promesas de enajenación, de derechos hereditarios y de derechos posesorios sobre bienes inmuebles, cuyo importe total supere el equivalente a 40.000 UI (cuarenta mil unidades indexadas), deberá cumplirse a través de medios de pago electrónicos, cheques certificados cruzados no a la orden o letras de cambio cruzadas emitidas por una institución de intermediación financiera a nombre del comprador.
Y el artículo 41 establece el pago del precio en dinero en las adquisiciones de vehículos motorizados, cero kilómetro o usados, cuyo importe total supere las 40.000 UI (cuarenta
mil unidades indexadas), deberá cumplirse a través de medios de pago electrónicos, cheques certificados cruzados no a la orden, cheques diferidos cruzados no a la orden o letras de cambio cruzadas emitidas por una institución de intermediación financiera a nombre del comprador.

HUGO LEMOS







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