¿Qué seguridad nos dan los operativos policiales?

Luego del lamentable episodio donde un grupo de funcionarios policiales reprendieron con balines de goma y por la espalda a un motonetista que eludió un control policial, del llamado “Operativo Relámpago Negro” que implementaron las nuevas autoridades para poder capturar motos que fueron robadas, la discusión pública no tuvo fin, pero no se puede opinar por opinar, sino que se debe conocer cuáles son los límites que puede tener un efectivo policial para su actuación en estos casos y a su vez, cuáles son los derechos que tiene un ciudadano para defenderse de lo que puede ser una agresión.
Si bien los operativos policiales deben cumplirse y los ciudadanos estamos sometidos a las leyes, y los mismos están amparados y previstos en la legislación vigente, y en ese sentido, cuando un policía exige que el ciudadano se detenga para cumplir con un procedimiento de rutina, éste debe acatar el mismo o de lo contrario puede entrar en la comisión de una falta y llegado el caso de un delito como el desacato, aunque es discutible en qué momento entra el agente en ese tipo penal, la Policía no puede actuar a discreción y debe obrar con determinada cautela.
Así lo establece la propia ley de procedimiento policial, Nº 18.315, sancionada en el año 2008 donde en el artículo 18, sostiene “Principios que rigen el uso de la fuerza” y dice: “El uso de la fuerza, incluyendo los distintos tipos de armas, debe ser moderado, racional, progresivo y proporcional, considerando el riesgo a enfrentar y el objetivo legítimo que se persiga”. En el procedimiento de marras bastó para que el joven se asustara y quisiera eludir el control para que se le disparara con municiones que le causaron lesiones en el cuerpo, cuando el mismo iba de espalda, sin armas y con la matrícula visiblemente en el vehículo por lo cual se lo podía seguir y/o tratar de encontrar su domicilio por los datos que surjan de sus características.
A su vez el artículo 20 de la misma ley, señala que “la Policía hará uso de la fuerza legítima para cumplir con sus cometidos cuando: (…) D) No puedan inmovilizarse o detenerse de otra forma los vehículos u otros medios de transporte, cuyos conductores no obedecieren la orden de detenerse dada por un policía uniformado o de particular debidamente identificado (…), pero el artículo 21 admite que “en las circunstancias establecidas en los artículos precedentes, el personal policial se identificará como tal y dará una clara advertencia de su intención de emplear la fuerza, con tiempo suficiente para que los involucrados depongan su actitud, salvo que exista inminente peligro para su vida o integridad física o para la de terceras personas”.
Que no era este el caso, porque ni les dieron tiempo de avisarles que les aplicarían el uso de la fuerza, ni los motonetistas representaban peligro, ya que iban con termo y mate y a una velcidad propia de una moto que subía una cuesta primero y arrancaba una recta después.
Si bien la ley de procedimiento policial sostiene que el artículo 141, establece que “la Policía puede realizar los controles, registros y detención de vehículos, en cumplimiento de sus funciones
de prevención, como encargada de hacer cumplir la ley y como auxiliar de la Justicia”; el artículo 152 impone que “la Policía procurará, en todos los casos, advertir al conductor del vehículo que se pretende detener para que el mismo pueda tener adecuado conocimiento de la condición de policía del personal actuante”, algo que queda en dudas por las características del procedimiento.
Y remato mi opinión sobre este asunto con lo que establece el artículo 153, siempre mencionando como única fuente la ley de procedimiento policial vigente, que dice que “en el momento de disponerse a la persecución de un vehículo, es indispensable que la Policía se asegure que el mismo está requerido o que existen datos fidedignos de que el mismo ha participado en un hecho delictivo”, algo que (reiteramos) podía corroborarse con la copia de los datos que lucían en la chapa matrícula.

HUGO LEMOS