Penalización de la interrupción de la tarea para los funcionarios públicos

hugo lemos

Hugo Lemos

Si viviéramos en un régimen reglamentarista, que cumpliera a rajatabla todas las disposiciones legales que se encuentran vigentes entre los códigos, los reglamentos, los decretos y todo el universo de leyes que han sido aprobadas por el parlamento nacional en el correr de los últimos tiempos, viviríamos en un caos legal, donde los conflictos pulularían en función de que hay muchas leyes que otorgan derechos contrapuestos a unos y otros grupos intereses, ya que en la mayoría de los casos se han olvidado de derogarlos al votar una ley que contradice la anterior.
Menos mal que hasta ahora ha primado la cordura y evitamos el derramamiento de sangre, donde además de la normativa vigente, las mismas se apoyan en fundamentos y principios del derecho, lo que determina que la acción aplicada tenga respaldo y no pueda ser fácilmente rebatida.
Me refiero a que por ejemplo el otro día, hablando del proyecto de ley de presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento y que tantos líos en distintos ámbitos viene causando, mientras charlaba con un reconocido abogado que visitaba ocasionalmente Salto, sobre el impacto que tendrá la aprobación del articulado que refiere al acceso de los medicamentos de alto costo entre la población en el caso de que no haya mayores problemas, el jurista, muy de izquierda él, me decía que le “dolían” ese tipo de pensamientos que se plasmaban en una ley y que olvidaba el espíritu protector, garantista y hasta paternalista que tenía desde el génesis dogmático la izquierda en todo el mundo.
Y como ejemplo me trajo a colación algo que me dejó perplejo. Me dijo: “¿sabía usted que la huelga de los funcionarios públicos es considerada un delito en el Uruguay? Está en el Código Penal, búsquelo, va a ver. Por suerte priman los principios constitucionales y las leyes que han sido sancionadas han ido en esa dirección, sino caeríamos en una dictadura”, comentó.
En definitiva busqué y encontré el artículo que va a contrapelo de todos los preceptos constitucionales y legales que regulan el derecho a la huelga en nuestro país y que protegen además, esta práctica y sus extensiones como brazos ejecutores de la medida de presión para alcanzar acuerdos en el mundo de las relaciones laborales.
TEXTO EXPRESO
En ese sentido, el artículo 165 del Código Penal, que está ubicado entre los Delitos contra la Administración Pública dice: (Abandono colectivo de funciones y servicios públicos de necesidad o utilidad pública). “Los funcionarios públicos que abandonaren colectivamente la función, en número no menor de cinco, con menoscabo de su continuidad o regularidad, serán castigados con pena de tres a dieciocho meses de prisión”.
Es decir, el referido código señala que en el caso que los funcionarios públicos abandonen su tarea en forma colectiva afectando la continuidad de la labor (paros por 24 horas o parciales por ejemplo) o su regularidad, es decir paros semanales, cada dos días o por tiempo indeterminado, los trabajadores del Estado serán sancionados penalmente con el tiempo previsto en el referido artículo.
Esta norma, va a contrapelo con todas las disposiciones nacionales que garantizan a la medida de huelga como un derecho indiscutible que tiene el trabajador para hacer valer sus reclamos.
Y ese respaldo legal va desde la Constitución de la República hasta una ley que refuerza ese concepto y es la Nº17.940 de Promoción y Protección de la Libertad Sindical.
Ahora la pregunta surge, si habiendo una huelga de los funcionarios públicos y se vieran suspendidos los servicios como ya ha pasado, y a un Fiscal o a un Juez Penal se les ocurre actuar de oficio, o a un ciudadano enojado con la interrupción del servicio, se le da por presentar una denuncia penal invocando esta norma ¿qué hace el juez?
Seguramente habrá argumentos legales de sobra como las disposiciones constitucionales y legales antes mencionadas, para que un magistrado no aplique ese artículo del Código Penal. Pero que esta situación genera rispideces, dolores de cabeza y una yuxtaposición de normas legales vigentes que son contrapuestas entre sí, dando lugar a un mamarracho jurídico del que nadie ha advertido hasta ahora, es así. Ojalá haya madurez suficiente como para tomar cartas en el asunto y derogar el artículo 165 del Código Penal que en los tiempos que corren, su vigencia es una vergüenza.







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